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domingo, 21 de junio de 2020
domingo, 19 de mayo de 2013
PROPOSICIÓN PARA UNA ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA AL PROCESO DE PAZ:El tema de la eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP
Como suelen hacer los cientistas sociales, vamos a suponer algo –un escenario- con el fin de hacer un ejercicio académico que tiene la franca pretensión de incitar al debate y, sobre todo, al posicionamiento político de todo aquel que se sienta aludido o interesado por el tema. Supongamos que:
1. Se avanza diligentemente en los temas de la agenda del así llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
2. Se llega al tercer tema “Fin del conflicto” y se discute el segundo punto referente a la “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses”.
3. Se obtiene un acuerdo general en este tema: las FARC-EP dejan las armas y se reincorporan a la vida civil.
Hasta aquí los supuestos. Respecto a los supuestos de los numerales 1 y 2, es poco lo que hoy puede afirmarse con certeza, solo que se mantienen las “conversaciones directas e ininterrumpidas” y, al parecer, no se ha llegado al tercer tema. Así las cosas, el supuesto enunciado en el numeral 3 es solo un escenario factible que, no obstante, merece la discusión académica y política. Esto es lo que se propone en esta columna.
La “historia patria” es un recurso que ofrece elementos interesantes para el debate, a partir de lecciones aprendidas sobre los anteriores procesos de desmovilización. El Estado colombiano, si bien nunca ha tenido el monopolio absoluto del uso de la violencia legítima, ha sabido resolver -parcialmente- por vías negociadas, recurrentes enfrentamientos armados en donde grupos irregulares alzados en armas, en el postconflicto: se involucraron en la sociedad nacional como cualquier otra agrupación civil o como simples ciudadanos en ejercicio; mantuvieron su irregularidad en nuevos grupos ilegales; o terminaron incorporándose a las Fuerzas Militares del Estado. Esto sucedió tras el fin de las guerras civiles en el siglo XIX, las insurrecciones bolcheviques, la violencia bipartidista, las repúblicas independientes, entre otros episodios históricos.
Bajo estos precedentes, haciendo caso omiso a otros bemoles del proceso de paz, incorporemos a las Fuerzas Militares de Colombia como la institución más implicada. Hasta ahora, su participación institucional en el proceso de paz ha sido casi nula y por las declaraciones del alto mando militar y del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, no parecen muy complacidas con la idea de negociar, tras dos periodos presidenciales en los cuales no dejaron de sostener el discurso de la “derrota absoluta del terrorismo”, el “fin del fin”, la “postvictoria”… idea que tuvo su asidero en los notables golpes propinados a las FARC-EP en aquel entonces. Igualmente, es comprensible que las Fuerzas Armadas demuestren así su compromiso con el país y la firmeza de su misión institucional; no obstante, cabe hacerles una pregunta: ¿cuál sería su posición frente a los excombatientes tras una eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP?
La pregunta por la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tiene muchas aristas que van más allá del plano militar como el asunto de su inclusión en lo económico, lo social y lo político, para evitar los dos errores centrales de los procesos anteriores: dejar semillas para la próxima confrontación violenta y/o la incorporación disfuncional (delictiva) de los excombatientes a la sociedad. Frente a ello, una propuesta que se debe barajar en la mesa de negociaciones, al interior de la institución militar y en la sociedad entera, es la incorporación del grueso de la fuerza guerrillera al cuerpo de las Fuerzas Armadas del Estado, una opción que permitiría plantear una estrategia inédita de lucha contra el narcotráfico y las demás formas de criminalidad.
Y aunque esta es una única y expresa contribución a pedir para el proceso de paz a las Fuerzas Militares de Colombia, tal proposición exige de voluntad política, legalidad y confianza, exigencias cuasi-filosóficas abstractas que no dejan de parecer un planteamiento ingenuo y poco realista. Sin embargo, es un escenario factible que merece ser planteado, así demande un alto grado de madurez política de las partes para aceptar darle un chance al “enemigo”, una institucionalidad fuerte capaz de cumplir con los compromisos adquiridos y el respaldo social necesario para posicionar el proceso, requisitos extraños para un país conservador con aversión a asumir los riesgos necesarios para un cambio que sea plasmado en un acuerdo político para una paz duradera.
lunes, 7 de junio de 2010
Editorial Política 1_UNA ILUSIÓN EN CONFLICTO: LA LIBERACIÓN DE LOS AÚN SECUESTRADOS EN COLOMBIA
Editorial Política 1 / Alexander Madrigal.
UNA ILUSIÓN EN CONFLICTO:
LA LIBERACIÓN DE LOS AÚN SECUESTRADOS EN COLOMBIA
El tema de la liberación de los secuestrados en Colombia, cuando ésta se considera desde la perspectiva político-estratégica por ambas partes en conflicto e incluso por gran parte de la sociedad nacional, fuertemente segada por la implacable autoridad del discurso oficial manejado hace ya dos periodos presidenciales, parece el fantasma de un alma en pena que recorre un país sin memoria, una especie de muerto-viviente patrio que paga en el purgatorio del negado conflicto colombiano, un tema más que simplemente desaparece en silencio cuando los medios de comunicación pasan a interesarse por algo de actualidad pero que vuelve cual alma atormentada cuando alguien se pregunta que ha pasado y por qué permitimos que continúe esta inhumana situación.
La liberación de los veintitrés uniformados aún secuestrados en Colombia –pues todavía quedan algunos luego del rescate de Ingrid Betancourt y de las vilipendiadas liberaciones unilaterales de las FARC- no pasa de ser solo otro de los “asuntos pendientes” de los tantos que no encuentran salida en nuestro absurdo realismo político. La posición del gobierno esta claramente definida por no dar el brazo a torcer y mantener la política de mano dura y “cero concesiones al narcoterrorismo”, lo cual parece verse refrendado socialmente por los votantes con las últimas elecciones a la Presidencia que favorecieron el continuismo del proyecto uribista en Juan Manuel Santos, permitiéndole mantener el poder a la oligarquía del país político como apuntara hace mas de medio siglo el caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Por otro lado, quienes a pesar de los señalamientos e invisibilización oficialistas buscan una salida negociada al conflicto y trabajan porque se den prontamente las liberaciones, intentan rescatar el asunto de un recurrente olvido, tratando de mantenerlo vivo para generar un movimiento que viabilice una agenda inicial y se construyan salidas posibles en la imposible realidad nacional donde la guerrilla tampoco cederá su limitado espacio y sus escasos recursos políticos (en este caso los secuestrados) ante ningún llamado humanitario cuando no existe un mínimo de confianza en el gobierno. En definitiva, lo único que se puede vislumbrar en medio de estos posicionamientos es la polarización, la cual no permitirá convertir la ilusión de libertad en una realidad.
Para el gobierno las liberaciones “gota a gota” son un arma política de la guerrilla, por ello, no consideran el tema como un asunto humanitario sino como parte de la estrategia terrorista, razón para privilegiar la vía militar tanto discursiva como operacionalmente aunque siempre se ofrezcan “todas las garantías” como suelen decir las distintas voces del gobierno. En el pasado episodio de liberaciones unilaterales, el presidente Uribe afirmó que las FARC tendrían todas las garantías para entregar los secuestrados pero dejó claro que las acciones para rescatarlos seguirían; además, exigió que la guerrilla se comprometiera a liberar a los demás retenidos en su poder . Las actitudes de antes son las actitudes de ahora y parece que serán las del mismo gobierno en los años venideros. Para Uribe , la cúpula militar y por añadidura el rebaño uribista y santista que confían en la política de seguridad democrática, no hay cabida a un acuerdo humanitario aunque sí a una liberación sin concesiones a partir de unas garantías mínimas que no otorguen ningún protagonismo a las FARC ni a cualquier partícipe diferente al gobierno. Así, difícilmente podrá lograrse cualquier liberación cuando no existe la más mínima confianza entre las partes, cuando se asume una postura arrogante desde el gobierno y defensiva desde las FARC, cuando se tacha a los mediadores de oportunistas o cómplices del terrorismo, con unos medios de comunicación que además ayudan a mantener una lectura partidaria del manejo del conflicto dado por el gobierno, tema que a propósito de las elecciones fue evadido por casi todos los candidatos a pesar de ser parte de lo que justificó la asunción de Uribe en los dos periodos presidenciales.
En el otro extremo se encuentran las FARC, organización que en Colombia, de no designarse con el rótulo de “narcoterrorista”, se podría entrar automáticamente a ser parte de sus filas o por lo menos su “apoyo de civil”, grado absurdo que demuestra la degeneración intencional de la opinión libre frente a los actores del conflicto. Su postura, al igual que la del gobierno, se mantiene en un idealismo imposible frente a la realidad política nacional. En unas de las últimas declaraciones del máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, se presenta una postura completamente contraria pero de similar carácter a la de Uribe. Cano insiste en la demanda de realizar un canje o intercambio de secuestrados por guerrilleros en prisión, afirmando: "Estamos convencidos que de materializarse un acuerdo de canje, se abrirían inmensas posibilidades hacia la solución política del conflicto” , anuncio realizado antes de la liberación del soldado Calvo y del cabo Moncayo. Para las FARC, los secuestrados representan la puerta de entrada de un acercamiento, bajo unas condiciones previas y con el acuerdo de unas "reglas de juego", mostrándose como siempre dispuestos a buscar una salida pero sin entregarse o correr el riesgo de otra victoriosa operación de rescate ni perder la oportunidad de recuperar un estatus negado luego de las mal manejadas negociaciones del Caguan.
En este contexto polarizado y aún peor polarizante, la voz de la ciudadanía en torno a la recuperación del tema del conflicto colombiano, donde uno de sus componentes es el acuerdo por la liberación de todos los secuestrados, románticamente con amplia participación de sectores sociales, políticos y académicos, sería por lo menos la esperanza de cumplir la labor de Sísifo en el infierno: empujar cuesta arriba, por una ladera empinada de un país y un gobierno cuyas preocupaciones son otras, la enorme piedra de la salida al conflicto. No sobra reiterar que es necesario generar encuentros por la paz, como la expresión de voluntades que buscan articularse para construir una ruta perdida o tal vez nunca hallada en nuestro país y que a pesar de los esfuerzos y de mantener una debilitada vigencia del tema, no ha logrado generar un movimiento nacional por la paz que haga cambiar la férrea postura del gobierno y concienciar a los cientos de colombianos que aun confían en la política de mano dura a pesar de los cuestionamientos en materia de Derechos Humanos y de la sombra que se teje sobre casi el poder público, centralizado con el presidencialismo reforzado.
El último episodio de esta tragedia histórica se comienza a representar con las pruebas de vida de cuatro policías y un militar secuestrados que fueron enviadas por las FARC a la senadora Piedad Córdoba . Nuevamente se encontrarán actores inconciliables e intransigentes cuyas lecturas de la realidad son diferentes y que no parece puedan romper el equilibrio inestable del aplazamiento de un asunto humanitario. Si la liberación de los secuestrados se concibiera como lo que es, un acto de humanidad como muestra de respeto de unos mínimos en medio de la confrontación, el tema sería menos complicado; pero en realidad persiste una visión político-militar de parte y parte, donde los secuestrados se reducen a un objeto de negociación y no se conciben como un sujeto victima de un conflicto sin salida. Y en este cuadrilátero, el arbitro sociedad civil organizada intenta minoritariamente plantear unas formas de dialogo que lamentablemente se tienden a alejar de lo posible en este país de lo imposible.
La ilusión de la liberación de los secuestrados solo es una quimera, los soldados y policías retenidos están en medio del conflicto y su salida se encuentra ligada a una propuesta y a un acuerdo entre las partes. Las pasadas declaraciones de Uribe y de Cano muestran que no hay ningún punto de acercamiento, cada uno utiliza un lenguaje en defensa de su política y propio de un contexto de guerra; palabras de ayer posiciones de siempre. En este contexto, las acciones de la sociedad civil o de las organizaciones sociales que cumplen este papel, son importantes para recordarle a ambos actores que el aplazamiento de la única vía posible de solución del conflicto solo conlleva a que perdamos más la esperanza en que este país realmente tiene futuro; el activismo social, la movilización y la recuperación del tema de la liberación de los secuestrados en la agenda del gobierno entrante es un buen paso hacia “algo”, un algo nebuloso y contingente pero que por lo menos vuelve su atención sobre el alma solitaria del secuestro, proporcionándole una mínima ilusión de libertad que podría llevarla a encontrar un poco de paz que no ha encontrado Colombia.
Alexander Madrigal
Politólogo – Investigador
aemadrigalg@gmail.com
Junio 7/2010.
UNA ILUSIÓN EN CONFLICTO:
LA LIBERACIÓN DE LOS AÚN SECUESTRADOS EN COLOMBIA
El tema de la liberación de los secuestrados en Colombia, cuando ésta se considera desde la perspectiva político-estratégica por ambas partes en conflicto e incluso por gran parte de la sociedad nacional, fuertemente segada por la implacable autoridad del discurso oficial manejado hace ya dos periodos presidenciales, parece el fantasma de un alma en pena que recorre un país sin memoria, una especie de muerto-viviente patrio que paga en el purgatorio del negado conflicto colombiano, un tema más que simplemente desaparece en silencio cuando los medios de comunicación pasan a interesarse por algo de actualidad pero que vuelve cual alma atormentada cuando alguien se pregunta que ha pasado y por qué permitimos que continúe esta inhumana situación.
La liberación de los veintitrés uniformados aún secuestrados en Colombia –pues todavía quedan algunos luego del rescate de Ingrid Betancourt y de las vilipendiadas liberaciones unilaterales de las FARC- no pasa de ser solo otro de los “asuntos pendientes” de los tantos que no encuentran salida en nuestro absurdo realismo político. La posición del gobierno esta claramente definida por no dar el brazo a torcer y mantener la política de mano dura y “cero concesiones al narcoterrorismo”, lo cual parece verse refrendado socialmente por los votantes con las últimas elecciones a la Presidencia que favorecieron el continuismo del proyecto uribista en Juan Manuel Santos, permitiéndole mantener el poder a la oligarquía del país político como apuntara hace mas de medio siglo el caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Por otro lado, quienes a pesar de los señalamientos e invisibilización oficialistas buscan una salida negociada al conflicto y trabajan porque se den prontamente las liberaciones, intentan rescatar el asunto de un recurrente olvido, tratando de mantenerlo vivo para generar un movimiento que viabilice una agenda inicial y se construyan salidas posibles en la imposible realidad nacional donde la guerrilla tampoco cederá su limitado espacio y sus escasos recursos políticos (en este caso los secuestrados) ante ningún llamado humanitario cuando no existe un mínimo de confianza en el gobierno. En definitiva, lo único que se puede vislumbrar en medio de estos posicionamientos es la polarización, la cual no permitirá convertir la ilusión de libertad en una realidad.
Para el gobierno las liberaciones “gota a gota” son un arma política de la guerrilla, por ello, no consideran el tema como un asunto humanitario sino como parte de la estrategia terrorista, razón para privilegiar la vía militar tanto discursiva como operacionalmente aunque siempre se ofrezcan “todas las garantías” como suelen decir las distintas voces del gobierno. En el pasado episodio de liberaciones unilaterales, el presidente Uribe afirmó que las FARC tendrían todas las garantías para entregar los secuestrados pero dejó claro que las acciones para rescatarlos seguirían; además, exigió que la guerrilla se comprometiera a liberar a los demás retenidos en su poder . Las actitudes de antes son las actitudes de ahora y parece que serán las del mismo gobierno en los años venideros. Para Uribe , la cúpula militar y por añadidura el rebaño uribista y santista que confían en la política de seguridad democrática, no hay cabida a un acuerdo humanitario aunque sí a una liberación sin concesiones a partir de unas garantías mínimas que no otorguen ningún protagonismo a las FARC ni a cualquier partícipe diferente al gobierno. Así, difícilmente podrá lograrse cualquier liberación cuando no existe la más mínima confianza entre las partes, cuando se asume una postura arrogante desde el gobierno y defensiva desde las FARC, cuando se tacha a los mediadores de oportunistas o cómplices del terrorismo, con unos medios de comunicación que además ayudan a mantener una lectura partidaria del manejo del conflicto dado por el gobierno, tema que a propósito de las elecciones fue evadido por casi todos los candidatos a pesar de ser parte de lo que justificó la asunción de Uribe en los dos periodos presidenciales.
En el otro extremo se encuentran las FARC, organización que en Colombia, de no designarse con el rótulo de “narcoterrorista”, se podría entrar automáticamente a ser parte de sus filas o por lo menos su “apoyo de civil”, grado absurdo que demuestra la degeneración intencional de la opinión libre frente a los actores del conflicto. Su postura, al igual que la del gobierno, se mantiene en un idealismo imposible frente a la realidad política nacional. En unas de las últimas declaraciones del máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, se presenta una postura completamente contraria pero de similar carácter a la de Uribe. Cano insiste en la demanda de realizar un canje o intercambio de secuestrados por guerrilleros en prisión, afirmando: "Estamos convencidos que de materializarse un acuerdo de canje, se abrirían inmensas posibilidades hacia la solución política del conflicto” , anuncio realizado antes de la liberación del soldado Calvo y del cabo Moncayo. Para las FARC, los secuestrados representan la puerta de entrada de un acercamiento, bajo unas condiciones previas y con el acuerdo de unas "reglas de juego", mostrándose como siempre dispuestos a buscar una salida pero sin entregarse o correr el riesgo de otra victoriosa operación de rescate ni perder la oportunidad de recuperar un estatus negado luego de las mal manejadas negociaciones del Caguan.
En este contexto polarizado y aún peor polarizante, la voz de la ciudadanía en torno a la recuperación del tema del conflicto colombiano, donde uno de sus componentes es el acuerdo por la liberación de todos los secuestrados, románticamente con amplia participación de sectores sociales, políticos y académicos, sería por lo menos la esperanza de cumplir la labor de Sísifo en el infierno: empujar cuesta arriba, por una ladera empinada de un país y un gobierno cuyas preocupaciones son otras, la enorme piedra de la salida al conflicto. No sobra reiterar que es necesario generar encuentros por la paz, como la expresión de voluntades que buscan articularse para construir una ruta perdida o tal vez nunca hallada en nuestro país y que a pesar de los esfuerzos y de mantener una debilitada vigencia del tema, no ha logrado generar un movimiento nacional por la paz que haga cambiar la férrea postura del gobierno y concienciar a los cientos de colombianos que aun confían en la política de mano dura a pesar de los cuestionamientos en materia de Derechos Humanos y de la sombra que se teje sobre casi el poder público, centralizado con el presidencialismo reforzado.
El último episodio de esta tragedia histórica se comienza a representar con las pruebas de vida de cuatro policías y un militar secuestrados que fueron enviadas por las FARC a la senadora Piedad Córdoba . Nuevamente se encontrarán actores inconciliables e intransigentes cuyas lecturas de la realidad son diferentes y que no parece puedan romper el equilibrio inestable del aplazamiento de un asunto humanitario. Si la liberación de los secuestrados se concibiera como lo que es, un acto de humanidad como muestra de respeto de unos mínimos en medio de la confrontación, el tema sería menos complicado; pero en realidad persiste una visión político-militar de parte y parte, donde los secuestrados se reducen a un objeto de negociación y no se conciben como un sujeto victima de un conflicto sin salida. Y en este cuadrilátero, el arbitro sociedad civil organizada intenta minoritariamente plantear unas formas de dialogo que lamentablemente se tienden a alejar de lo posible en este país de lo imposible.
La ilusión de la liberación de los secuestrados solo es una quimera, los soldados y policías retenidos están en medio del conflicto y su salida se encuentra ligada a una propuesta y a un acuerdo entre las partes. Las pasadas declaraciones de Uribe y de Cano muestran que no hay ningún punto de acercamiento, cada uno utiliza un lenguaje en defensa de su política y propio de un contexto de guerra; palabras de ayer posiciones de siempre. En este contexto, las acciones de la sociedad civil o de las organizaciones sociales que cumplen este papel, son importantes para recordarle a ambos actores que el aplazamiento de la única vía posible de solución del conflicto solo conlleva a que perdamos más la esperanza en que este país realmente tiene futuro; el activismo social, la movilización y la recuperación del tema de la liberación de los secuestrados en la agenda del gobierno entrante es un buen paso hacia “algo”, un algo nebuloso y contingente pero que por lo menos vuelve su atención sobre el alma solitaria del secuestro, proporcionándole una mínima ilusión de libertad que podría llevarla a encontrar un poco de paz que no ha encontrado Colombia.
Alexander Madrigal
Politólogo – Investigador
aemadrigalg@gmail.com
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