Publicado en: Observatorio de Bolivia No. 32, Programa de Fenomenología Política, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), disponible en: http://caei.com.ar/sites/default/files/obervatorio_de_bolivia.pdf
En la fenomenología política
boliviana del trimestre septiembre-noviembre de 2013 los temas de seguridad y
defensa tuvieron una presencia especial que demanda una resignificación a la
luz de las respuestas institucionales del gobierno de Evo Morales.
A manera de ejemplo, cabe traer
a colación dos acontecimientos puntuales: primero, el 28 de septiembre de 2013 se
produjo el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), en el que se logró la desarticulación de una “narcopoblación” en la
localidad de Iruni, provincia Sajama, departamento de Oruro, dedicada casi en
su totalidad a la manufactura de la droga; segundo, el 19 de octubre -de
acuerdo con declaraciones oficiales, controvertidas por los habitantes- al
menos 100 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron
emboscados por al menos 50 cocaleros en Apolo, “resistencia armada” que dejó
oficialmente 4 muertos, 13 heridos de bala y 15 policontusos, según el
Ministerio de Gobierno. Esta fenomenología revela que el narcotráfico está
emergiendo como un asunto de primer orden para la agenda de seguridad y defensa
nacional.
Más allá de que el narcotráfico
sea la actividad de producir y comercializar drogas ilícitas, se debe tener en
cuenta que este “surge como una actividad productiva y mercantil de carácter
internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y
organizaciones interesados fundamentalmente en la consecución del lucro
personal”[1]. Esto
significa que el narcotráfico tiene tres dimensiones fundamentales: el nexo con
distintas formas de ilegalidad, lo cual lo convierte en un nicho de
criminalidad asociada, afectando la seguridad de la ciudadanía; una proyección
internacional, que lo incluye en una agenda regional y hemisférica de seguridad
que involucra sobre todo las fronteras y la defensa nacional; y el ser una
actividad capitalista muy rentable, ligada a una economía subterránea con alta
capacidad de permear y transformar la cultura territorial y sus relaciones de
poder. Frente a este problema, examinemos brevemente las acciones adelantadas
por el gobierno boliviano durante el trimestre septiembre-noviembre de 2013 en
relación a estas tres dimensiones desde la perspectiva de la seguridad y la
defensa.
En primer lugar, el nexo del
narcotráfico con distintas formas de ilegalidad hace que este se considere un
problema de criminalidad con la capacidad suficiente de afectar el conjunto de
la seguridad ciudadana. Hechos como la existencia de la “narcopoblación” en la
localidad de Iruni, indican que el gobierno no tiene el control de la totalidad
del territorio nacional ni el monopolio de la fuerza, y lo que es aún más
grave, al parecer, no cuenta con estrategias policiales adecuadas para hacer
frente a este tipo de contingencias, razón por la cual se ha empezado a
considerar que las Fuerzas Armadas deben
empezar a “colaborar” en tareas de seguridad ciudadana para reforzar a la
Policía como lo propuso el diputado de Convergencia Nacional, Tomás
Monasterios, al volver a presentar el proyecto de ley “Bolivia Segura”.
Así mismo, aunque aún no se ha
identificado una relación entre el narcotráfico y el aumento de pandillas
juveniles, la percepción de inseguridad que se está generando, puede
convertirse en el caldo de cultivo para lineamientos de política de seguridad
ciudadana de corte autoritario y violatorio de los derechos humanos como parecía
configurarse en el proyecto “Ley de Lucha contra la Formación y Conformación de
Pandillas” que planteaba sancionar a las pandillas juveniles, prohibir la circulación
de grupos menores de edad a “altas horas de la noche” y además
que los padres de hijos vinculados con grupos delincuenciales no pudieran ser candidatos
o acceder a cargos públicos,
generando
polémica en juristas y en la oposición al ser visto como discriminatorio
porque, según expertos en el tema, se estaría violentando la ley contra
racismo.
La recomendación en relación al
posible impacto del narcotráfico sobre la seguridad ciudadana boliviana es que
ésta siga siendo un asunto de discusión democrática y diálogo social, cerrando
el paso a vías autoritarias o a la monopolización del tema por parte de agentes
especializados de la burocracia estatal. Lo anterior no significa desalentar
las iniciativas en la materia, puesto que lo que se necesita es justamente propuestas
frente a un problema emergente que exige respuestas efectivas desde la acción
ciudadana y policial, desaconsejando la militarización del tema.
En segundo lugar, el
narcotráfico tiene una proyección internacional, es un problema que viene de
afuera de las fronteras y que por su misma lógica estructural debe ser atendido
no solo por acciones a nivel nacional sino también a través de acuerdos de
cooperación internacional con países vecinos y con capacidad de financiación de
estrategias de control. Según declaraciones del propio Morales, hay
deficiencias en la presencia estatal en ciertas fronteras, frente a lo cual anunció
que se aumentará la presencia de militares en las mismas, además de asegurar
que su Gobierno no aceptará que en Bolivia haya libre cultivo de hoja de coca y
que continuarán las tareas de racionalización y erradicación de las
plantaciones ilegales.
De igual forma, la dotación en
defensa (la compra de 6 helicópteros Superpuma para la lucha antidroga, entre
otros), los acuerdos de cooperación para la defensa con países como Bielorusia,
el intercambio de información y el emprendimiento de proyectos de capacitación
mutua sobre tareas de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y
delitos de orden transnacional como se pactó con Uruguay, y la colaboración del
Perú con Bolivia para capturar a responsables del atentado cocalero en la
frontera, son acciones internacionales que permiten atender el problema desde
una perspectiva amplia y eficaz.
En este sentido, se sugiere que
el gobierno organice todo este tipo de acciones como parte de una estrategia de
defensa nacional contra el problema del narcotráfico[2],
manteniendo su propia lectura del problema, la cual dista de la visión hegemónica
agenciada por los Estados Unidos. Aquí resulta fundamental mantener el respecto
por la cultura ancestral indígena boliviana y recalcar usos alternativos de la
hoja de coca como bien lo viene haciendo el presidente Morales, aunque, en la
práctica, resulta difícil mantener el control absoluto sobre la producción y el
uso de la coca al interior del país, reto que debe ser atendido desde una
política pública integral que combine una intervención policial y
socio-cultural.
En tercer lugar, el
narcotráfico es una actividad capitalista muy rentable, que en casos como los
de México y Colombia, han llegado a crear una cultura mafiosa que ha puesto en
riesgo las instituciones sociales y políticas[3] así
como también ha amenazado la supervivencia de la población. En el caso de
Bolivia, las singularidades culturales y sociales, además de su ubicación
geográfica, hasta ahora habían impedido que este negocio ilegal se reprodujera
con la fuerza con que lo hizo en estos dos países. Sin embargo, Bolivia
mantiene una debilidad estatal estructural y déficits de desarrollo a pesar de la
mejoría en algunos de los indicadores sociales, situación que soporta problemas
de la pobreza, sobre todo en las regiones productoras de hoja de coca en donde economías
subterráneas ya han empezado a transformar la cultura territorial y a
establecer nuevas relaciones de poder que podrían dar lugar a la organización
de bandas narcotraficantes y al arraigamiento de esta práctica ilegal en el
territorio boliviano.
De allí que seguir con los
propósitos desarrollistas, la apuesta por el desarrollo alternativo, la
generación de capacidades institucionales y sociales, la garantía de derechos
sociales básicos y en general, el acompañamiento a las comunidades desde una
perspectiva de seguridad humana que permita mantener la cultura ancestral boliviana,
es vital para impedir que los valores del capitalismo criminal se incorporen en
la cultura boliviana.
Todo lo anterior nos lleva a reconocer que el gobierno boliviano ha llevado a cabo un conjunto de acciones en seguridad y defensa frente al problema del narcotráfico en sus dimensiones delictivas vinculadas a la agenda de seguridad ciudadana, el plano internacional en relación a las fronteras y la defensa nacional, y en cuanto actividad económica ilegal desde estrategias de desarrollo alternativo. No obstante, aún no se cuenta con un referente de acción institucional, demostrando improvisación y falta de planeación, carencia que bien podría subsanarse creando una política pública integral de lucha contra el narcotráfico que tenga en cuenta no solo el ámbito de la seguridad y la defensa sino que considere todas las acciones institucionales conexas como pasos para una política pública institucionalizada frente a un problema emergente que demanda ser atendido a tiempo.
[1] García,
V. y Pabón, N. “Algunos aspectos teóricos y conceptuales”, en: Vargas, A. (Ed.)
El papel de las Fuerzas Armadas en la
Política Antidrogas Colombiana 1985-2006, Grupo de Investigación en
Seguridad y Defensa, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25.
[2] Al
respecto, las “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la
agenda patriótica 2025” muestran un importante avance de política pública que
propone “proteger a la coca originaria y ancestral y luchar contra el narcotráfico”,
incluyendo la estrategia Bolivia frente
al Narcotráfico, integrada por 14 programas. Disponible en:
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/planificacion/directrices2025/Directrices-age-patriotica-final.pdf
[3] Una
alarma frente a esto fue la detención del encargado de la Dirección General de
la Hoja de Coca e Industrialización, Luis Cutipa, por denuncias de un supuesto
desvío ilegal de más de 35.000 toneladas de la hoja incautada.
