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Colombia
Politólogo-Investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Relaciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos,Universidad Andina Simón Bolívar.
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jueves, 9 de agosto de 2012

LA JUSTICIA EN LA VULNERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN COLOMBIA: Implicaciones sociales del aplazamiento indefinido de la frustrada reforma



Los medios de comunicación hegemónicos y la falta de una opinión pública activa, quizás sean los responsables de que en Colombia nos dejemos imponer día a día temas coyunturales, unas veces vanos otras tantas tergiversados; asuntos que simplemente pasan y nada dejan en la mentalidad colectiva, olvidando casi totalmente los debates que suscitaron y los escandalosos casos puestos en evidencia como todo lo concerniente al tema de la justicia en Colombia.
Para este país sin memoria de corto ni largo plazo, es preciso entonces retomar uno de estos tantos asuntos, para -por lo menos-, dejar una constancia escrita para que cuando en unos años se vuelva a repetir la discusión no caigamos en la misma visión simplista. El polémico y frustrado acto legislativo “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”, más allá del debate político nacional sobre la quebrantada legitimidad de las ramas del poder público y el cuestionamiento nacional del grado de nuestra institucionalidad democrática, es una valiosa oportunidad para ello y para evaluar el estado del derecho a la justicia en Colombia.
Por esta razón, se propone aquí analizar desde una perspectiva social y con fines académicos si se quiere, las hipotéticas implicaciones del proyecto de reforma a la justicia en torno a la vulneración y el restablecimiento de derechos como última discusión gubernamental sobre el tema, bajo dos escenarios como son la aprobación (frustrada) y la no aprobación (ocurrida) de la reforma como mecanismo jurídico propuesto por el gobierno para solucionar los problemas de la justicia.
Con este fin, en primer lugar es necesario identificar algunos elementos conceptuales del problema de la justicia, para en segunda instancia recuperar el proyecto de reforma y plantear, bajo los escenarios de aprobación y no aprobación de la misma, las implicaciones sociales desde una perspectiva social, para finalmente terminar concluyendo en el reconocimiento del papel de la justicia en el restablecimiento de los derechos vulnerados en Colombia.
La justicia en Colombia: Un problema desatendido
Como categoría política, virtud pública o valor social, el Diccionario práctico de la Lengua Española (1989) sostiene que la justicia “afirma el derecho de cada uno a que le sea reconocido lo suyo o las consecuencias de su comportamiento”. Tal reconocimiento únicamente puede ser social, lo cual otorga a la justicia un lugar cardinal en el orden político. Desde una visión normativa, la filosofía política clásica dice que la justicia “es parte esencial del bienestar” [Platón] y que “ser justo es la cualidad de obrar conforme a las leyes cuando estas tienden a una ventaja común” [Aristóteles][2].
Según el jurista Marco Gerardo Monroy Cabra (2001), el derecho es un “instrumento de convivencia y paz social” de cuya eficacia dependen las relaciones entre la justicia y la sociedad. Así, es claro que la aspiración del derecho es contribuir a una sociedad justa, a través de un aparato de justicia que, entre otros factores: 1) sea capaz de servir como mediador social para la solución de conflictos; 2) cuente con mecanismos de acceso a la justicia, especialmente para las clases populares; 3) propenda por la búsqueda de la mejor solución con base en una interpretación social y principios sociales; y 4) cuente con un control de constitucionalidad ejercido por un órgano independiente y autónomo (Monroy, M., 2001, p. 77).
Trayendo estos principios al contexto colombiano: ¿qué se puede esperar de una sociedad como la colombiana en donde existe un grave déficit de justicia y las instituciones parecen no atender al interés general? Sin necesidad de adentrarse en el debate sobre los problemas de su administración[3], existe un amplio consenso en que “hoy la justicia colombiana se caracteriza por su morosidad y por haberse convertido en un nuevo factor de exclusión social, porque los más humildes no tienen formas reales de llegar a ella y obtenerla” (Martínez, N., 2010, p. 7). De allí la necesidad de atender el problema de la justicia como epicentro histórico del conflicto social, político y armado colombiano, elemento central a solucionar para la cimentación colectiva del desarrollo humano entendido como “el aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes de un país” (PNUD, 2003, p. 99).
Ciertamente, si bien el conflicto colombiano no es el único elemento que explica la situación de inequidad, violencia e injusticia, sus lógicas de degradación “inciden sobre el desarrollo humano de dos modos principales: truncando directamente las opciones de las personas que padecen el conflicto, o afectando el contexto económico, social, político e internacional para el desarrollo” (PNUD, 2003, p. 99).  Es evidente que la situación de injusticia, conflicto y subdesarrollo, convierte al país en un basto campo de acción para la necesaria tarea de construcción de tejido social desde un concepto social de justicia.
Según cifras de 2011 “al comenzar este año había en el país 2 millones 354 mil 560 procesos judiciales. Al día en Colombia surgen 9.500 procesos judiciales. Cada uno de los funcionarios de la rama trabaja sobre 592 procesos por año. El país cuenta con 515 magistrados y con cuatro mil jueces” (Caracol, 2011), lo cual demuestra el desequilibrio entre “oferta y demanda” de justicia pública. Por otra parte, la cifra de impunidad como un indicador de injusticia señala que “esta se ha mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento” (Holguín, M., 2009), evidenciando la ineficacia absoluta del aparato de justicia.
Sin embargo, el problema de la justicia en Colombia no se limita al desbordamiento y la ineficacia administrativa frente a las necesidades sociales. Un estudio de Laserna y Moreno (2009), analiza algunos aspectos sociales y señala como obstáculos al acceso a la justicia: la falta de información, los costos económicos de la justicia, la corrupción, el formalismo, el miedo y la desconfianza y las demoras procesales. Tal panorama demanda una urgente intervención gubernamental más allá de una mera reforma administrativa.
El Proyecto de reforma a la justicia: ¿era una verdadera solución?
Si bien el problema de la administración de justicia -y en consecuencia la vulneración y no restablecimiento de derechos-, ha sido un asunto institucionalmente desatendido, se agudiza en el periodo de crisis del Estado bienestar, que en el contexto colombiano coincide con la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2001), esta crisis del Estado se manifiesta en su incapacidad financiera, la burocratización, la difusión del modelo neoliberal, la globalización económica, entre otros factores que impactarían en el sistema jurídico, en la actividad de los jueces y en el significado socio-político del poder judicial, acrecentando la sobre-juridización de las prácticas sociales, el surgimiento de otras instancias de solución de litigios sujetas al mercado, la erosión de la legitimidad de los jueces por la complejización de los casos y la crisis de representación política donde la corrupción no encuentra mecanismos de freno (De Sousa Santos, B., 2001, pp. 97-104).   
Pese a tratarse de un asunto tan complejo, la más reciente propuesta presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos en agosto de 2011, se planteó como “una reforma constitucional a la justicia que propende por la ampliación de la oferta de Justicia, la mejora en la prestación de este servicio público y la reorganización de la institucionalidad vinculada al sector justicia” (según el Ministerio de Justicia y el Derecho), incluyendo temas que en los debates subsiguientes fueron sufriendo una extraña metamorfosis que los alejaron aún más del tímido propósito inicial, como puede constatarse en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Metamorfosis de los temas de la Reforma a la Justicia
Proyecto inicial (Agosto 2011)
Proyecto Final (Junio de 2012)
Solucionar el choque de trenes entre altas cortes causada por la tutela contra sentencias (Represamiento).
Incrementar el presupuesto destinado a la Rama Judicial con  una destinación específica y que termina siendo controlado por el Ejecutivo.
Descongestionar la justicia entregando facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje (privatización de la justicia).
Entregar facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje para administrar justicia y la posibilidad de cobrar remuneraciones.
Crear la segunda instancia en el Juzgamiento penal de los Congresistas, pero al interior de la misma Sala Penal de la Corte Suprema para delitos cometidos luego de la vigencia de la reforma.
Creación de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad electoral de los congresistas. Perdida de investidura: eliminación de 2 causales, violación de régimen de inhabilidades, la que más perdidas de investidura ha causado (39% decretadas).
Equiparar los derechos de las víctimas a los de la Fiscalía y los investigados dentro de los procesos penales.
Eliminada
Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear una nueva administración de la rama.
Creación de un nuevo sistema de administración judicial, con buen propósito, pero con una definición de competencias desatinada donde además tendría cabida el Ejecutivo.
Eliminar las competencias nominadoras de las Cortes en los órganos de control.
Eliminada
Incrementar la edad de retiro forzoso de los magistrados.
Ampliación de períodos de los magistrados e incremento de sus edades de retiro forzoso.
Fuente: Elaboración propia con base en Navarrete, J. (2012).

De tal manera, la reforma a la justicia nunca tuvo una propuesta integral al problema. El proyecto privilegió una perspectiva de “ingeniería institucional” centrada en la búsqueda de la eficiencia administrativa y presupuestal, acompañada por “micos” de impunidad en el juzgamiento de congresistas, todo ello en sintonía con un modelo de Estado no comprometido con los asuntos sociales ni con un propósito real de emprender la iniciativa de solución del problema de la justicia como problema social.
Dos escenarios: Implicaciones sociales de la aprobación y no aprobación
Aunque finalmente la propuesta se calló por el escandalo que suscitó en la opinión pública y la reacción de distintos sectores de la sociedad (lastimosamente hoy acallada), esto no significa que una reforma a la justicia no sea necesaria. Aunque la reforma no contenía una solución integral, fue una propuesta discutida por casi dos años y con la que es posible hacer el ejercicio académico de analizar escenarios en términos de sus hipotéticas implicaciones sociales.
El primer escenario es la aprobación. Suponiendo que ésta reforma constitucional hubiese pasado en silencio y entrado en vigencia, ¿cuáles serían sus implicaciones sociales? Para responder este interrogante es preciso tener en cuenta los factores anteriormente citados, explicados por Monroy Cabra, en particular, en lo ateniente a la función de mediación en la solución de conflictos, los mecanismos de acceso, la mejor solución a partir de la interpretación social y el control constitucional.
En efecto, la aprobación de la reforma hubiese desembocado en la negación del derecho a la justicia dado que la propuesta sugería privatizar componentes de su administración negando el acceso, lo que a su vez repercutiría en la resolución de conflictos por causes no institucionales (mayor violencia), pues se crearía una barrera de acceso y parcialidad de una rama del poder que si bien se encuentra congestionada y resulta ineficaz frente al número de casos -y al panorama de conflicto -, ha sido una de las formas democráticas como la ciudadanía ha logrado el restablecimiento de derechos como lo demuestran, por ejemplo, cientos de fallos de acción de tutela en materia de derechos sociales.
Así mismo, la aprobación de la reforma hubiese sido no solo en un revés en términos de exigibilidad de derechos por vía judicial sino también en el juzgamiento de los casos de parapolítica en el estamento que hace las leyes de las que derivan las políticas públicas (fundamento de la acción social del Estado), así como en la capacidad de gestión pública (Estado) y privada (organizaciones sociales y ciudadanía) de iniciativas de defensa de derechos en cualquier nivel de intervención, ya sea individual o colectivo.
Sin embargo, el segundo escenario -el ocurrido-, también tiene unas graves implicaciones sociales. La no aprobación de la reforma a la justicia trae consigo el mantenimiento, sin solución de continuidad, de problemas cuasi-endémicos de la administración de justicia que impedirán construir el tejido social necesario para el desarrollo humano y la construcción de salidas al conflicto.
El represamiento judicial y el problema de acceso a la justicia como derecho, se mantendrán sin un presupuesto y una organización adecuados a las necesidades de funcionamiento, haciendo que la mediación del Estado en los conflictos sociales siga siendo insuficiente y que, a pesar de contar con unos derechos jurídicamente establecidos, estos no se cumplan para todos los colombianos en su compleja realidad.
Recapitulación
El desatendido problema de justicia no es una cuestión netamente jurídica, puesto que tiene que ver con la búsqueda del bienestar social a través de leyes para el bien común; el aparato de justicia debe servir como mediador de conflictos, facilitar el acceso a los derechos, tener criterios sociales para dictaminar la mejor solución y contar con control y autonomía, criterios de justicia que en Colombia chocan con un panorama de ineficacia y exclusión social, agudizados por una situación de conflicto y subdesarrollo (hoy llamado con el sofisma de “desarrollo medio”) que deja al país con la necesidad histórica de trabajar en el restablecimiento de derechos.
El proyecto de reforma a la justicia en ningún momento tuvo una visión de la justicia como un problema social y de restablecimiento de derechos. La lectura del gobierno fue netamente burocrática, pretendiendo atender, mediante ajustes de ingeniería institucional, un problema que encuentra sus raíces en la crisis del Estado de bienestar y la consecuente sobre-judicialización de las relaciones sociales, los efectos del mercado, la crisis de representación y la corrupción, entre otros factores que complejizan el problema y se manifiestan en las alarmantes cifras de ineficacia.  
 Bajo los escenarios de aprobación y no aprobación de la reforma, la sociedad enfrenta un panorama de irresolución del problema. Su aprobación hubiese desembocado en la privatización del derecho mediante la intervención de otros actores parciales, restringiendo el acceso e incentivando la resolución de conflictos por cuases no institucionales. Por su parte, la no aprobación conlleva al mantenimiento de la ineficiencia, el represamiento de casos, el déficit presupuestal, etc., los cuales, en general, impiden la construcción de tejido social para el desarrollo como necesaria salida al conflicto.
El problema de la justicia, su complejidad y los resultados de los dos escenarios del malogrado intento de reforma, dejan al gobierno, a la sociedad colombiana y sobre todo a los sectores críticos de la academia y los medios de comunicación, frente a la responsabilidad de seguir propiciando este debate en el seno de la opinión pública.
Así, todos tenemos la tarea colectiva de contribuir a reconocer y evidenciar socialmente los temas fundamentales para el cambio social y político en la agenda pública, como, en este caso, el papel de la justicia en el restablecimiento de los derechos vulnerados en Colombia.
BIBLIOGRAFÍA:
·         Ministerio de Justicia y del Derecho (2012). Texto aprobado en primer debate de la segunda vuelta en la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes al Proyecto de Acto Legislativo No. 143/11 –Cámara- 07/11 Senado -Acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo Números 9/11 Senado, 11/11 Senado, 12/11 Senado Y 13/11 Senado. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/Reformajusticia3951.pdf
·         Caracol (Enero 12 de 2011). La justicia colombiana en cifras: Hay más de 2.3 millones de procesos. Caracol Radio. Recuperado de http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/la-justicia-colombiana-en-cifras-hay-mas-de-23-millones-de-procesos/20110112/nota/1410176.aspx
·         De Sousa Santos, Boaventura (2001). Los paisajes  de la justicia en las sociedades contemporáneas. En De Sousa Santos, B. y García, M. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico. Tomo I. Bogotá, Colombia: Colciencias. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Universidad de Coímbra CES- Universidad Nacional de Colombia. Siglo del Hombre Editores.
·         Diccionario práctico de la Lengua Española (1989). Bogotá, Colombia: Grijalbo.
·         Holguín, M. (18 de agosto de 2009). Impunidad. Revista Semana. Recuperado de  http://www.semana.com/opinion/impunidad/127545-3.aspx
·         Laserna, D. y Moreno, A. (2009). La Revolución a la Justicia. Recuperado http://novaleguevo.files.wordpress.com/2009/02/revolucion_a_la_justiciafinal.pdf
·         Martínez, N. (2010). Reforma Judicial. El Camino es la Constituyente. En Política Colombiana. Enero – marzo de 2010. Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República.
·         Ministerio de Justicia y del Derecho (Julio 9 de 2012). Reforma Constitucional a la Justicia. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/NewsDetail/792/1/ReformaConstitucionalalaJusticia
·         Monroy C., M.G. (2001). Introducción al derecho. Bogotá, Colombia: Temis.
·         Navarrete, J. (2012). Más allá de una Reforma a la Justicia. En Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición No. 00310, Semana del 6 al 12 de julio de 2012. Bogotá, Colombia: Corporación Viva la Ciudadanía. Recuperado en http://viva.org.co/cajavirtual/svc0310/articulo06.html
·         PNUD (2003). El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003. Bogotá, Colombia: PNUD.


[1] Alexander Emilio Madrigal Garzón. Politólogo Internacionalista, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Relaciones Internacionales mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador). Investigador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. http://alexandermadrigal.blogspot.com/
[2] Al respecto ver los planteamientos desde la filosofía y la teoría del derecho de Monroy C., M.G. (2001). Introducción al derecho. Bogotá, Colombia: Temis, p. 76.
[3] Desde una mirada institucional, los problemas en la administración de justicia abarcan temas como “la congestión de los despachos, la mora en los procesos, el limitado acceso de los ciudadanos a una judicial efectiva, la impunidad, el precedente judicial, la tutela contra sentencias y por supuesto la administración de la rama y presupuesto”(Navarrete, J. 2012). No obstante, es preciso resaltar la gravedad de las consecuencias sociales de ésta ineficacia institucional como una traba en la acción de restablecimiento de derechos.

lunes, 7 de junio de 2010

Editorial Política 1_UNA ILUSIÓN EN CONFLICTO: LA LIBERACIÓN DE LOS AÚN SECUESTRADOS EN COLOMBIA

Editorial Política 1 / Alexander Madrigal.

UNA ILUSIÓN EN CONFLICTO:
LA LIBERACIÓN DE LOS AÚN SECUESTRADOS EN COLOMBIA

El tema de la liberación de los secuestrados en Colombia, cuando ésta se considera desde la perspectiva político-estratégica por ambas partes en conflicto e incluso por gran parte de la sociedad nacional, fuertemente segada por la implacable autoridad del discurso oficial manejado hace ya dos periodos presidenciales, parece el fantasma de un alma en pena que recorre un país sin memoria, una especie de muerto-viviente patrio que paga en el purgatorio del negado conflicto colombiano, un tema más que simplemente desaparece en silencio cuando los medios de comunicación pasan a interesarse por algo de actualidad pero que vuelve cual alma atormentada cuando alguien se pregunta que ha pasado y por qué permitimos que continúe esta inhumana situación.

La liberación de los veintitrés uniformados aún secuestrados en Colombia –pues todavía quedan algunos luego del rescate de Ingrid Betancourt y de las vilipendiadas liberaciones unilaterales de las FARC- no pasa de ser solo otro de los “asuntos pendientes” de los tantos que no encuentran salida en nuestro absurdo realismo político. La posición del gobierno esta claramente definida por no dar el brazo a torcer y mantener la política de mano dura y “cero concesiones al narcoterrorismo”, lo cual parece verse refrendado socialmente por los votantes con las últimas elecciones a la Presidencia que favorecieron el continuismo del proyecto uribista en Juan Manuel Santos, permitiéndole mantener el poder a la oligarquía del país político como apuntara hace mas de medio siglo el caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Por otro lado, quienes a pesar de los señalamientos e invisibilización oficialistas buscan una salida negociada al conflicto y trabajan porque se den prontamente las liberaciones, intentan rescatar el asunto de un recurrente olvido, tratando de mantenerlo vivo para generar un movimiento que viabilice una agenda inicial y se construyan salidas posibles en la imposible realidad nacional donde la guerrilla tampoco cederá su limitado espacio y sus escasos recursos políticos (en este caso los secuestrados) ante ningún llamado humanitario cuando no existe un mínimo de confianza en el gobierno. En definitiva, lo único que se puede vislumbrar en medio de estos posicionamientos es la polarización, la cual no permitirá convertir la ilusión de libertad en una realidad.

Para el gobierno las liberaciones “gota a gota” son un arma política de la guerrilla, por ello, no consideran el tema como un asunto humanitario sino como parte de la estrategia terrorista, razón para privilegiar la vía militar tanto discursiva como operacionalmente aunque siempre se ofrezcan “todas las garantías” como suelen decir las distintas voces del gobierno. En el pasado episodio de liberaciones unilaterales, el presidente Uribe afirmó que las FARC tendrían todas las garantías para entregar los secuestrados pero dejó claro que las acciones para rescatarlos seguirían; además, exigió que la guerrilla se comprometiera a liberar a los demás retenidos en su poder . Las actitudes de antes son las actitudes de ahora y parece que serán las del mismo gobierno en los años venideros. Para Uribe , la cúpula militar y por añadidura el rebaño uribista y santista que confían en la política de seguridad democrática, no hay cabida a un acuerdo humanitario aunque sí a una liberación sin concesiones a partir de unas garantías mínimas que no otorguen ningún protagonismo a las FARC ni a cualquier partícipe diferente al gobierno. Así, difícilmente podrá lograrse cualquier liberación cuando no existe la más mínima confianza entre las partes, cuando se asume una postura arrogante desde el gobierno y defensiva desde las FARC, cuando se tacha a los mediadores de oportunistas o cómplices del terrorismo, con unos medios de comunicación que además ayudan a mantener una lectura partidaria del manejo del conflicto dado por el gobierno, tema que a propósito de las elecciones fue evadido por casi todos los candidatos a pesar de ser parte de lo que justificó la asunción de Uribe en los dos periodos presidenciales.

En el otro extremo se encuentran las FARC, organización que en Colombia, de no designarse con el rótulo de “narcoterrorista”, se podría entrar automáticamente a ser parte de sus filas o por lo menos su “apoyo de civil”, grado absurdo que demuestra la degeneración intencional de la opinión libre frente a los actores del conflicto. Su postura, al igual que la del gobierno, se mantiene en un idealismo imposible frente a la realidad política nacional. En unas de las últimas declaraciones del máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, se presenta una postura completamente contraria pero de similar carácter a la de Uribe. Cano insiste en la demanda de realizar un canje o intercambio de secuestrados por guerrilleros en prisión, afirmando: "Estamos convencidos que de materializarse un acuerdo de canje, se abrirían inmensas posibilidades hacia la solución política del conflicto” , anuncio realizado antes de la liberación del soldado Calvo y del cabo Moncayo. Para las FARC, los secuestrados representan la puerta de entrada de un acercamiento, bajo unas condiciones previas y con el acuerdo de unas "reglas de juego", mostrándose como siempre dispuestos a buscar una salida pero sin entregarse o correr el riesgo de otra victoriosa operación de rescate ni perder la oportunidad de recuperar un estatus negado luego de las mal manejadas negociaciones del Caguan.

En este contexto polarizado y aún peor polarizante, la voz de la ciudadanía en torno a la recuperación del tema del conflicto colombiano, donde uno de sus componentes es el acuerdo por la liberación de todos los secuestrados, románticamente con amplia participación de sectores sociales, políticos y académicos, sería por lo menos la esperanza de cumplir la labor de Sísifo en el infierno: empujar cuesta arriba, por una ladera empinada de un país y un gobierno cuyas preocupaciones son otras, la enorme piedra de la salida al conflicto. No sobra reiterar que es necesario generar encuentros por la paz, como la expresión de voluntades que buscan articularse para construir una ruta perdida o tal vez nunca hallada en nuestro país y que a pesar de los esfuerzos y de mantener una debilitada vigencia del tema, no ha logrado generar un movimiento nacional por la paz que haga cambiar la férrea postura del gobierno y concienciar a los cientos de colombianos que aun confían en la política de mano dura a pesar de los cuestionamientos en materia de Derechos Humanos y de la sombra que se teje sobre casi el poder público, centralizado con el presidencialismo reforzado.

El último episodio de esta tragedia histórica se comienza a representar con las pruebas de vida de cuatro policías y un militar secuestrados que fueron enviadas por las FARC a la senadora Piedad Córdoba . Nuevamente se encontrarán actores inconciliables e intransigentes cuyas lecturas de la realidad son diferentes y que no parece puedan romper el equilibrio inestable del aplazamiento de un asunto humanitario. Si la liberación de los secuestrados se concibiera como lo que es, un acto de humanidad como muestra de respeto de unos mínimos en medio de la confrontación, el tema sería menos complicado; pero en realidad persiste una visión político-militar de parte y parte, donde los secuestrados se reducen a un objeto de negociación y no se conciben como un sujeto victima de un conflicto sin salida. Y en este cuadrilátero, el arbitro sociedad civil organizada intenta minoritariamente plantear unas formas de dialogo que lamentablemente se tienden a alejar de lo posible en este país de lo imposible.

La ilusión de la liberación de los secuestrados solo es una quimera, los soldados y policías retenidos están en medio del conflicto y su salida se encuentra ligada a una propuesta y a un acuerdo entre las partes. Las pasadas declaraciones de Uribe y de Cano muestran que no hay ningún punto de acercamiento, cada uno utiliza un lenguaje en defensa de su política y propio de un contexto de guerra; palabras de ayer posiciones de siempre. En este contexto, las acciones de la sociedad civil o de las organizaciones sociales que cumplen este papel, son importantes para recordarle a ambos actores que el aplazamiento de la única vía posible de solución del conflicto solo conlleva a que perdamos más la esperanza en que este país realmente tiene futuro; el activismo social, la movilización y la recuperación del tema de la liberación de los secuestrados en la agenda del gobierno entrante es un buen paso hacia “algo”, un algo nebuloso y contingente pero que por lo menos vuelve su atención sobre el alma solitaria del secuestro, proporcionándole una mínima ilusión de libertad que podría llevarla a encontrar un poco de paz que no ha encontrado Colombia.

Alexander Madrigal
Politólogo – Investigador
aemadrigalg@gmail.com
Junio 7/2010.

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