PROPOSICIÓN PARA UNA ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA AL PROCESO DE PAZ:El tema de la eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP

Como suelen hacer los cientistas sociales, vamos a suponer algo –un escenario- con el fin de hacer un ejercicio académico que tiene la franca pretensión de incitar al debate y, sobre todo, al posicionamiento político de todo aquel que se sienta aludido o interesado por el tema. Supongamos que:

1.      Se avanza diligentemente en los temas de la agenda del así llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

2.      Se llega al tercer tema “Fin del conflicto” y se discute el segundo punto referente a la “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses”.

3.      Se obtiene un acuerdo general en este tema: las FARC-EP dejan las armas y se reincorporan a la vida civil.  

Hasta aquí los supuestos. Respecto a los supuestos de los numerales 1 y 2, es poco lo que hoy puede afirmarse con certeza, solo que se mantienen las “conversaciones directas e ininterrumpidas” y, al parecer, no se ha llegado al tercer tema. Así las cosas, el supuesto enunciado en el numeral 3 es solo un escenario factible que, no obstante, merece la discusión académica y política. Esto es lo que se propone en esta columna.

La “historia patria” es un recurso que ofrece elementos interesantes para el debate, a partir de lecciones aprendidas sobre los anteriores procesos de desmovilización. El Estado colombiano, si bien nunca ha tenido el monopolio absoluto del uso de la violencia legítima, ha sabido resolver -parcialmente- por vías negociadas, recurrentes enfrentamientos armados en donde grupos irregulares alzados en armas, en el postconflicto: se involucraron en la sociedad nacional como cualquier otra agrupación civil o como simples ciudadanos en ejercicio; mantuvieron su irregularidad en nuevos grupos ilegales; o terminaron incorporándose a las Fuerzas Militares del Estado. Esto sucedió tras el fin de las guerras civiles en el siglo XIX, las insurrecciones bolcheviques, la violencia bipartidista, las repúblicas independientes, entre otros episodios históricos.   

Bajo estos precedentes, haciendo caso omiso a otros bemoles del proceso de paz, incorporemos a las Fuerzas Militares de Colombia como la institución más implicada. Hasta ahora, su participación institucional en el proceso de paz ha sido casi nula y por las declaraciones del alto mando militar y del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, no parecen muy complacidas con la idea de negociar, tras dos periodos presidenciales en los cuales no dejaron de sostener el discurso de la “derrota absoluta del terrorismo”, el “fin del fin”, la “postvictoria”… idea que tuvo su asidero en los notables golpes propinados a las FARC-EP en aquel entonces. Igualmente, es comprensible que las Fuerzas Armadas demuestren así su compromiso con el país y la firmeza de su misión institucional; no obstante, cabe hacerles una pregunta: ¿cuál sería su posición frente a los excombatientes tras una eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP?  

La pregunta por la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tiene muchas aristas que van más allá del plano militar como el asunto de su inclusión en lo económico, lo social y lo político, para evitar los dos errores centrales de los procesos anteriores: dejar semillas para la próxima confrontación violenta y/o la incorporación disfuncional (delictiva) de los excombatientes a la sociedad. Frente a ello, una propuesta que se debe barajar en la mesa de negociaciones, al interior de la institución militar y en la sociedad entera, es la incorporación del grueso de la fuerza guerrillera al cuerpo de las Fuerzas Armadas del Estado, una opción que permitiría plantear una estrategia inédita de lucha contra el narcotráfico y las demás formas de criminalidad.

Y aunque esta es una única y expresa contribución a pedir para el proceso de paz a las Fuerzas Militares de Colombia, tal proposición exige de voluntad política, legalidad y confianza, exigencias cuasi-filosóficas abstractas que no dejan de parecer un planteamiento ingenuo y poco realista. Sin embargo, es un escenario factible que merece ser planteado, así demande un alto grado de madurez política de las partes para aceptar darle un chance al “enemigo”, una institucionalidad fuerte capaz de cumplir con los compromisos adquiridos y el respaldo social necesario para posicionar el proceso, requisitos extraños para un país conservador con aversión a asumir los riesgos necesarios para un cambio que sea plasmado en un acuerdo político para una paz duradera.   

LOS DESAFIOS DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA PARA VENEZUELA EN EL PRÓXIMO PERIODO DE GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ: Críticas y propuestas para una política pública de izquierda

Hacia la medianoche del 7 de octubre de 2012, las redes sociales comenzaron a difundir miles de comentarios sobre los resultados de la histórica jornada electoral venezolana. El triunfo del carismático presidente Hugo Chávez, paladín del internacionalismo socialista latinoamericano, líder único de la revolución bolivariana venezolana durante sus 14 años, suscitó las más variadas valoraciones que van desde la adhesión acrítica, pasando por el apoyo con reservas, hasta el rechazo y desprecio absoluto. Lo único cierto es que el sistema democrático, basado en la voluntad de las mayorías, se pronunció nuevamente declarando la permanencia de Chávez ahora hasta 2019.

Chávez despierta pasiones contradictorias que, muchas veces, no dejan ver los asuntos de la política venezolana y sus relaciones internacionales desde una perspectiva abierta al debate de las ideas. En particular, los retos de la seguridad y la defensa venezolana constituyen un sensible campo de análisis que se puede prestar a lecturas maniqueas, signadas por tendencias ideológicas y apreciaciones subjetivas, cosa que se puede evitar manteniendo una visión crítica y propositiva.

La seguridad pública de Venezuela, entendida aquí como la capacidad estatal de garantizar la vida de sus ciudadanos y unas condiciones mínimas de estabilidad social, es el campo que mayores problemas presenta a pesar de la revolucionaria transformación de los indicadores sociales[1] que refleja un triunfo sin precedentes. La percepción ciudadana de inseguridad[2] es uno de los aspectos más acuciosos para el gobierno, reflejo de la carencia de lo que se podría llamar una “visión de izquierda sobre la seguridad”, planteamiento necesario en cualquier tipo de gobierno para el manejo de toda expresión de ilegalidad que pueda afectar la convivencia y la vida humana.

Así mismo, prospectivamente la estabilidad social puede llegar a verse amenazada por el incremento de la violencia, la injusticia y la impunidad, a través de fenómenos como la delincuencia común, el tráfico de armas y narcóticos, la proliferación de pandillas y crimen organizado, los motines carcelarios, sabotajes a la producción económica… los cuales hacen presencia en la realidad venezolana. Por ello, éstos problemas de seguridad deben recibir una respuesta institucional desde la Guardia Nacional Bolivariana (no militar) desde una perspectiva democrática (con el acompañamiento de la comunidad) y de respeto de los Derechos Humanos (de carácter no represivo), aprovechando los avances en la generación de una cultura política participativa.

Por otra parte, en lo referente al campo de la defensa, pensada como el mantenimiento de los intereses nacionales ante posibles amenazas del exterior, se mantiene la línea de continuidad que encuentra en los Estados Unidos la principal “amenaza externa”, con el correlato del fantasma golpista (enemigo interno), lo cual sustenta una política exterior realista de búsqueda de equilibrio de poder y preparación para enfrentar una guerra asimétrica, a través del mantenimiento de alianzas geoestratégicas con supuestos opositores del imperialismo (vg. Rusia. Iran o China), participación en espacios regionales como el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), el respaldo de los países del ALBA y acuerdos paralelos con otros países de la región. Tal lectura reduccionista de la defensa de la revolución, descuida asuntos como los  fronterizos, cuyo caso emblemático es la frontera colombiana como escenario de movilización de tráficos ilegales y de actores criminales de distinta índole (paramilitares, delincuencia común, guerrillas, contrabandistas, etc.). 

Retomando la idea del antimperialismo como idea central de la defensa, así parezca una actitud paranoica de Chávez, el fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas Armadas (en especial la Fuerza Aérea y Fuerza Naval) y la preocupación ante una eventual  invasión, responde a esa percepción de amenaza que deja de lado la apuesta por la definición de un nuevo rol (social) para las fuerzas armadas, bajo un carácter más democrático y menos guerrerista de cara a las nuevas amenazas, perdiendo terreno ante un fortalecimiento sobredimensionado de su poderío, aparejado con una doctrina de bolivarianización y militarización de la sociedad (a través de las milicias territoriales) que de no acompañarse por el debido control civil, puede llegar a autonomizarse en el mediano plazo ante la posible falta (trágica) de un gobierno que cuente con la suficiente legitimidad que le permita administrar un país altamente polarizado.

Y aunque no es objeto de este análisis reflexionar sobre los asuntos sociales, políticos o económicos que Chávez y la revolución bolivariana tendrán que enfrentar en esta nueva etapa, algunos indicadores señalan que de no apropiárselos desde una perspectiva institucional, podrían convertirse en problemas de seguridad. En lo social, si bien hay un inédito triunfo de las misiones y una lucha frontal y directa contra la desigualdad, todavía falta terreno por recorrer  y se padece de una ausencia de políticas públicas bien planificadas y de largo aliento, déficit institucional que constituye una eventual bomba social; en lo político, los resultados electorales mostraron una relativa pérdida de legitimidad en un amplio sector de la sociedad venezolana que bien puede servir para incubar una mayor polarización e ingobernabilidad; y en lo económico, no se demuestra  un giro en la histórica dependencia petrolera (economía monoexportadora)  ni la apertura hacia nuevos sectores productivos básicos, lo cual deja al país expuesto a las variaciones del precio internacional del crudo. Además, debe agregarse que esto no sería solo un problema de seguridad interna sino también de seguridad regional, en especial para los países vecinos y sus aliados regionales.

En conclusión, los desafíos de la seguridad y la defensa para la Venezuela que seguirá siendo gobernada por Hugo Chávez, son precisamente eso: desafíos políticos, retos a asumir o luchas a enfrentar, como parte de la institucionalización de la revolución socialista dentro de una nueva etapa para el inédito proyecto político izquierdista. De su atención desde medidas de política pública dependen dos posibilidades: el continuismo erosionador de la legitimidad del proyecto político chavista o los ajustes y cambios necesarios para institucionalizar las ideas revolucionarias.

Mientras pasa el tiempo que juzgará sus resultados, el panorama asoma con preocupación en el debilitado campo de la seguridad interna, a la vez que la defensa demuestra una firmeza estratégica que descuida la democratización. Así, la Venezuela bolivariana seguirá constituyendo un necesario faro de referencia para el presente y el futuro de la política de la región latinoamericana.  

Alexander Emilio Madrigal Garzón.

Politólogo Investigador

---

[1] “Según la Cepal, la pobreza pasó de 47 por ciento en 1999 a 27,8 en 2010. Y la pobreza extrema de 21,7 a 10,7. El analfabetismo cayó de 9,1 a 4,9 en 2011, igual que el desempleo y el empleo informal”, en Los retos de Hugo Chávez en su nuevo mandato en Venezuela, El Tiempo, octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html

[2] “Las encuestas indican, de manera repetida y constante, que el principal problema en Venezuela es la inseguridad. En el 2011, según cifras oficiales, se registró una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, equivalente a 14.092 asesinatos. Pero para el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Caracas, ese mismo año hubo unos 19.000 homicidios, lo que elevaría la tasa a 67 casos por cada 100.000. Las dos son cifras que igual ponen a Venezuela como uno de los países más violentos del mundo”, en Los retos de Hugo Chávez en su nuevo mandato en Venezuela, El Tiempo, octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html

LAS “NACIONES UNIDAS” COMO ALGO MÁS QUE UNA ORGANIZACIÓN: Una propuesta a propósito de la 67° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

Finalizó el mes de septiembre con el mar de declaraciones gubernamentales en el 67° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evento diplomático institucional de mayor importancia en el orden contemporáneo. Y, ¿cuáles son sus resultados? Aparte del desfile de personalidades mundiales, genios y carismas políticos, tendencias contradictorias y propuestas varias que no encontrarán forma de materialización, los resultados son los mismos: el performance de virtudes y problemas de las naciones del mundo y una retórica declaración diplomática final.

El desencanto frente a los escasos resultados de las asambleas, encuentros, convenciones internacionales o sus equivalentes, da cuenta de la ineficacia de estos mecanismos institucionales para la gobernanza mundial. Sin embargo, ¿cuáles son las alternativas? Desde la fundación de la Sociedad de las Naciones en el periodo de la post Gran Guerra (1919), la organización pretendió ser un foro de dialogo internacional, aspecto a rescatar por su carácter democrático y abierto a la gestión conjunta de los problemas mundiales, pero que, desde su espíritu liberal, negó el problema realista de las asimetrías de poder como lo hace el capitalismo y su discurso de la libre competencia y la igualdad formal.

Sería ingenuo pensar que las diferencias de poder no se marquen en la participación en los asuntos y en los organismos internacionales. Incluso institucionalmente existen “trampas” a su supuesta democracia como queda en evidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, como aquella “sala del lado”, un poco más discreta y cerrada, en donde si se discute sobre los asuntos acuciantes de la coyuntura geopolítica. No obstante, incluso en espacios tan exclusivos como el Consejo de Seguridad, no se decide nada, puesto que las medidas a tomar muchas veces han sido predestinadas por la mano invisible que ordena el mundo, la cual podríamos designar con cientos de nominaciones variables como las de multinacionales, corporaciones, mafias, coaliciones, etc. grupos de interés que mueven la política desde la clandestinidad.

Ahora bien, no se trata de asumir una posición ambigua en la cual por un lado se critique la ineficacia de éstos espacios y por otro se nieguen sus posibilidades; simplemente, el reproche apunta a que los espacios institucionales del orden liberal internacional vigente (como la emblemática ONU), deberían ser algo más que una organización. Es decir, no se trata de dejar que las cosas se resuelvan por sí solas en una situación de anarquía global incapaz de autorregularse (ideología absurda e irresponsable), sino de hacer realidad la idea de “Naciones Unidas”, título que tiene un significado profundo, pero que hoy parece haberse olvidado por completo, por lo menos en el seno de todos los Estados que participan como borregos obedientes, sin crítica constructiva alguna y sin buscar alternativas posibles.

Fuera de caer en la ingenuidad del idealismo o en la crudeza realista, la idea del concepto de “Naciones Unidas” es una posibilidad real para el ejercicio de un nuevo poder global. El relacionamiento entre naciones (por el canal que sea),  entendido como la interacción de conjuntos de comunidades plurales en dialogo en torno a intereses comunes (como los movimientos sociales), puede llegar a constituirse en una nueva forma de integración y fijación de posiciones comunes. Así, la unión sería algo más que un tenue pegamento institucional para llegar a ser una esfera de acción desde una perspectiva más amplia y democrática.

Tal propuesta puede sonar más ingenua que las respetables declaraciones diplomáticas o las palabras finales de la Asamblea General de la ONU, pero podrían llegar a ser un mecanismo más eficiente para la toma de decisiones globales. Esto implica crear posiciones conjuntas a través de bloques o grupos de países por regiones, que luego se sumarían a las propuestas de los demás miembros partícipes, y que, sumando fuerzas, podrían llegar a presionar y hacer valer los principios enunciados de la democracia en la Carta de la ONU.

Obviamente, la propuesta deberá ser agenciada por los países del sur o emergentes, por los movimientos sociales o por la sociedad civil organizada, para que rescatemos conjuntamente el ideario práctico del no alineamiento al poder dominante, cuya hegemonía se encuentra cada día más debilitada, y así nos decidamos colectivamente a tener un protagonismo efectivo en la redefinición de los asuntos de orden internacional.   

LA JUSTICIA EN LA VULNERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN COLOMBIA: Implicaciones sociales del aplazamiento indefinido de la frustrada reforma

Los medios de comunicación hegemónicos y la falta de una opinión pública activa, quizás sean los responsables de que en Colombia nos dejemos imponer día a día temas coyunturales, unas veces vanos otras tantas tergiversados; asuntos que simplemente pasan y nada dejan en la mentalidad colectiva, olvidando casi totalmente los debates que suscitaron y los escandalosos casos puestos en evidencia como todo lo concerniente al tema de la justicia en Colombia.

Para este país sin memoria de corto ni largo plazo, es preciso entonces retomar uno de estos tantos asuntos, para -por lo menos-, dejar una constancia escrita para que cuando en unos años se vuelva a repetir la discusión no caigamos en la misma visión simplista. El polémico y frustrado acto legislativo “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”, más allá del debate político nacional sobre la quebrantada legitimidad de las ramas del poder público y el cuestionamiento nacional del grado de nuestra institucionalidad democrática, es una valiosa oportunidad para ello y para evaluar el estado del derecho a la justicia en Colombia.

Por esta razón, se propone aquí analizar desde una perspectiva social y con fines académicos si se quiere, las hipotéticas implicaciones del proyecto de reforma a la justicia en torno a la vulneración y el restablecimiento de derechos como última discusión gubernamental sobre el tema, bajo dos escenarios como son la aprobación (frustrada) y la no aprobación (ocurrida) de la reforma como mecanismo jurídico propuesto por el gobierno para solucionar los problemas de la justicia.

Con este fin, en primer lugar es necesario identificar algunos elementos conceptuales del problema de la justicia, para en segunda instancia recuperar el proyecto de reforma y plantear, bajo los escenarios de aprobación y no aprobación de la misma, las implicaciones sociales desde una perspectiva social, para finalmente terminar concluyendo en el reconocimiento del papel de la justicia en el restablecimiento de los derechos vulnerados en Colombia.

La justicia en Colombia: Un problema desatendido

Como categoría política, virtud pública o valor social, el Diccionario práctico de la Lengua Española (1989) sostiene que la justicia “afirma el derecho de cada uno a que le sea reconocido lo suyo o las consecuencias de su comportamiento”. Tal reconocimiento únicamente puede ser social, lo cual otorga a la justicia un lugar cardinal en el orden político. Desde una visión normativa, la filosofía política clásica dice que la justicia “es parte esencial del bienestar” [Platón] y que “ser justo es la cualidad de obrar conforme a las leyes cuando estas tienden a una ventaja común” [Aristóteles][2].

Según el jurista Marco Gerardo Monroy Cabra (2001), el derecho es un “instrumento de convivencia y paz social” de cuya eficacia dependen las relaciones entre la justicia y la sociedad. Así, es claro que la aspiración del derecho es contribuir a una sociedad justa, a través de un aparato de justicia que, entre otros factores: 1) sea capaz de servir como mediador social para la solución de conflictos; 2) cuente con mecanismos de acceso a la justicia, especialmente para las clases populares; 3) propenda por la búsqueda de la mejor solución con base en una interpretación social y principios sociales; y 4) cuente con un control de constitucionalidad ejercido por un órgano independiente y autónomo (Monroy, M., 2001, p. 77).

Trayendo estos principios al contexto colombiano: ¿qué se puede esperar de una sociedad como la colombiana en donde existe un grave déficit de justicia y las instituciones parecen no atender al interés general? Sin necesidad de adentrarse en el debate sobre los problemas de su administración[3], existe un amplio consenso en que “hoy la justicia colombiana se caracteriza por su morosidad y por haberse convertido en un nuevo factor de exclusión social, porque los más humildes no tienen formas reales de llegar a ella y obtenerla” (Martínez, N., 2010, p. 7). De allí la necesidad de atender el problema de la justicia como epicentro histórico del conflicto social, político y armado colombiano, elemento central a solucionar para la cimentación colectiva del desarrollo humano entendido como “el aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes de un país” (PNUD, 2003, p. 99).

Ciertamente, si bien el conflicto colombiano no es el único elemento que explica la situación de inequidad, violencia e injusticia, sus lógicas de degradación “inciden sobre el desarrollo humano de dos modos principales: truncando directamente las opciones de las personas que padecen el conflicto, o afectando el contexto económico, social, político e internacional para el desarrollo” (PNUD, 2003, p. 99).  Es evidente que la situación de injusticia, conflicto y subdesarrollo, convierte al país en un basto campo de acción para la necesaria tarea de construcción de tejido social desde un concepto social de justicia.

Según cifras de 2011 “al comenzar este año había en el país 2 millones 354 mil 560 procesos judiciales. Al día en Colombia surgen 9.500 procesos judiciales. Cada uno de los funcionarios de la rama trabaja sobre 592 procesos por año. El país cuenta con 515 magistrados y con cuatro mil jueces” (Caracol, 2011), lo cual demuestra el desequilibrio entre “oferta y demanda” de justicia pública. Por otra parte, la cifra de impunidad como un indicador de injusticia señala que “esta se ha mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento” (Holguín, M., 2009), evidenciando la ineficacia absoluta del aparato de justicia.

Sin embargo, el problema de la justicia en Colombia no se limita al desbordamiento y la ineficacia administrativa frente a las necesidades sociales. Un estudio de Laserna y Moreno (2009), analiza algunos aspectos sociales y señala como obstáculos al acceso a la justicia: la falta de información, los costos económicos de la justicia, la corrupción, el formalismo, el miedo y la desconfianza y las demoras procesales. Tal panorama demanda una urgente intervención gubernamental más allá de una mera reforma administrativa.

El Proyecto de reforma a la justicia: ¿era una verdadera solución?

Si bien el problema de la administración de justicia -y en consecuencia la vulneración y no restablecimiento de derechos-, ha sido un asunto institucionalmente desatendido, se agudiza en el periodo de crisis del Estado bienestar, que en el contexto colombiano coincide con la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2001), esta crisis del Estado se manifiesta en su incapacidad financiera, la burocratización, la difusión del modelo neoliberal, la globalización económica, entre otros factores que impactarían en el sistema jurídico, en la actividad de los jueces y en el significado socio-político del poder judicial, acrecentando la sobre-juridización de las prácticas sociales, el surgimiento de otras instancias de solución de litigios sujetas al mercado, la erosión de la legitimidad de los jueces por la complejización de los casos y la crisis de representación política donde la corrupción no encuentra mecanismos de freno (De Sousa Santos, B., 2001, pp. 97-104).   

Pese a tratarse de un asunto tan complejo, la más reciente propuesta presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos en agosto de 2011, se planteó como “una reforma constitucional a la justicia que propende por la ampliación de la oferta de Justicia, la mejora en la prestación de este servicio público y la reorganización de la institucionalidad vinculada al sector justicia” (según el Ministerio de Justicia y el Derecho), incluyendo temas que en los debates subsiguientes fueron sufriendo una extraña metamorfosis que los alejaron aún más del tímido propósito inicial, como puede constatarse en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Metamorfosis de los temas de la Reforma a la Justicia
Proyecto inicial (Agosto 2011)	Proyecto Final (Junio de 2012)
Solucionar el choque de trenes entre altas cortes causada por la tutela contra sentencias (Represamiento).	Incrementar el presupuesto destinado a la Rama Judicial con  una destinación específica y que termina siendo controlado por el Ejecutivo.
Descongestionar la justicia entregando facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje (privatización de la justicia).	Entregar facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje para administrar justicia y la posibilidad de cobrar remuneraciones.
Crear la segunda instancia en el Juzgamiento penal de los Congresistas, pero al interior de la misma Sala Penal de la Corte Suprema para delitos cometidos luego de la vigencia de la reforma.	Creación de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad electoral de los congresistas. Perdida de investidura: eliminación de 2 causales, violación de régimen de inhabilidades, la que más perdidas de investidura ha causado (39% decretadas).
Equiparar los derechos de las víctimas a los de la Fiscalía y los investigados dentro de los procesos penales.	Eliminada
Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear una nueva administración de la rama.	Creación de un nuevo sistema de administración judicial, con buen propósito, pero con una definición de competencias desatinada donde además tendría cabida el Ejecutivo.
Eliminar las competencias nominadoras de las Cortes en los órganos de control.	Eliminada
Incrementar la edad de retiro forzoso de los magistrados.	Ampliación de períodos de los magistrados e incremento de sus edades de retiro forzoso.
Fuente: Elaboración propia con base en Navarrete, J. (2012).

De tal manera, la reforma a la justicia nunca tuvo una propuesta integral al problema. El proyecto privilegió una perspectiva de “ingeniería institucional” centrada en la búsqueda de la eficiencia administrativa y presupuestal, acompañada por “micos” de impunidad en el juzgamiento de congresistas, todo ello en sintonía con un modelo de Estado no comprometido con los asuntos sociales ni con un propósito real de emprender la iniciativa de solución del problema de la justicia como problema social.

Dos escenarios: Implicaciones sociales de la aprobación y no aprobación

Aunque finalmente la propuesta se calló por el escandalo que suscitó en la opinión pública y la reacción de distintos sectores de la sociedad (lastimosamente hoy acallada), esto no significa que una reforma a la justicia no sea necesaria. Aunque la reforma no contenía una solución integral, fue una propuesta discutida por casi dos años y con la que es posible hacer el ejercicio académico de analizar escenarios en términos de sus hipotéticas implicaciones sociales.

El primer escenario es la aprobación. Suponiendo que ésta reforma constitucional hubiese pasado en silencio y entrado en vigencia, ¿cuáles serían sus implicaciones sociales? Para responder este interrogante es preciso tener en cuenta los factores anteriormente citados, explicados por Monroy Cabra, en particular, en lo ateniente a la función de mediación en la solución de conflictos, los mecanismos de acceso, la mejor solución a partir de la interpretación social y el control constitucional.

En efecto, la aprobación de la reforma hubiese desembocado en la negación del derecho a la justicia dado que la propuesta sugería privatizar componentes de su administración negando el acceso, lo que a su vez repercutiría en la resolución de conflictos por causes no institucionales (mayor violencia), pues se crearía una barrera de acceso y parcialidad de una rama del poder que si bien se encuentra congestionada y resulta ineficaz frente al número de casos -y al panorama de conflicto -, ha sido una de las formas democráticas como la ciudadanía ha logrado el restablecimiento de derechos como lo demuestran, por ejemplo, cientos de fallos de acción de tutela en materia de derechos sociales.

Así mismo, la aprobación de la reforma hubiese sido no solo en un revés en términos de exigibilidad de derechos por vía judicial sino también en el juzgamiento de los casos de parapolítica en el estamento que hace las leyes de las que derivan las políticas públicas (fundamento de la acción social del Estado), así como en la capacidad de gestión pública (Estado) y privada (organizaciones sociales y ciudadanía) de iniciativas de defensa de derechos en cualquier nivel de intervención, ya sea individual o colectivo.

Sin embargo, el segundo escenario -el ocurrido-, también tiene unas graves implicaciones sociales. La no aprobación de la reforma a la justicia trae consigo el mantenimiento, sin solución de continuidad, de problemas cuasi-endémicos de la administración de justicia que impedirán construir el tejido social necesario para el desarrollo humano y la construcción de salidas al conflicto.

El represamiento judicial y el problema de acceso a la justicia como derecho, se mantendrán sin un presupuesto y una organización adecuados a las necesidades de funcionamiento, haciendo que la mediación del Estado en los conflictos sociales siga siendo insuficiente y que, a pesar de contar con unos derechos jurídicamente establecidos, estos no se cumplan para todos los colombianos en su compleja realidad.

Recapitulación

El desatendido problema de justicia no es una cuestión netamente jurídica, puesto que tiene que ver con la búsqueda del bienestar social a través de leyes para el bien común; el aparato de justicia debe servir como mediador de conflictos, facilitar el acceso a los derechos, tener criterios sociales para dictaminar la mejor solución y contar con control y autonomía, criterios de justicia que en Colombia chocan con un panorama de ineficacia y exclusión social, agudizados por una situación de conflicto y subdesarrollo (hoy llamado con el sofisma de “desarrollo medio”) que deja al país con la necesidad histórica de trabajar en el restablecimiento de derechos.

El proyecto de reforma a la justicia en ningún momento tuvo una visión de la justicia como un problema social y de restablecimiento de derechos. La lectura del gobierno fue netamente burocrática, pretendiendo atender, mediante ajustes de ingeniería institucional, un problema que encuentra sus raíces en la crisis del Estado de bienestar y la consecuente sobre-judicialización de las relaciones sociales, los efectos del mercado, la crisis de representación y la corrupción, entre otros factores que complejizan el problema y se manifiestan en las alarmantes cifras de ineficacia.  

 Bajo los escenarios de aprobación y no aprobación de la reforma, la sociedad enfrenta un panorama de irresolución del problema. Su aprobación hubiese desembocado en la privatización del derecho mediante la intervención de otros actores parciales, restringiendo el acceso e incentivando la resolución de conflictos por cuases no institucionales. Por su parte, la no aprobación conlleva al mantenimiento de la ineficiencia, el represamiento de casos, el déficit presupuestal, etc., los cuales, en general, impiden la construcción de tejido social para el desarrollo como necesaria salida al conflicto.

El problema de la justicia, su complejidad y los resultados de los dos escenarios del malogrado intento de reforma, dejan al gobierno, a la sociedad colombiana y sobre todo a los sectores críticos de la academia y los medios de comunicación, frente a la responsabilidad de seguir propiciando este debate en el seno de la opinión pública.

Así, todos tenemos la tarea colectiva de contribuir a reconocer y evidenciar socialmente los temas fundamentales para el cambio social y político en la agenda pública, como, en este caso, el papel de la justicia en el restablecimiento de los derechos vulnerados en Colombia.

BIBLIOGRAFÍA:

·         Ministerio de Justicia y del Derecho (2012). Texto aprobado en primer debate de la segunda vuelta en la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes al Proyecto de Acto Legislativo No. 143/11 –Cámara- 07/11 Senado -Acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo Números 9/11 Senado, 11/11 Senado, 12/11 Senado Y 13/11 Senado. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/Reformajusticia3951.pdf

·         Caracol (Enero 12 de 2011). La justicia colombiana en cifras: Hay más de 2.3 millones de procesos. Caracol Radio. Recuperado de http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/la-justicia-colombiana-en-cifras-hay-mas-de-23-millones-de-procesos/20110112/nota/1410176.aspx

·         De Sousa Santos, Boaventura (2001). Los paisajes  de la justicia en las sociedades contemporáneas. En De Sousa Santos, B. y García, M. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico. Tomo I. Bogotá, Colombia: Colciencias. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Universidad de Coímbra CES- Universidad Nacional de Colombia. Siglo del Hombre Editores.

·         Diccionario práctico de la Lengua Española (1989). Bogotá, Colombia: Grijalbo.

·         Holguín, M. (18 de agosto de 2009). Impunidad. Revista Semana. Recuperado de  http://www.semana.com/opinion/impunidad/127545-3.aspx

·         Laserna, D. y Moreno, A. (2009). La Revolución a la Justicia. Recuperado http://novaleguevo.files.wordpress.com/2009/02/revolucion_a_la_justiciafinal.pdf

·         Martínez, N. (2010). Reforma Judicial. El Camino es la Constituyente. En Política Colombiana. Enero – marzo de 2010. Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República.

·         Ministerio de Justicia y del Derecho (Julio 9 de 2012). Reforma Constitucional a la Justicia. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/NewsDetail/792/1/ReformaConstitucionalalaJusticia

·         Monroy C., M.G. (2001). Introducción al derecho. Bogotá, Colombia: Temis.

·         Navarrete, J. (2012). Más allá de una Reforma a la Justicia. En Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición No. 00310, Semana del 6 al 12 de julio de 2012. Bogotá, Colombia: Corporación Viva la Ciudadanía. Recuperado en http://viva.org.co/cajavirtual/svc0310/articulo06.html

·         PNUD (2003). El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003. Bogotá, Colombia: PNUD.

---

[1] Alexander Emilio Madrigal Garzón. Politólogo Internacionalista, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Relaciones Internacionales mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador). Investigador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. http://alexandermadrigal.blogspot.com/

[2] Al respecto ver los planteamientos desde la filosofía y la teoría del derecho de Monroy C., M.G. (2001). Introducción al derecho. Bogotá, Colombia: Temis, p. 76.

[3] Desde una mirada institucional, los problemas en la administración de justicia abarcan temas como “la congestión de los despachos, la mora en los procesos, el limitado acceso de los ciudadanos a una judicial efectiva, la impunidad, el precedente judicial, la tutela contra sentencias y por supuesto la administración de la rama y presupuesto”(Navarrete, J. 2012). No obstante, es preciso resaltar la gravedad de las consecuencias sociales de ésta ineficacia institucional como una traba en la acción de restablecimiento de derechos.

EL INCREMENTO DE LOS GASTOS EN DEFENSA DE LA UNASUR Y LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA: EVALUACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL

La publicación preliminar del primer informe sobre los gastos en defensa de los doce países que hacen parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hizo públicas cifras importantes que confirman la percepción internacional de la subregión como “zona de paz”, alejada de las visiones conspirativas o recelosas con los gobiernos de izquierda o de derecha, en torno a una supuesta “carrera armamentística” impulsada por los gobiernos de la región y patrocinada por potencias foráneas...


Artículo completo en: http://gisde.wordpress.com/2012/05/15/boletin-gisde-ano-1-no-1/

ELECCIONES Y GEOPOLÍTICA:

UNA MIRADA SOBRE LOS PRINCIPALES COMICIOS ELECTORALES EN EL MUNDO

Durante este año se han presenciado procesos electorales de carácter mundial, cuyos resultados no pueden solamente limitarse a las fronteras nacionales, sino que son consecuencia y, a su vez, repercutirán sobre la situación geopolítica del mundo en el corto y mediano plazo. La tesis de los teóricos de la interdependencia, según la cual las relaciones internacionales en la globalización deben entenderse como “dependencia mutua” donde los procesos políticos internos -es decir, dentro de las fronteras nacionales- no se encuentran separados de la política internacional, parece verificarse empíricamente en el caso de recientes comicios electorales en los cuatro continentes.

En primer lugar, en Europa las tensiones sociales suscitadas por la crisis económica de la zona euro han exacerbado debates en torno al modelo de crecimiento, la migración, el multiculturalismo, la seguridad ciudadana, entre otros temas sensibles al electorado y de vital importancia para el mantenimiento de la Unión Europea; tal situación ha repercutido en que fuerzas políticas de izquierda y derecha cobren fuerza en los países europeos.

Mientras de la Francia de la Quinta República, con el triunfo socialista de François Hollande se espera una gestión de la crisis articulada con la Alemania de Merkel, capaz de equilibrar la balanza entre las necesidades de crecimiento económico y bienestar social, otros países de la Unión ven cómo toman fuerza electoral agrupaciones políticas de extrema (v.g. el caso de Grecia) con consignas que, de hacerse al poder, en el mediano plazo podrían convertirse en una amenaza para el exitoso esquema democrático europeo.

Por su parte, en Rusia la estrategia de rotación del binomio Putin-Mendeleev, ratifica la continuidad de una política heredera histórica de la Rusia imperial y de la Unión Soviética, marcada por el dominio de una elite muy ligada a los intereses armamentísticos en la región pero que ahora tendrá que enfrentar una oposición que poco a poco tenderá a la consolidación. Cosa parecida (aunque sin mascaradas democráticas) al caso de Kim Jong-chul en Corea del Norte, quien seguirá manteniendo el control absoluto del país asiático, sin que se vislumbren posibilidades para una oposición firme.    

Otro continente que exige mención aparte en la actual coyuntura es el África septentrional. La salida electoral de la “Primavera Árabe” propiciada por occidente, parece que no ha dado los resultados esperados en términos de modernización y democratización. Como muestra de ello, Egipto se encuentra sumido en la violencia política mientras se enfrentan disímiles candidatos a suceder al depuesto Mubarak  y sigue gobernando la Junta Militar;  así mismo, la frustrada primavera siria contra el régimen de Bachar El Asad, se mantiene en ciernes sin que la comunidad internacional se decida a intervenir  por los temores geoestratégicos a repetir errores como en el caso de Afganistán, Irak o recientemente en Libia.

Finalmente, resta el caso del continente americano, con dos diferentes candidatos-presidentes a relección: Barack Obama en Estados Unidos y Hugo Chávez en Venezuela. Obama como la alternativa posible frente a un republicano añejo, intenta demostrar el giro impreso a la política norteamericana desde la perspectiva demócrata que, no obstante, no todos los electores perciben, en particular la comunidad hispana; no obstante, a pesar de todo sigue siendo la única alternativa “progresista” posible en un sistema político como el norteamericano. Por su parte, si bien la oposición venezolana no logra robustecer a Henrique Capriles como autentico rival contra Chávez, la enfermedad del caudillo ha puesto en el ambiente la discusión sobre su posible sucesor y las consecuencias desestabilizadoras de un viraje político.

Aunque los casos de Estados Unidos y Venezuela son muy diferentes, ambos son procesos donde la relección se presenta como la única posibilidad de dar continuidad a una forma particular de hacer política, la cual tiene y seguirá teniendo efectos sobre la política regional y mundial, ya sea desde la perspectiva de la hegemonía o la contrahegemonía en disputa.

En conclusión, la mirada que aquí se propuso sobre los principales comicios electorales en el mundo demuestra que la situación de interdependencia mundial tiene una doble faceta que no se limita a procesos políticos nacionales aislados, sino que, en términos del juego geopolítico, tienen repercusiones globales incluso más allá de los hechos palpables. Las elecciones democráticas en un mundo dominado más por problemas intermésticos (internacionales y domésticos) con salidas nacionales que por una gobernanza global equilibrada, parece vislumbrar un panorama insostenible y sombrío en el siglo XXI.

                Alexander Emilio Madrigal Garzón.

Politólogo Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Magister en Relaciones Internacionales

Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador)

aemadrigalg@gmail.com

Mayo 7/2012