sábado, 3 de noviembre de 2012
martes, 9 de octubre de 2012
LOS DESAFIOS DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA PARA VENEZUELA EN EL PRÓXIMO PERIODO DE GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ: Críticas y propuestas para una política pública de izquierda
Hacia
la medianoche del 7 de octubre de 2012, las redes sociales comenzaron a difundir
miles de comentarios sobre los resultados de la histórica jornada electoral
venezolana. El triunfo del carismático presidente Hugo Chávez, paladín del
internacionalismo socialista latinoamericano, líder único de la revolución
bolivariana venezolana durante sus 14 años, suscitó las más variadas
valoraciones que van desde la adhesión acrítica, pasando por el apoyo con
reservas, hasta el rechazo y desprecio absoluto. Lo único cierto es que el
sistema democrático, basado en la voluntad de las mayorías, se pronunció
nuevamente declarando la permanencia de Chávez ahora hasta 2019.
Chávez
despierta pasiones contradictorias que, muchas veces, no dejan ver los asuntos
de la política venezolana y sus relaciones internacionales desde una
perspectiva abierta al debate de las ideas. En particular, los retos de la seguridad
y la defensa venezolana constituyen un sensible campo de análisis que se puede
prestar a lecturas maniqueas, signadas por tendencias ideológicas y
apreciaciones subjetivas, cosa que se puede evitar manteniendo una visión
crítica y propositiva.
La
seguridad pública de Venezuela, entendida aquí como la capacidad estatal de
garantizar la vida de sus ciudadanos y unas condiciones mínimas de estabilidad
social, es el campo que mayores problemas presenta a pesar de la revolucionaria
transformación de los indicadores sociales[1]
que refleja un triunfo sin precedentes. La percepción ciudadana de inseguridad[2] es
uno de los aspectos más acuciosos para el gobierno, reflejo de la carencia de
lo que se podría llamar una “visión de izquierda sobre la seguridad”,
planteamiento necesario en cualquier tipo de gobierno para el manejo de toda expresión
de ilegalidad que pueda afectar la convivencia y la vida humana.
Así
mismo, prospectivamente la estabilidad social puede llegar a verse amenazada
por el incremento de la violencia, la injusticia y la impunidad, a través de
fenómenos como la delincuencia común, el tráfico de armas y narcóticos, la
proliferación de pandillas y crimen organizado, los motines carcelarios, sabotajes
a la producción económica… los cuales hacen presencia en la realidad venezolana.
Por ello, éstos problemas de seguridad deben recibir una respuesta institucional
desde la Guardia Nacional Bolivariana (no militar) desde una perspectiva
democrática (con el acompañamiento de la comunidad) y de respeto de los
Derechos Humanos (de carácter no represivo), aprovechando los avances en la
generación de una cultura política participativa.
Por
otra parte, en lo referente al campo de la defensa, pensada como el
mantenimiento de los intereses nacionales ante posibles amenazas del exterior,
se mantiene la línea de continuidad que encuentra en los Estados Unidos la
principal “amenaza externa”, con el correlato del fantasma golpista (enemigo
interno), lo cual sustenta una política exterior realista de búsqueda de
equilibrio de poder y preparación para enfrentar una guerra asimétrica, a
través del mantenimiento de alianzas geoestratégicas con supuestos opositores
del imperialismo (vg. Rusia. Iran o China), participación en espacios
regionales como el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), el respaldo de los
países del ALBA y acuerdos paralelos con otros países de la región. Tal lectura
reduccionista de la defensa de la revolución, descuida asuntos como los fronterizos, cuyo caso emblemático es la
frontera colombiana como escenario de movilización de tráficos ilegales y de
actores criminales de distinta índole (paramilitares, delincuencia común,
guerrillas, contrabandistas, etc.).
Retomando
la idea del antimperialismo como idea central de la defensa, así parezca una
actitud paranoica de Chávez, el fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas
Armadas (en especial la Fuerza Aérea y Fuerza Naval) y la preocupación ante una
eventual invasión, responde a esa
percepción de amenaza que deja de lado la apuesta por la definición de un nuevo
rol (social) para las fuerzas armadas, bajo un carácter más democrático y menos
guerrerista de cara a las nuevas amenazas, perdiendo terreno ante un
fortalecimiento sobredimensionado de su poderío, aparejado con una doctrina de
bolivarianización y militarización de la sociedad (a través de las milicias
territoriales) que de no acompañarse por el debido control civil, puede llegar
a autonomizarse en el mediano plazo ante la posible falta (trágica) de un
gobierno que cuente con la suficiente legitimidad que le permita administrar un
país altamente polarizado.
Y
aunque no es objeto de este análisis reflexionar sobre los asuntos sociales,
políticos o económicos que Chávez y la revolución bolivariana tendrán que
enfrentar en esta nueva etapa, algunos indicadores señalan que de no apropiárselos
desde una perspectiva institucional, podrían convertirse en problemas de
seguridad. En lo social, si bien hay un inédito triunfo de las misiones y una
lucha frontal y directa contra la desigualdad, todavía falta terreno por
recorrer y se padece de una ausencia de
políticas públicas bien planificadas y de largo aliento, déficit institucional que
constituye una eventual bomba social; en lo político, los resultados
electorales mostraron una relativa pérdida de legitimidad en un amplio sector
de la sociedad venezolana que bien puede servir para incubar una mayor
polarización e ingobernabilidad; y en lo económico, no se demuestra un giro en la histórica dependencia petrolera
(economía monoexportadora) ni la
apertura hacia nuevos sectores productivos básicos, lo cual deja al país
expuesto a las variaciones del precio internacional del crudo. Además, debe
agregarse que esto no sería solo un problema de seguridad interna sino también de
seguridad regional, en especial para los países vecinos y sus aliados
regionales.
En
conclusión, los desafíos de la seguridad y la defensa para la Venezuela que
seguirá siendo gobernada por Hugo Chávez, son precisamente eso: desafíos
políticos, retos a asumir o luchas a enfrentar, como parte de la
institucionalización de la revolución socialista dentro de una nueva etapa para
el inédito proyecto político izquierdista. De su atención desde medidas de
política pública dependen dos posibilidades: el continuismo erosionador de la
legitimidad del proyecto político chavista o los ajustes y cambios necesarios
para institucionalizar las ideas revolucionarias.
Mientras
pasa el tiempo que juzgará sus resultados, el panorama asoma con preocupación
en el debilitado campo de la seguridad interna, a la vez que la defensa
demuestra una firmeza estratégica que descuida la democratización. Así, la
Venezuela bolivariana seguirá constituyendo un necesario faro de referencia
para el presente y el futuro de la política de la región latinoamericana.
Alexander Emilio Madrigal Garzón.
Politólogo Investigador
[1]
“Según la Cepal, la pobreza pasó de 47 por ciento en 1999 a 27,8 en 2010. Y la
pobreza extrema de 21,7 a 10,7. El analfabetismo cayó de 9,1 a 4,9 en 2011,
igual que el desempleo y el empleo informal”, en Los retos de Hugo Chávez en su
nuevo mandato en Venezuela, El Tiempo,
octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html
[2]
“Las encuestas indican, de manera repetida y constante, que el principal
problema en Venezuela es la inseguridad. En el 2011, según cifras oficiales, se
registró una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, equivalente a
14.092 asesinatos. Pero para el Observatorio Metropolitano de Seguridad
Ciudadana de Caracas, ese mismo año hubo unos 19.000 homicidios, lo que elevaría
la tasa a 67 casos por cada 100.000. Las dos son cifras que igual ponen a
Venezuela como uno de los países más violentos del mundo”, en Los retos de Hugo
Chávez en su nuevo mandato en Venezuela, El
Tiempo, octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html
martes, 2 de octubre de 2012
LAS “NACIONES UNIDAS” COMO ALGO MÁS QUE UNA ORGANIZACIÓN: Una propuesta a propósito de la 67° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
Finalizó el
mes de septiembre con el mar de declaraciones gubernamentales en el 67° periodo
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), evento diplomático institucional de mayor importancia en el orden
contemporáneo. Y, ¿cuáles son sus resultados? Aparte del desfile de
personalidades mundiales, genios y carismas políticos, tendencias
contradictorias y propuestas varias que no encontrarán forma de
materialización, los resultados son los mismos: el performance de virtudes y
problemas de las naciones del mundo y una retórica declaración diplomática
final.
El desencanto
frente a los escasos resultados de las asambleas, encuentros, convenciones
internacionales o sus equivalentes, da cuenta de la ineficacia de estos
mecanismos institucionales para la gobernanza mundial. Sin embargo, ¿cuáles son
las alternativas? Desde la fundación de la Sociedad de las Naciones en el
periodo de la post Gran Guerra (1919), la organización pretendió ser un foro de
dialogo internacional, aspecto a rescatar por su carácter democrático y abierto
a la gestión conjunta de los problemas mundiales, pero que, desde su espíritu
liberal, negó el problema realista de las asimetrías de poder como lo hace el
capitalismo y su discurso de la libre competencia y la igualdad formal.
Sería ingenuo
pensar que las diferencias de poder no se marquen en la participación en los
asuntos y en los organismos internacionales. Incluso institucionalmente existen
“trampas” a su supuesta democracia como queda en evidencia en el Consejo de
Seguridad de la ONU, como aquella “sala del lado”, un poco más discreta y
cerrada, en donde si se discute sobre los asuntos acuciantes de la coyuntura
geopolítica. No obstante, incluso en espacios tan exclusivos como el Consejo de
Seguridad, no se decide nada, puesto que las medidas a tomar muchas veces han
sido predestinadas por la mano invisible que ordena el mundo, la cual podríamos
designar con cientos de nominaciones variables como las de multinacionales,
corporaciones, mafias, coaliciones, etc. grupos de interés que mueven la política
desde la clandestinidad.
Ahora bien,
no se trata de asumir una posición ambigua en la cual por un lado se critique
la ineficacia de éstos espacios y por otro se nieguen sus posibilidades;
simplemente, el reproche apunta a que los espacios institucionales del orden
liberal internacional vigente (como la emblemática ONU), deberían ser algo más
que una organización. Es decir, no se trata de dejar que las cosas se resuelvan
por sí solas en una situación de anarquía global incapaz de autorregularse
(ideología absurda e irresponsable), sino de hacer realidad la idea de
“Naciones Unidas”, título que tiene un significado profundo, pero que hoy
parece haberse olvidado por completo, por lo menos en el seno de todos los
Estados que participan como borregos obedientes, sin crítica constructiva
alguna y sin buscar alternativas posibles.
Fuera de caer
en la ingenuidad del idealismo o en la crudeza realista, la idea del concepto
de “Naciones Unidas” es una posibilidad real para el ejercicio de un nuevo
poder global. El relacionamiento entre naciones (por el canal que sea), entendido como la interacción de conjuntos de
comunidades plurales en dialogo en torno a intereses comunes (como los
movimientos sociales), puede llegar a constituirse en una nueva forma de
integración y fijación de posiciones comunes. Así, la unión sería algo más que
un tenue pegamento institucional para llegar a ser una esfera de acción desde
una perspectiva más amplia y democrática.
Tal propuesta
puede sonar más ingenua que las respetables declaraciones diplomáticas o las
palabras finales de la Asamblea General de la ONU, pero podrían llegar a ser un
mecanismo más eficiente para la toma de decisiones globales. Esto implica crear
posiciones conjuntas a través de bloques o grupos de países por regiones, que
luego se sumarían a las propuestas de los demás miembros partícipes, y que,
sumando fuerzas, podrían llegar a presionar y hacer valer los principios
enunciados de la democracia en la Carta de la ONU.
Obviamente,
la propuesta deberá ser agenciada por los países del sur o emergentes, por los
movimientos sociales o por la sociedad civil organizada, para que rescatemos
conjuntamente el ideario práctico del no alineamiento al poder dominante, cuya
hegemonía se encuentra cada día más debilitada, y así nos decidamos
colectivamente a tener un protagonismo efectivo en la redefinición de los
asuntos de orden internacional.
lunes, 3 de septiembre de 2012
LA PROLIFERACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA: Una estrategia insegura en perspectiva latinoamericana
En Colombia se habla recurrentemente de Tratados de Libre Comercio
(TLC´s) como parte de la agenda de política exterior, a tal punto que, algunos
analistas, empresarios y personas del común, se encuentran ya persuadidos de su
necesidad e inevitabilidad y los consideran simplemente como una estrategia
político-económica que los últimos gobiernos han venido impulsando para la inserción
definitiva del país en “el mundo globalizado”.
Sin embargo, el discurso oficial construido socialmente bajo la idea-valor
del “libre comercio” como la fórmula mágica del anhelado desarrollo, presenta
un distanciamiento abismal frente a los verdaderos alcances de un TLC, concepto
opaco y poco explorado en términos de una realidad como la colombiana, y, por
extensión, de la latinoamericana, y su actual ciclo de auge económico de
carácter temporal, lo cual arroja interrogantes en torno a la seguridad o
posible efectividad de tal estrategia no solo para el país sino para la región
en su conjunto.
Un TLC es la forma jurídica como se materializa una negociación
internacional en la que se define “un acuerdo entre dos o más países o bloques
comerciales en el que se comprometen a cumplir una serie de obligaciones acordadas
con el propósito de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios e
inversiones”[1].
En términos más simples, esto es el establecimiento de un área o zona
geográfica sin barreras para el intercambio de bienes[2].
Aunque sea una forma de incentivar el comercio, no es en sí una estrategia de
desarrollo (independientemente de los debates sobre su contribución real a las
economías nacionales) si no va acompañada de lo que algunos expertos llaman las
“agendas complementarias”[3]
como forma de enfrentar las asimetrías y rezagos de cada país, más aun cuando
hablamos de países con una gran deuda social y distintos niveles de desarrollo.
En el caso de Colombia, el récord de acuerdos vigentes, suscritos y en
curso[4],
se encuentra alrededor de veinte (20), sin contar la proyecciones del gobierno
en regiones como Asía-Pacífico y con otros países desarrollados (v.g. Japón).
Dentro de este espíritu aperturista, propio de la década de auge neoliberal de
los noventa, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio
Díaz-Granados, afirmó que los recientes acuerdos con Estados Unidos, Corea y la
Unión Europea “serán un norte para cumplir las metas de crecimiento, de
inversión y de generación de empleo”[5],
declaración que refleja la ciega fe del gobierno en tal mecanismo como la
fórmula mágica del desarrollo.
Lastimosamente, el optimismo frente a los TLC es infundado. Como lo señaló José Antonio Ocampo,
“el cuento de que los Tratados por sí, traen desarrollo es toda una ficción, no
son la ‘panacea’.”[6] No
solo no se cuenta con una política de desarrollo (las locomotoras ni siquiera
han arrancado) sino que además el país se encuentra retrasado con el
cumplimiento de las agendas complementarias (v.g. el tema vial), a tal punto
que las empresas reconocen no estar listas para enfrentar tanto TLC[7].
Aunque se celebre cada acuerdo como un nuevo logro de la política de
internacionalización de la economía, los hechos indican que existen muchas
“deudas con el desarrollo” en términos de una política pública de largo aliento
que tampoco se encuentra acompañada de un esfuerzo para asumir los TLC.
Tal situación en perspectiva latinoamericana –si se considera la
interdependencia regional- ubica a Colombia y a los demás países de América
Latina en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los desafíos de la
economía internacional. La dependencia del sector minero energético, la
producción de exportaciones baratas sin mayor valor agregado, la sensibilidad
frente a una caída de los precios de las materias primas o a una crisis
económica internacional, entre muchos otros factores, vislumbran el
mantenimiento de las mismas condiciones históricas de subordinación global,
empujadas por el transfuguismo económico de otros países que siguen la misma
política como México, Perú o Chile.
Así mismo, la alternativa política de la integración latinoamericana para
hacer frente a éste panorama, parece verse golpeada no solo por los clásicos factores
de compromiso y déficit político-institucional, sino por la proliferación de
los TLC que privilegian otra política dentro de una visión de pragmatismo
económico que sacrifica la apuesta estratégica por la región.
En conclusión, la proliferación desmedida de TLC’s en Colombia, sin
considerar las agendas complementarias ni alternativas de desarrollo regional,
constituye una estrategia insegura para el desarrollo nacional y la integración
latinoamericana. Es necesario explorar otras rutas, cambiar de modelo de
desarrollo, apostarle a la integración y sobre todo tener una estrategia propia
y no la impuesta por el juego asimétrico de la economía política internacional.
[1]
Cámara de Comercio de Bogotá, Seminario
Los Servicios en los Acuerdos de Libre Comercio, Centro Internacional de
Negocios, Apoyo Empresarial para la Internacionalización, Febrero 15 de 2011.
Recuperado en:
http://camara.ccb.org.co/documentos/7784_serviciosacuerdoslibrecomercio.pdf
[2]
Puyo, Gustavo, A propósito del ALCA. Las
claves institucionales de la integración, Colección ALCAtemas, No. 11,
Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
2004, p. 19.
[3] Al
respecto ver los trabajos del profesor peruano Alan Fairlie Reinoso.
[4]
Información disponible en la pagina http://www.tlc.gov.co/index.php
[5]
Aprovechamiento de los TLC, tema central de Acuerdo para la prosperidad.
Recuperado en: https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3574
[6] Los TLC no son la panacea. Recuperado en:
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/los-tlc-no-panacea/154193
sábado, 18 de agosto de 2012
NO TODOS LOS JÓVENES SON EL PUNTO NEGRO: Una reflexión para las ONG´s
La labor que realizan las
organizaciones sociales en los sectores populares es muy importante y sobre
todo necesaria para la generación de oportunidades e iniciativas más aún cuando
el gobierno ha privatizado esta función pública.
La población juvenil de
los sectores populares es muy variada, una gran masa de jóvenes estudiantes,
trabajadores, familias enteras que se han ubicado en un territorio marginal por
ser sectores accesibles para algunos estratos sociales, compuesto por personas
que buscan su desarrollo social y económico, desplazados obligados por la
situación de conflicto y violencia por parte de los diferentes grupos de
interés, así como también por habitantes que solo buscan zonas cómodas y de
bajo presupuesto para hacer su proyecto de vida.
Estos territorios
constituyen un punto de encuentro de culturas regionales, ya que sus habitantes
cargan con toda la riqueza cultural haciendo territorios diversos. Así mismo,
en el territorio se generan subculturas que demuestran un propio estilo de vida
de los jóvenes, definitorio de prácticas y comportamientos no siempre bien
vistos ni comprendidos por la sociedad.
En general, vivimos una
época en donde se presenta una falta de oportunidades en distintos campos
debido a la ausencia de iniciativas por parte del Estado y sus gobernantes, la
estigmatización juvenil que como fenómeno social viene de la generalización de
hechos sensacionalistas y amarillistas por parte de los medios de comunicación,
el problema de autoestima e imagen propia que representa una barrera para
lograr la creencia en sí mismo y el encuentro de una identidad, etc.
Y aunque es cierto que sí existe
una difícil problemática en algunos de los jóvenes, no es válido que por una
parte minoritaria de la población juvenil, se estigmatice todo un territorio.
En el territorio existen cientos de apuestas por generar un cambio social,
jóvenes con proyectos que se alejan del estereotipo del “joven conflictivo” y
que son parte de una imagen que no siempre se ve.
Las iniciativas de las
organizaciones sociales son muy importantes pues suplen necesidades sentidas
por la comunidad. Sin embargo, las generalizaciones en que se puede caer frente
a los jóvenes, contribuyen a mantener la estigmatización y “vender” la mala
imagen representada, negando la riqueza y la diversidad.
Con esto no se pretende
juzgar ni señalar, sino solamente dejar una reflexión pertinente para todas
aquellas organizaciones sociales que realmente se encuentran comprometidas con
el cambio social y no solamente con la consecución de recursos que les permite
mantener una forma de vida parasitaria que se alimenta de lo social.
jueves, 9 de agosto de 2012
LA JUSTICIA EN LA VULNERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN COLOMBIA: Implicaciones sociales del aplazamiento indefinido de la frustrada reforma
Los medios de comunicación
hegemónicos y la falta de una opinión pública activa, quizás sean los
responsables de que en Colombia nos dejemos imponer día a día temas
coyunturales, unas veces vanos otras tantas tergiversados; asuntos que
simplemente pasan y nada dejan en la mentalidad colectiva, olvidando casi
totalmente los debates que suscitaron y los escandalosos casos puestos en
evidencia como todo lo concerniente al tema de la justicia en Colombia.
Para este país sin memoria
de corto ni largo plazo, es preciso entonces retomar uno de estos tantos
asuntos, para -por lo menos-, dejar una constancia escrita para que cuando en
unos años se vuelva a repetir la discusión no caigamos en la misma visión
simplista. El polémico y frustrado acto legislativo “por medio del cual se
reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración
de Justicia y se dictan otras disposiciones”, más allá del debate político
nacional sobre la quebrantada legitimidad de las ramas del poder público y el
cuestionamiento nacional del grado de nuestra institucionalidad democrática, es
una valiosa oportunidad para ello y para evaluar el estado del derecho a la
justicia en Colombia.
Por esta razón, se propone
aquí analizar desde una perspectiva social y con fines académicos si se quiere,
las hipotéticas implicaciones del proyecto de reforma a la justicia en torno a
la vulneración y el restablecimiento de derechos como última discusión
gubernamental sobre el tema, bajo dos escenarios como son la aprobación
(frustrada) y la no aprobación (ocurrida) de la reforma como mecanismo jurídico
propuesto por el gobierno para solucionar los problemas de la justicia.
Con este fin, en primer
lugar es necesario identificar algunos elementos conceptuales del problema de
la justicia, para en segunda instancia recuperar el proyecto de reforma y plantear,
bajo los escenarios de aprobación y no aprobación de la misma, las implicaciones
sociales desde una perspectiva social, para finalmente terminar concluyendo en
el reconocimiento del papel de la justicia en el restablecimiento de los
derechos vulnerados en Colombia.
La
justicia en Colombia: Un problema desatendido
Como categoría política,
virtud pública o valor social, el Diccionario
práctico de la Lengua Española (1989) sostiene que la justicia “afirma el
derecho de cada uno a que le sea reconocido lo suyo o las consecuencias de su
comportamiento”. Tal reconocimiento únicamente puede ser social, lo cual otorga
a la justicia un lugar cardinal en el orden político. Desde una visión
normativa, la filosofía política clásica dice que la justicia “es parte
esencial del bienestar” [Platón] y que “ser justo es la cualidad de obrar
conforme a las leyes cuando estas tienden a una ventaja común” [Aristóteles][2].
Según el jurista Marco
Gerardo Monroy Cabra (2001), el derecho es un “instrumento de convivencia y paz
social” de cuya eficacia dependen las relaciones entre la justicia y la
sociedad. Así, es claro que la aspiración del derecho es contribuir a una sociedad
justa, a través de un aparato de justicia que, entre otros factores: 1) sea
capaz de servir como mediador social para la solución de conflictos; 2) cuente
con mecanismos de acceso a la justicia, especialmente para las clases
populares; 3) propenda por la búsqueda de la mejor solución con base en una
interpretación social y principios sociales; y 4) cuente con un control de
constitucionalidad ejercido por un órgano independiente y autónomo (Monroy, M.,
2001, p. 77).
Trayendo estos principios
al contexto colombiano: ¿qué se puede esperar de una sociedad como la
colombiana en donde existe un grave déficit de justicia y las instituciones
parecen no atender al interés general? Sin necesidad de adentrarse en el debate
sobre los problemas de su administración[3], existe un amplio consenso
en que “hoy la justicia colombiana se caracteriza por su morosidad y por
haberse convertido en un nuevo factor de exclusión social, porque los más humildes
no tienen formas reales de llegar a ella y obtenerla” (Martínez, N., 2010, p.
7). De allí la necesidad de atender el problema de la justicia como epicentro histórico
del conflicto social, político y armado colombiano, elemento central a
solucionar para la cimentación colectiva del desarrollo humano entendido como “el
aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes de
un país” (PNUD, 2003, p. 99).
Ciertamente, si bien el
conflicto colombiano no es el único elemento que explica la situación de inequidad,
violencia e injusticia, sus lógicas de degradación “inciden sobre el desarrollo
humano de dos modos principales: truncando directamente las opciones de las
personas que padecen el conflicto, o afectando el contexto económico, social,
político e internacional para el desarrollo” (PNUD, 2003, p. 99). Es evidente que la situación de injusticia,
conflicto y subdesarrollo, convierte al país en un basto campo de acción para
la necesaria tarea de construcción de tejido social desde un concepto social de
justicia.
Según cifras de 2011 “al
comenzar este año había en el país 2 millones 354 mil 560 procesos judiciales. Al
día en Colombia surgen 9.500 procesos judiciales. Cada uno de los funcionarios
de la rama trabaja sobre 592 procesos por año. El país cuenta con 515
magistrados y con cuatro mil jueces” (Caracol, 2011), lo cual demuestra el
desequilibrio entre “oferta y demanda” de justicia pública. Por otra parte, la
cifra de impunidad como un indicador de injusticia señala que “esta se ha
mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento” (Holguín, M.,
2009), evidenciando la ineficacia absoluta del aparato de justicia.
Sin embargo, el problema
de la justicia en Colombia no se limita al desbordamiento y la ineficacia
administrativa frente a las necesidades sociales. Un estudio de Laserna y
Moreno (2009), analiza algunos aspectos sociales y señala como obstáculos al
acceso a la justicia: la falta de información, los costos económicos de la
justicia, la corrupción, el formalismo, el miedo y la desconfianza y las
demoras procesales. Tal panorama demanda una urgente intervención gubernamental
más allá de una mera reforma administrativa.
El
Proyecto de reforma a la justicia: ¿era una verdadera solución?
Si bien el problema de la
administración de justicia -y en consecuencia la vulneración y no
restablecimiento de derechos-, ha sido un asunto institucionalmente
desatendido, se agudiza en el periodo de crisis del Estado bienestar, que en el
contexto colombiano coincide con la puesta en marcha de la Constitución
Política de 1991. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2001), esta crisis
del Estado se manifiesta en su incapacidad financiera, la burocratización, la
difusión del modelo neoliberal, la globalización económica, entre otros
factores que impactarían en el sistema jurídico, en la actividad de los jueces
y en el significado socio-político del poder judicial, acrecentando la
sobre-juridización de las prácticas sociales, el surgimiento de otras
instancias de solución de litigios sujetas al mercado, la erosión de la
legitimidad de los jueces por la complejización de los casos y la crisis de
representación política donde la corrupción no encuentra mecanismos de freno
(De Sousa Santos, B., 2001, pp. 97-104).
Pese a tratarse de un
asunto tan complejo, la más reciente propuesta presentada por el gobierno de
Juan Manuel Santos en agosto de 2011, se planteó como “una reforma
constitucional a la justicia que propende por la ampliación de la oferta de
Justicia, la mejora en la prestación de este servicio público y la
reorganización de la institucionalidad vinculada al sector justicia” (según el Ministerio
de Justicia y el Derecho), incluyendo temas que en los debates subsiguientes
fueron sufriendo una extraña metamorfosis que los alejaron aún más del tímido
propósito inicial, como puede constatarse en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Metamorfosis
de los temas de la Reforma a la Justicia
|
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Proyecto inicial
(Agosto 2011)
|
Proyecto Final
(Junio de 2012)
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Solucionar el
choque de trenes entre altas cortes causada por la tutela contra sentencias
(Represamiento).
|
Incrementar el presupuesto destinado a la Rama
Judicial con una destinación específica y que termina siendo controlado
por el Ejecutivo.
|
Descongestionar la
justicia entregando facultades a particulares, notarios, conciliadores y
centros de arbitraje (privatización de la justicia).
|
Entregar facultades a particulares, notarios,
conciliadores y centros de arbitraje para administrar justicia y la
posibilidad de cobrar remuneraciones.
|
Crear la segunda instancia en el Juzgamiento penal de los
Congresistas, pero al interior de la misma Sala Penal de la Corte Suprema
para delitos cometidos luego de la vigencia de la reforma.
|
Creación de segunda instancia dentro de los
procesos de nulidad electoral de los congresistas. Perdida de investidura:
eliminación de 2 causales, violación de régimen de inhabilidades, la que más
perdidas de investidura ha causado (39% decretadas).
|
Equiparar los
derechos de las víctimas a los de la Fiscalía y los investigados dentro de
los procesos penales.
|
Eliminada
|
Eliminar el Consejo
Superior de la Judicatura y crear una nueva administración de la rama.
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Creación de un nuevo sistema de administración
judicial, con buen propósito, pero con una definición de competencias
desatinada donde además tendría cabida el Ejecutivo.
|
Eliminar las
competencias nominadoras de las Cortes en los órganos de control.
|
Eliminada
|
Incrementar la edad
de retiro forzoso de los magistrados.
|
Ampliación de períodos de los magistrados e
incremento de sus edades de retiro forzoso.
|
Fuente:
Elaboración propia con base en Navarrete, J. (2012).
|
|
De tal manera, la reforma
a la justicia nunca tuvo una propuesta integral al problema. El proyecto
privilegió una perspectiva de “ingeniería institucional” centrada en la
búsqueda de la eficiencia administrativa y presupuestal, acompañada por “micos”
de impunidad en el juzgamiento de congresistas, todo ello en sintonía con un
modelo de Estado no comprometido con los asuntos sociales ni con un propósito
real de emprender la iniciativa de solución del problema de la justicia como
problema social.
Dos
escenarios: Implicaciones sociales de la aprobación y no aprobación
Aunque finalmente la
propuesta se calló por el escandalo que suscitó en la opinión pública y la
reacción de distintos sectores de la sociedad (lastimosamente hoy acallada),
esto no significa que una reforma a la justicia no sea necesaria. Aunque la
reforma no contenía una solución integral, fue una propuesta discutida por casi
dos años y con la que es posible hacer el ejercicio académico de analizar
escenarios en términos de sus hipotéticas implicaciones sociales.
El primer escenario es la
aprobación. Suponiendo que ésta reforma constitucional hubiese pasado en
silencio y entrado en vigencia, ¿cuáles serían sus implicaciones sociales? Para
responder este interrogante es preciso tener en cuenta los factores
anteriormente citados, explicados por Monroy Cabra, en particular, en lo
ateniente a la función de mediación en la solución de conflictos, los
mecanismos de acceso, la mejor solución a partir de la interpretación social y
el control constitucional.
En efecto, la aprobación
de la reforma hubiese desembocado en la negación del derecho a la justicia dado
que la propuesta sugería privatizar componentes de su administración negando el
acceso, lo que a su vez repercutiría en la resolución de conflictos por causes
no institucionales (mayor violencia), pues se crearía una barrera de acceso y parcialidad
de una rama del poder que si bien se encuentra congestionada y resulta ineficaz
frente al número de casos -y al panorama de conflicto -, ha sido una de las formas
democráticas como la ciudadanía ha logrado el restablecimiento de derechos como
lo demuestran, por ejemplo, cientos de fallos de acción de tutela en materia de
derechos sociales.
Así mismo, la aprobación
de la reforma hubiese sido no solo en un revés en términos de exigibilidad de
derechos por vía judicial sino también en el juzgamiento de los casos de
parapolítica en el estamento que hace las leyes de las que derivan las
políticas públicas (fundamento de la acción social del Estado), así como en la
capacidad de gestión pública (Estado) y privada (organizaciones sociales y
ciudadanía) de iniciativas de defensa de derechos en cualquier nivel de
intervención, ya sea individual o colectivo.
Sin embargo, el segundo
escenario -el ocurrido-, también tiene unas graves implicaciones sociales. La
no aprobación de la reforma a la justicia trae consigo el mantenimiento, sin
solución de continuidad, de problemas cuasi-endémicos de la administración de
justicia que impedirán construir el tejido social necesario para el desarrollo
humano y la construcción de salidas al conflicto.
El represamiento judicial
y el problema de acceso a la justicia como derecho, se mantendrán sin un presupuesto
y una organización adecuados a las necesidades de funcionamiento, haciendo que
la mediación del Estado en los conflictos sociales siga siendo insuficiente y
que, a pesar de contar con unos derechos jurídicamente establecidos, estos no
se cumplan para todos los colombianos en su compleja realidad.
Recapitulación
El desatendido problema de
justicia no es una cuestión netamente jurídica, puesto que tiene que ver con la
búsqueda del bienestar social a través de leyes para el bien común; el aparato
de justicia debe servir como mediador de conflictos, facilitar el acceso a los
derechos, tener criterios sociales para dictaminar la mejor solución y contar
con control y autonomía, criterios de justicia que en Colombia chocan con un
panorama de ineficacia y exclusión social, agudizados por una situación de
conflicto y subdesarrollo (hoy llamado con el sofisma de “desarrollo medio”)
que deja al país con la necesidad histórica de trabajar en el restablecimiento
de derechos.
El proyecto de reforma a
la justicia en ningún momento tuvo una visión de la justicia como un problema
social y de restablecimiento de derechos. La lectura del gobierno fue netamente
burocrática, pretendiendo atender, mediante ajustes de ingeniería
institucional, un problema que encuentra sus raíces en la crisis del Estado de
bienestar y la consecuente sobre-judicialización de las relaciones sociales,
los efectos del mercado, la crisis de representación y la corrupción, entre
otros factores que complejizan el problema y se manifiestan en las alarmantes
cifras de ineficacia.
Bajo los escenarios de aprobación y no
aprobación de la reforma, la sociedad enfrenta un panorama de irresolución del
problema. Su aprobación hubiese desembocado en la privatización del derecho
mediante la intervención de otros actores parciales, restringiendo el acceso e
incentivando la resolución de conflictos por cuases no institucionales. Por su
parte, la no aprobación conlleva al mantenimiento de la ineficiencia, el
represamiento de casos, el déficit presupuestal, etc., los cuales, en general,
impiden la construcción de tejido social para el desarrollo como necesaria salida
al conflicto.
El problema de la
justicia, su complejidad y los resultados de los dos escenarios del malogrado intento
de reforma, dejan al gobierno, a la sociedad colombiana y sobre todo a los
sectores críticos de la academia y los medios de comunicación, frente a la responsabilidad
de seguir propiciando este debate en el seno de la opinión pública.
Así, todos tenemos la
tarea colectiva de contribuir a reconocer y evidenciar socialmente los temas
fundamentales para el cambio social y político en la agenda pública, como, en
este caso, el papel de la justicia en el restablecimiento de los derechos
vulnerados en Colombia.
BIBLIOGRAFÍA:
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Ministerio
de Justicia y del Derecho (2012). Texto
aprobado en primer debate de la segunda vuelta en la Comisión Primera de la
Honorable Cámara de Representantes al Proyecto de Acto Legislativo No. 143/11
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9/11 Senado, 11/11 Senado, 12/11 Senado Y 13/11 Senado. Recuperado de
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Caracol
(Enero 12 de 2011). La justicia colombiana en cifras: Hay más de 2.3 millones
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http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/la-justicia-colombiana-en-cifras-hay-mas-de-23-millones-de-procesos/20110112/nota/1410176.aspx
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justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico. Tomo I. Bogotá, Colombia:
Colciencias. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Universidad de
Coímbra CES- Universidad Nacional de Colombia. Siglo del Hombre Editores.
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del 6 al 12 de julio de 2012. Bogotá, Colombia: Corporación Viva la Ciudadanía.
Recuperado en http://viva.org.co/cajavirtual/svc0310/articulo06.html
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PNUD
(2003). El conflicto, callejón con
salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003. Bogotá,
Colombia: PNUD.
[1] Alexander Emilio
Madrigal Garzón. Politólogo Internacionalista, Universidad Nacional de
Colombia. Magister en Relaciones Internacionales mención en Negociaciones
Internacionales y Manejo de Conflictos, Universidad Andina Simón Bolívar (Sede
Ecuador). Investigador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
http://alexandermadrigal.blogspot.com/
[2] Al respecto ver los
planteamientos desde la filosofía y la teoría del derecho de Monroy C., M.G.
(2001). Introducción al derecho.
Bogotá, Colombia: Temis, p. 76.
[3] Desde una mirada
institucional, los problemas en la administración de justicia abarcan temas
como “la congestión de los despachos, la mora en los procesos, el limitado acceso
de los ciudadanos a una judicial efectiva, la impunidad, el precedente
judicial, la tutela contra sentencias y por supuesto la administración de la
rama y presupuesto”(Navarrete, J. 2012). No obstante, es preciso resaltar la
gravedad de las consecuencias sociales de ésta ineficacia institucional como
una traba en la acción de restablecimiento de derechos.
miércoles, 18 de julio de 2012
POLÍTICAS SOCIALES, POPULISMOS Y OPORTUNISTAS EN LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA: Problemas de la desigualdad crónica
Colombia, un país ahora declarado como de “ingreso medio alto”, gracias a
la temporal bonanza económica latinoamericana, se mantiene como uno de los países
más desiguales del mundo[1],
lo cual justifica la existencia de políticas sociales como forma de
compensación del Estado a los más desfavorecidos del sistema socio-económico.
Sin embargo, la desigualdad crónica que adolecen los países de la periferia
subdesarrollada o, como dice el sofisma: “en vías de desarrollo” -para que no
suena tan grave-, permite que se reproduzcan otras prácticas miasmicas, parasíticas,
degeneradas, propias de una sociedad civil y política simplemente enferma.
Suena muy interesante el reciente anuncio de que “el 70 por ciento de la
plata que destinará el Estado para inversión el próximo año será para atender
el tema social”[2],
que se ha roto el record de inversión social y que habrá dineros (en época
preelectoral) para tanto desempleado que anda pensando de donde sacar dinero.
Ciertamente atractivo se muestra el gobierno nacional de unidad ahora dividida.
Repartirán casas, subsidios, bonos… como en un remate de las rentas nacionales.
Bueno, tal vez eso es mejor que nada o que la corrupción o que todo el
presupuesto se vaya en “gastos de funcionamiento”.
Lamentablemente, las políticas sociales, si bien no son “malas” per se
(como piensan algunos que ingenuamente creen en ese capitalismo utópico del
libre emprendimiento o aún peor, que los pobres son pobres porque sí), se
prestan para prácticas populistas y oportunistas, términos que, valga aclarar,
no significan lo mismo. Mientras los populistas (invariablemente de derecha o
de izquierda) son líderes carismáticos
que brindan asistencia o apoyo social de forma notable y con fines de
legitimación o reconocimiento político, los oportunistas van un poco más allá,
pues son parásitos que se alimentan –de tiempo completo-de lo público con fines
más mezquinos y miserables.
Estos últimos, los oportunistas (quien se sienta aludido, me excuso por usar
tan suaves palabras) habitan en las dos orillas: los que dan, como el político,
el funcionario público, el gestor social podrido… que viven de repartir lo que
es de todos como una forma de existencia y de mantener un proyecto personal
(entiéndase negocio) que se oculta tras un caritativo rostro social; y los
otros, los que reciben, los beneficiarios parásitos, las ONG´s caza proyectos,
las iglesias… quienes con su mendicidad encuentran en el Estado o es sus fieles
su forma de subsistencia.
Antes de que se me diga desconsiderado, resentido o inconsciente, quiero
hacer una aclaración. No estoy en contra de las políticas sociales, las
defiendo; cualquier persona sensata y conocedora de la realidad social sabe que
son necesarias, independientemente de la crítica sobre la forma de
funcionamiento y la tergiversación de sus nobles fines, debate que por ahora
dejamos sin discutir. No sobra decir que la falta de políticas sociales
oportunas y adecuadas a las necesidades sociales ha sido una de las causas del
conflicto y de la dolorosa situación que lamentablemente nos es tan cotidiana.
Quiero creer que si la desigualdad crónica que padece el mundo no
existiera tampoco serían posibles prácticas oportunistas que se sirven de lo
social para sí mismas, contradiciendo la naturaleza colectiva del término. Tal vez la realidad sea que a una sociedad
como la colombiana esto no le importa, que el populismo es la forma como a la
gente le gusta la política y que el oportunismo es un valor nacional. Pero
hasta que no me convenzan de ello sugiero que pensemos en cómo acabar con el
verdadero enemigo (la desigualdad), empezando por no ser parte de la misma degradante
cadena.
[1]
Según el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano 2011, entre 129 Estados de los
que se cuenta información, solo hay más desigualdad en Haití y Angola, ocupando
el lugar 87 en el índice de desarrollo humano. Al respecto ver: “Colombia
solamente supera a Haití y Angola en desigualdad”, en Portafolio, recuperado de: http://www.portafolio.co/economia/colombia-solamente-supera-haiti-y-angola-desigualdad
[2]
Presupuesto de inversión récord: 70% irá para temas sociales, en El Tiempo, recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/monto-para-la-inversion-social-en-colombia_12034362-4
jueves, 7 de junio de 2012
LOS INTERESES EN EL TRATAMIENTO INTERNACIONAL DE LA INFORMACIÓN: Perpetuación de la opacidad en la globalización
LOS INTERESES EN EL TRATAMIENTO
INTERNACIONAL DE LA INFORMACIÓN: Perpetuación de la opacidad en la
globalización
Alexander
Madrigal
Escritos desde Icaria (3)
Dentro de los posibles sinónimos del término interés, encontramos tres palabras
que me llaman fuertemente la atención: utilidad, ganancia y ventaja. Estos tres
sinónimos, que aparentemente no dicen nada, pueden ser válidos para
caracterizar el tratamiento internacional de la información. En un tiempo donde
los problemas de acceso a los medios de comunicación y difusión de información parecen
superados por las tecnologías virtuales, es falso que las barreras se hayan
superado y mucho menos que el privilegio de unos pocos (elites) no se perpetúe.
En primer lugar, el interés como utilidad remite a la dimensión del
poder. Los gobiernos nacionales siguen manteniendo el monopolio de la
regulación comunicacional, lo cual conlleva actos de censura o distorsión, unas
veces, en respuesta a medios oligárquicos que funcionan como empresas
familiares que olvidan el concepto de responsabilidad social y política frente
a su labor. La información es útil –y necesaria- para los intereses de
continuidad del poder; por ello, actividades como las campañas políticas realizan
un amplio despliegue de marketing político (v.g. elecciones norteamericanas),
confunden a la “opinión pública” con espectaculares declaraciones (v.g. las
buenas intenciones de los encuentros internacionales), procuran enredar los
hilos del poder para crear una falsa percepción de la política y demostrar así
la imposibilidad de cualquier forma de cambio.
En segundo lugar, otro interesante sinónimo de la palabra interés es ganancia, ligada a la dimensión económica, es
decir, al capitalismo, mal llamado economía de libre mercado. La búsqueda de ganancia
a través de la manipulación de la información es una de las mejores muestras
del oportunismo mercantil. Medios de comunicación privados nos saturan de
publicidad basura, farandulizan la noticia (nótese por ejemplo, el uso de la
mujer como objeto) y banalizan los hechos hasta el cansancio. Todo ello disimula
un rentable negocio de patrocinios económicos y beneficios privados que,
obviamente, no tiene por qué involucrar fastidiosas voces disidentes que
resultan satanizadas a través de cualquier discurso de moda o simplemente es acallado
porque no vende y a su criterio no interesa a nadie.
En tercer y último lugar, interés también significa ventaja, en este
caso, ventaja como superioridad o predominio cultural. La forma como se trata
la información legitima el orden vigente que se autoproclama como universal y
que no toma en cuenta otras visiones del orden social. Otras religiosidades,
otras cosmovisiones, otros liderazgos, el otro, no es reflejado sino
estereotipado como el criminal (v.g. el inmigrante), lo exótico (v.g. los
indígenas), lo disfuncional (v.g. los movimientos alterglobalización), etc.
De tal manera, en la práctica los intereses políticos, económicos y
culturales insertos en el tratamiento internacional de la información, niegan
el derecho a la comunicación y perpetúan mediante la distorsión y la manipulación,
las opacidades de la utilidad política, la ganancia capitalista y el predominio
cultural, propias de la globalización en el siglo XXI y que para nada han sido
superadas por el orden liberal capitalista.
Si bien por cada una de estas dimensiones (aquí apenas esbozadas), quedan
muchos temas y preguntas para el debate, la más importante para mí -como otro ciudadano
que simplemente opina- es cómo desarrollar alternativas sostenibles para
conseguir socialmente un tratamiento internacional de la información para el
interés público, interrogante frente al cual la respuesta puede estar en el cambio
ideológico y la desvalorización del orden vigente.
Alexander
Emilio Madrigal Garzón.
Politólogo Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Magister en Relaciones Internacionales
Universidad Andina Simón Bolívar (Sede
Ecuador)
aemadrigalg@gmail.com
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