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Datos Personales

Colombia
Politólogo-Investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Relaciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos,Universidad Andina Simón Bolívar.

martes, 4 de marzo de 2014

ACCIONES EN SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE AL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA: Pasos para implementar una política pública

Publicado en: Observatorio de Bolivia No. 32, Programa de Fenomenología Política, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), disponible en: http://caei.com.ar/sites/default/files/obervatorio_de_bolivia.pdf 

En la fenomenología política boliviana del trimestre septiembre-noviembre de 2013 los temas de seguridad y defensa tuvieron una presencia especial que demanda una resignificación a la luz de las respuestas institucionales del gobierno de Evo Morales.

A manera de ejemplo, cabe traer a colación dos acontecimientos puntuales: primero, el 28 de septiembre de 2013 se produjo el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en el que se logró la desarticulación de una “narcopoblación” en la localidad de Iruni, provincia Sajama, departamento de Oruro, dedicada casi en su totalidad a la manufactura de la droga; segundo, el 19 de octubre -de acuerdo con declaraciones oficiales, controvertidas por los habitantes- al menos 100 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)  fueron  emboscados por al menos 50 cocaleros en Apolo, “resistencia armada” que dejó oficialmente 4 muertos, 13 heridos de bala y 15 policontusos, según el Ministerio de Gobierno. Esta fenomenología revela que el narcotráfico está emergiendo como un asunto de primer orden para la agenda de seguridad y defensa nacional.

Más allá de que el narcotráfico sea la actividad de producir y comercializar drogas ilícitas, se debe tener en cuenta que este “surge como una actividad productiva y mercantil de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesados fundamentalmente en la consecución del lucro personal”[1]. Esto significa que el narcotráfico tiene tres dimensiones fundamentales: el nexo con distintas formas de ilegalidad, lo cual lo convierte en un nicho de criminalidad asociada, afectando la seguridad de la ciudadanía; una proyección internacional, que lo incluye en una agenda regional y hemisférica de seguridad que involucra sobre todo las fronteras y la defensa nacional; y el ser una actividad capitalista muy rentable, ligada a una economía subterránea con alta capacidad de permear y transformar la cultura territorial y sus relaciones de poder. Frente a este problema, examinemos brevemente las acciones adelantadas por el gobierno boliviano durante el trimestre septiembre-noviembre de 2013 en relación a estas tres dimensiones desde la perspectiva de la seguridad y la defensa.

En primer lugar, el nexo del narcotráfico con distintas formas de ilegalidad hace que este se considere un problema de criminalidad con la capacidad suficiente de afectar el conjunto de la seguridad ciudadana. Hechos como la existencia de la “narcopoblación” en la localidad de Iruni, indican que el gobierno no tiene el control de la totalidad del territorio nacional ni el monopolio de la fuerza, y lo que es aún más grave, al parecer, no cuenta con estrategias policiales adecuadas para hacer frente a este tipo de contingencias, razón por la cual se ha empezado a considerar  que las Fuerzas Armadas deben empezar a “colaborar” en tareas de seguridad ciudadana para reforzar a la Policía como lo propuso el diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterios, al volver a presentar el proyecto de ley “Bolivia Segura”.

Así mismo, aunque aún no se ha identificado una relación entre el narcotráfico y el aumento de pandillas juveniles, la percepción de inseguridad que se está generando, puede convertirse en el caldo de cultivo para lineamientos de política de seguridad ciudadana de corte autoritario y violatorio de los derechos humanos como parecía configurarse en el proyecto “Ley de Lucha contra la Formación y Conformación de Pandillas” que planteaba sancionar a las pandillas juveniles, prohibir la circulación de grupos menores de edad a “altas horas de la noche” y además que los padres de hijos vinculados con grupos delincuenciales no pudieran ser candidatos o acceder a cargos públicos, generando polémica en juristas y en la oposición al ser visto como discriminatorio porque, según expertos en el tema, se estaría violentando la ley contra racismo.

La recomendación en relación al posible impacto del narcotráfico sobre la seguridad ciudadana boliviana es que ésta siga siendo un asunto de discusión democrática y diálogo social, cerrando el paso a vías autoritarias o a la monopolización del tema por parte de agentes especializados de la burocracia estatal. Lo anterior no significa desalentar las iniciativas en la materia, puesto que lo que se necesita es justamente propuestas frente a un problema emergente que exige respuestas efectivas desde la acción ciudadana y policial, desaconsejando la militarización del tema.

En segundo lugar, el narcotráfico tiene una proyección internacional, es un problema que viene de afuera de las fronteras y que por su misma lógica estructural debe ser atendido no solo por acciones a nivel nacional sino también a través de acuerdos de cooperación internacional con países vecinos y con capacidad de financiación de estrategias de control. Según declaraciones del propio Morales, hay deficiencias en la presencia estatal en ciertas fronteras, frente a lo cual anunció que se aumentará la presencia de militares en las mismas, además de asegurar que su Gobierno no aceptará que en Bolivia haya libre cultivo de hoja de coca y que continuarán las tareas de racionalización y erradicación de las plantaciones ilegales.

De igual forma, la dotación en defensa (la compra de 6 helicópteros Superpuma para la lucha antidroga, entre otros), los acuerdos de cooperación para la defensa con países como Bielorusia, el intercambio de información y el emprendimiento de proyectos de capacitación mutua sobre tareas de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y delitos de orden transnacional como se pactó con Uruguay, y la colaboración del Perú con Bolivia para capturar a responsables del atentado cocalero en la frontera, son acciones internacionales que permiten atender el problema desde una perspectiva amplia y eficaz.

En este sentido, se sugiere que el gobierno organice todo este tipo de acciones como parte de una estrategia de defensa nacional contra el problema del narcotráfico[2], manteniendo su propia lectura del problema, la cual dista de la visión hegemónica agenciada por los Estados Unidos. Aquí resulta fundamental mantener el respecto por la cultura ancestral indígena boliviana y recalcar usos alternativos de la hoja de coca como bien lo viene haciendo el presidente Morales, aunque, en la práctica, resulta difícil mantener el control absoluto sobre la producción y el uso de la coca al interior del país, reto que debe ser atendido desde una política pública integral que combine una intervención policial y socio-cultural.

En tercer lugar, el narcotráfico es una actividad capitalista muy rentable, que en casos como los de México y Colombia, han llegado a crear una cultura mafiosa que ha puesto en riesgo las instituciones sociales y políticas[3] así como también ha amenazado la supervivencia de la población. En el caso de Bolivia, las singularidades culturales y sociales, además de su ubicación geográfica, hasta ahora habían impedido que este negocio ilegal se reprodujera con la fuerza con que lo hizo en estos dos países. Sin embargo, Bolivia mantiene una debilidad estatal estructural y déficits de desarrollo a pesar de la mejoría en algunos de los indicadores sociales, situación que soporta problemas de la pobreza, sobre todo en las regiones productoras de hoja de coca en donde economías subterráneas ya han empezado a transformar la cultura territorial y a establecer nuevas relaciones de poder que podrían dar lugar a la organización de bandas narcotraficantes y al arraigamiento de esta práctica ilegal en el territorio boliviano.

De allí que seguir con los propósitos desarrollistas, la apuesta por el desarrollo alternativo, la generación de capacidades institucionales y sociales, la garantía de derechos sociales básicos y en general, el acompañamiento a las comunidades desde una perspectiva de seguridad humana que permita mantener la cultura ancestral boliviana, es vital para impedir que los valores del capitalismo criminal se incorporen en la cultura boliviana.

Todo lo anterior nos lleva a reconocer que el gobierno boliviano ha llevado a cabo un conjunto de acciones en seguridad y defensa frente al problema del narcotráfico en sus dimensiones delictivas vinculadas a la agenda de seguridad ciudadana, el plano internacional en relación a las fronteras y la defensa nacional, y en cuanto actividad económica ilegal desde estrategias de desarrollo alternativo. No obstante, aún no se cuenta con un referente de acción institucional, demostrando improvisación y falta de planeación, carencia que bien podría subsanarse creando una política pública integral de lucha contra el narcotráfico que tenga en cuenta no solo el ámbito de la seguridad y la defensa sino que considere todas las acciones institucionales conexas como pasos para una política pública institucionalizada frente a un problema emergente que demanda ser atendido a tiempo.


[1] García, V. y Pabón, N. “Algunos aspectos teóricos y conceptuales”, en: Vargas, A. (Ed.) El papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana 1985-2006, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25.
[2] Al respecto, las “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica 2025” muestran un importante avance de política pública que propone “proteger a la coca originaria y ancestral y luchar contra el narcotráfico”, incluyendo la estrategia Bolivia frente al Narcotráfico, integrada por 14 programas. Disponible en: http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/planificacion/directrices2025/Directrices-age-patriotica-final.pdf
[3] Una alarma frente a esto fue la detención del encargado de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, Luis Cutipa, por denuncias de un supuesto desvío ilegal de más de 35.000 toneladas de la hoja incautada.

martes, 14 de enero de 2014

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN BOLIVIA: Una ventana de oportunidad para afianzar el modelo de desarrollo integral


Publicado en: Observatorio de Bolivia No. 31, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), en: http://caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_invierno_2013.pdf

La cooperación internacional para el desarrollo se encuentra constituida por un conjunto de acciones provenientes de distintos actores que convergen en una intervención acordada sobre un campo de interés común. Para un país con las características de Bolivia, respecto al cual baste decir que presenta una sociedad con presencia de déficit de desarrollo pero a su vez con un gobierno progresista que se encuentra adelantando políticas que aspiran a lograr un cambio estructural, la cooperación representa un valioso instrumento para apalancar estrategias que hacen parte de su propio modelo de desarrollo.

Pero para que la cooperación internacional para el desarrollo en Bolivia sea una verdadera herramienta complementaria para afianzar el modelo de desarrollo endógeno impulsado por Evo Morales, es preciso contar con una lectura del significado de ésta en el actual orden internacional. Con base en lo anterior, es posible identificar cómo se ha venido presentado la cooperación internacional para el desarrollo en la fenomenología del trimestre comprendido entre junio y agosto de 2013, con el fin de evaluar y exponer algunas recomendaciones de orientación de la política exterior boliviana en la materia.

Respecto a la cooperación para el desarrollo, un trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia (Madrigal et al., 2009), al presentar algunos de sus aspectos generales, señaló que la idea sustancial de ésta es “la convergencia para lograr una mejor situación de los países menos desarrollados”, siendo requisito la existencia de motivaciones comunes que fundamenten acciones “bajo la idea de un beneficio mutuo y a la vez que compartan un mismo horizonte de sentido sobre el desarrollo”, aunque en la práctica histórica la cooperación para el desarrollo “ha sido concebida más como una ayuda que como un verdadero proyecto para acortar la distancia”[1] en la relación entre dotantes y receptores.

El mismo trabajo apunta cómo el origen de la cooperación para el desarrollo se ubica en la segunda postguerra, propio del contexto de la confrontación de bloques en el orden bipolar, siendo discursivamente “una iniciativa voluntaria y generosa” cuyo trasfondo real fue, especialmente para el caso latinoamericano, su uso como instrumento para atraer países a una de las dos áreas de influencia. Aunque esta lectura correspondía mejor a la época de la Guerra Fría, para el gobierno boliviano se mantiene vigente para el caso de los Estados Unidos, potencia de la que Bolivia ha tomado distancia, aprovechando las oportunidades del orden internacional multilateral.

Sin perder de vista estos antecedentes, la coyuntura de la política exterior y de defensa del gobierno de Evo Morales, viene mostrando una activa utilización de la cooperación internacional para el desarrollo a través de disímiles actores que abarca Estados, instituciones financieras internacionales (IFI), agencias especializadas (ONU) y bloques de integración en distintos campos de cooperación. Justamente, la presencia de esta realidad se verifica y destaca en la fenomenología correspondiente al trimestre junio-agosto de 2013, la cual atenderá aquellos actores y campos de cooperación internacional para el desarrollo aprovechados por Bolivia.

En primer lugar, fruto de una activa política de intensificación de relaciones bilaterales, el gobierno boliviano ha suscrito un conjunto de convenios de cooperación con distintos estados en el mundo entero. Con estos actores se ha priorizado la cooperación en seguridad y defensa, la cooperación para el desarrollo de la industria, el intercambio de experiencias exitosas y de políticas públicas. Se debe subrayar los alcances de la cooperación en seguridad y defensa en tanto ésta tiene un amplio campo de aplicación (seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, migración, la trata de personas, etc.) que ha dotado al Estado de una institucionalidad de la que carecía, a través de alianzas con países desarrollados (Rusia para la dotación en defensa y China para la seguridad pública) y de la región (seguridad fronteriza).

En segundo lugar, las instituciones financieras internacionales (IFI) parecen estar superando la distancia y el límite impuesto por la ideología del socialismo del siglo XXI que las sancionaba como las culpables de la situación de subdesarrollo de los países de la periferia capitalista. Contrariamente, la Bolivia de hoy está suscribiendo acuerdos de cooperación para financiar el desarrollo de la infraestructura, saneamiento básico y para la industrialización de productos andinos. Instituciones como el Banco Mundial (BM), CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), han sido entes cooperantes a través de la entrega de préstamos o recursos reembolsables y no reembolsables con niveles mínimos de condicionalidad.

Como una muestra de este tipo de cooperación financiera en el trimestre analizado, se ubica un importante acuerdo de entendimiento entre el gobierno de Bolivia y el Banco Mundial (BM), a través de su presidente Jim Yong Kim, bajo el que el organismo comprometió un crédito de hasta 150 millones de dólares para financiar proyectos productivos en Bolivia el próximo año. De igual manera, el gerente del Sector de Política Económica en América Latina del Banco Mundial (BM), Auguste Kouamé, comprometió el apoyo económico de ese organismo para erradicar la extrema pobreza en Bolivia hasta el 2025, una de las metas inscritas en la Agenda Patriótica del Bicentenario, lo cual indica que el gobierno es quien decide sobre qué campos o temas recibe la cooperación como mecanismo de financiamiento de su propio modelo de desarrollo. No obstante, la recomendación es aprovechar al máximo este tipo de financiación “sembrando la cooperación” en proyectos sostenibles y no depender exclusivamente de este tipo de recursos sino en lo posible buscar recursos propios y fuentes complementarias.

Un tercer actor son las agencias especializadas de la ONU quienes por el perfil socio-económico del país, siempre han hecho presencia en el país andino. Aunque no se cuente con un estudio sobre su aporte al mejoramiento de los indicadores para medir la pobreza y el desarrollo, se conjetura que los programas y proyectos de estas agencias especializadas son en parte responsables de algunos logros. Respecto a esto último, un total de 860.448 bolivianos abandonaron la extrema pobreza en los últimos once años (2001-2012), indicador revelado por Álvaro García Linera, basado en los registros del INE y de la Udape. Así, en términos porcentuales, la reducción de la extrema pobreza fue de 17,19%, al pasar del 38,80% (3.210.438 personas) en 2001 a 21,61% (2.349.990 personas) el año pasado.

El elemento diferencial del gobierno de Morales es la preocupación por vincular la cooperación técnica que ofrecen estas agencias a las metas de su modelo de desarrollo. Lo anterior se facilita por la coincidencia entre la concepción del desarrollo del proyecto político indigenista y el enfoque de desarrollo humano de la ONU, los cuales, aunque puedan discrepar, tienen puntos de encuentros en materia de derechos humanos y políticas públicas desde la generación de capacidades, como lo vienen haciendo en los campos de la salud, la educación y el desarrollo rural a través de las agencias especializadas competentes.

Un cuarto y último actor  son los bloques de integración a los que pertenece Bolivia y, por otro lado, el bloque estratégico de la Unión Europea (UE). Mientras que la CAN y el MERCOSUR constituyen plataformas de integración y cooperación técnica para temas derivados del comercio intrarregional y para facilitar la explotación de recursos minero-energéticos (v.g. el caso del gas con la cooperación con Argentina y Uruguay), bloques más “políticos” como el ALBA y la UNASUR ofrecen la posibilidad de fortalecer capacidades para el desarrollo vía realización de cumbres, foros y encuentros, constituyendo espacios en donde se producen importantes líneas de orientación política e ideológica que el gobierno izquierdista bien puede aprovechar para mantener la legitimidad interna y el respaldo internacional del régimen político como quedó demostrado con las muestras de solidaridad tras la negación del sobrevuelo del avión presidencial cuando retornaba de Rusia a Bolivia por parte de las autoridades de Francia, Portugal e Italia.

Mención aparte merece la Unión Europea (UE), cuyo apoyo al desarrollo es de vital importancia para el gobierno dada la amplitud de campos de cooperación y el significado político de su respaldo para hacer contrapeso al desplazamiento de la potencia estadounidense, en particular por sus recursos para la lucha antidroga, cooperación que se anunció fortalecer con 33,3 millones de dólares, más de 25.000.000 euros. Justamente, el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot, precisó que ese organismo internacional cooperó a Bolivia con cerca de 320 millones de dólares en siete años, ayuda económica que aumentará en 17%, pasando de 241 millones de euros (cerca de $us 321,86 millones) a 281 millones de euros ($us 375,28 millones) para el periodo 2014-2020, según anunció Andris Piebalgs, Comisario de la Unión Europea para la Cooperación al Desarrollo. 

Para finalizar, se colige que la cooperación internacional para el desarrollo en la Bolivia de Morales es un componente vital de la política exterior y de defensa del gobierno y constituye una ventana de oportunidad única para afianzar un modelo de desarrollo integral boliviano. La riqueza de actores cooperantes y de campos de aplicación evidencia que el activismo exterior del gobierno ha dado resultado.

Sin embargo, la cooperación no puede de ninguna manera alejarse de la concepción de desarrollo propio y de la meta fijada en consolidar el cambio estructural, razón por la cual se debe insistir en el mejoramiento de las capacidades técnico-políticas de la institucionalidad pública para que se desarrolle un sentido de defensa del interés nacional que continúe agenciando el desarrollo.

De igual manera, los referentes de cambio -tan en boga en el gobierno y en la sociedad boliviana- deben contribuir a superar la visión cortoplacista y anodina frente a las potencialidades del país, puesto que “Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica”. Se debe ir más allá, incluso diseñar una estrategia para que Bolivia no solo sea un país receptor de la cooperación internacional para el desarrollo sino también otro actor cooperante (a través de sus experiencias en microcrédito, el modelo de inclusión, el esquema de diversificación productiva en las zonas tradicionalmente cocaleras, la investigación en alimentos endógenos, la justicia indígena, etc.) con un perfil internacional propio y con toda la capacidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI.




[1] Madrigal, Alexander et al., “LA AGENDA GLOBAL CONTRA EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, en Resultados de investigación semilleros 2008 No. 24, Semillero de Investigación Análisis de Problemas Estratégicos Contemporáneos en Relaciones Internacionales (APECRI), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2009, p. 226.

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