Como suelen hacer los cientistas sociales, vamos a suponer algo –un escenario- con el fin de hacer un ejercicio académico que tiene la franca pretensión de incitar al debate y, sobre todo, al posicionamiento político de todo aquel que se sienta aludido o interesado por el tema. Supongamos que:
1. Se avanza diligentemente en los temas de la agenda del así llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
2. Se llega al tercer tema “Fin del conflicto” y se discute el segundo punto referente a la “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses”.
3. Se obtiene un acuerdo general en este tema: las FARC-EP dejan las armas y se reincorporan a la vida civil.
Hasta aquí los supuestos. Respecto a los supuestos de los numerales 1 y 2, es poco lo que hoy puede afirmarse con certeza, solo que se mantienen las “conversaciones directas e ininterrumpidas” y, al parecer, no se ha llegado al tercer tema. Así las cosas, el supuesto enunciado en el numeral 3 es solo un escenario factible que, no obstante, merece la discusión académica y política. Esto es lo que se propone en esta columna.
La “historia patria” es un recurso que ofrece elementos interesantes para el debate, a partir de lecciones aprendidas sobre los anteriores procesos de desmovilización. El Estado colombiano, si bien nunca ha tenido el monopolio absoluto del uso de la violencia legítima, ha sabido resolver -parcialmente- por vías negociadas, recurrentes enfrentamientos armados en donde grupos irregulares alzados en armas, en el postconflicto: se involucraron en la sociedad nacional como cualquier otra agrupación civil o como simples ciudadanos en ejercicio; mantuvieron su irregularidad en nuevos grupos ilegales; o terminaron incorporándose a las Fuerzas Militares del Estado. Esto sucedió tras el fin de las guerras civiles en el siglo XIX, las insurrecciones bolcheviques, la violencia bipartidista, las repúblicas independientes, entre otros episodios históricos.
Bajo estos precedentes, haciendo caso omiso a otros bemoles del proceso de paz, incorporemos a las Fuerzas Militares de Colombia como la institución más implicada. Hasta ahora, su participación institucional en el proceso de paz ha sido casi nula y por las declaraciones del alto mando militar y del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, no parecen muy complacidas con la idea de negociar, tras dos periodos presidenciales en los cuales no dejaron de sostener el discurso de la “derrota absoluta del terrorismo”, el “fin del fin”, la “postvictoria”… idea que tuvo su asidero en los notables golpes propinados a las FARC-EP en aquel entonces. Igualmente, es comprensible que las Fuerzas Armadas demuestren así su compromiso con el país y la firmeza de su misión institucional; no obstante, cabe hacerles una pregunta: ¿cuál sería su posición frente a los excombatientes tras una eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP?
La pregunta por la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tiene muchas aristas que van más allá del plano militar como el asunto de su inclusión en lo económico, lo social y lo político, para evitar los dos errores centrales de los procesos anteriores: dejar semillas para la próxima confrontación violenta y/o la incorporación disfuncional (delictiva) de los excombatientes a la sociedad. Frente a ello, una propuesta que se debe barajar en la mesa de negociaciones, al interior de la institución militar y en la sociedad entera, es la incorporación del grueso de la fuerza guerrillera al cuerpo de las Fuerzas Armadas del Estado, una opción que permitiría plantear una estrategia inédita de lucha contra el narcotráfico y las demás formas de criminalidad.
Y aunque esta es una única y expresa contribución a pedir para el proceso de paz a las Fuerzas Militares de Colombia, tal proposición exige de voluntad política, legalidad y confianza, exigencias cuasi-filosóficas abstractas que no dejan de parecer un planteamiento ingenuo y poco realista. Sin embargo, es un escenario factible que merece ser planteado, así demande un alto grado de madurez política de las partes para aceptar darle un chance al “enemigo”, una institucionalidad fuerte capaz de cumplir con los compromisos adquiridos y el respaldo social necesario para posicionar el proceso, requisitos extraños para un país conservador con aversión a asumir los riesgos necesarios para un cambio que sea plasmado en un acuerdo político para una paz duradera.
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