Datos Personales

Colombia
Politólogo-Investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Relaciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos,Universidad Andina Simón Bolívar.

viernes, 9 de octubre de 2020

domingo, 2 de abril de 2017

ELECCIONES EN ECUADOR, TRIUNFO ESTRECHO DE LA IZQUIERDA (Columna de Opinión)

ELECCIONES EN ECUADOR, TRIUNFO ESTRECHO DE LA IZQUIERDA
(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

La elección de Moreno significa la continuidad de la Revolución Ciudadana. Pero en vez de una nueva primavera de la izquierda, su gobierno sería más bien un otoño para ensayar nuevas fórmulas que la lleven al verano…o la lleven al invierno.

Alexander Emilio Madrigal*

Un triunfo para la izquierda

Tras diez años de gobierno de Rafael Correa y su proyecto de Revolución Ciudadana, el candidato oficialista Lenin Moreno ganó las elecciones presidenciales con el 51,14 por ciento de los votos, y con ello aseguró la continuidad del proyecto de la izquierda ecuatoriana. 
Pero el estrecho margen de la victoria de Moreno sobre el banquero Guillermo Lasso  hace difícil predecir la futura evolución del clima político en Ecuador. Y mucho más si se tienen en cuenta la polarización que vive la sociedad y, sobre todo, el agotamiento del proyecto político y el desgaste del respaldo social que permitió la permanencia de Correa durante una década.
El resultado de la segunda vuelta electoral de hoy domingo no solo era esperado con interés por los ecuatorianos, sino por todos los protagonistas de la política latinoamericana. La continuidad con un gobierno de la ola izquierdista de comienzos del siglo XXI – y en especial, de un gobierno que logró mantenerse demostrando relativa estabilidad institucional- significa un rayo de sol para el invierno que atraviesa la izquierda de América Latina.
Aun así, tras el triunfo de Moreno no se vislumbra una nueva primavera  izquierdista, sino más bien un otoño (continuidad) que tendrá que resolver definitivamente sus contradicciones, para llegar a un verano donde se consolide una nueva experiencia de gobierno en contra-tendencia del péndulo del poder que hoy se inclina a la derecha en casi todo el resto de América Latina.

De dónde vino Correa

Como antecedente es necesario recordar qué había antes de la primera elección de Correa. Al igual que otros países de la región durante la década de 1990, el Ecuador vivió la  inestabilidad política resultante del proceso defectuoso de consolidación del Estado-nación, e hizo el tránsito desde los populismos y la dictadura militar hacia los gobiernos democráticamente elegidos pero poco representativos.
De manera especial, Ecuador sufría los efectos sociales del neoliberalismo como “modelo de desarrollo” convertido en dogma tras el final de la Guerra Fría. Esto conllevó una prolongada crisis institucional, manifiesta en la debilidad del poder presidencial (a tal punto que el país  tuvo ocho presidentes en diez años), crisis que confirmó la ingobernabilidad del sistema político frente a un movimiento social con suficiente capacidad para derrocar al gobernante  de turno. 
En este contexto, la alternativa para Ecuador fue la propuesta que encabezó Rafael Correa, joven economista y académico carismático, que logró cohesionar a un gran número de actores dentro del movimiento Alianza País (su partido político) y ampliarlo a otros sectores en una coalición más o menos informal. Convocado alrededor de su discurso atrayente y confrontador de la clase política tradicional y de la intervención de Estados Unidos, las empresas multinacionales y las instituciones financieras internacionales, el pueblo confió en un líder que supo ofrecer salida a una situación de crisis prolongada.

La primavera

Esta fue la primavera de la izquierda en  América Latina: Chávez en Venezuela (1999), Da Silva en Brasil (2003), Morales en Bolivia (2006) y Fernández de Kirchner en Argentina (2007), entre otros gobernantes un poco más moderados en sus políticas progresistas o anti-neoliberales.
La primavera se caracterizó por un aire de cambio cuyo modus operandi fue la reforma constitucional, buscando la “refundación del Estado” desde una perspectiva aparentemente inédita de inclusión de sectores marginados por la política elitista tradicional. Sobre la base de dicha “revolución constitucionalizada”, se emprendieron procesos de nacionalización de recursos estratégicos como los minero-energéticos, replanteando el balance entre lo público y lo privado en favor de la financiación de políticas sociales que mejoraron la condición de ciudadanos históricamente excluidos.
Este hecho consiguió el respaldo ciudadano a una izquierda abanderada de lo social, sus subsecuentes reelecciones y garantizó la continuidad de aquellas políticas en un contexto internacional caracterizado por los altos precios del petróleo y de comodities disponibles en la región y exportables a todo el mundo.
En el caso del Ecuador el petróleo fue la base para sostener una política de inclusión social y  desarrollo económico. Vale la pena destacar dos aspectos de esta política:
-El primero tiene que ver con la idea del “buen vivir”, etiqueta del modelo de desarrollo que adoptó la “Revolución Ciudadana”, un modelo que recoge elementos de la cosmovisión indígena y los conjuga con conceptos de desarrollo humano y sostenibilidad, en una agenda nacionalista que también incluyó la defensa del medio ambiente.
Un buen ejemplo de este enfoque se dio con el llamado “proyecto Yasuní ITT” que propuso al mundo mantener indefinidamente el petróleo bajo tierra en una zona sensible de la Amazonía, a cambio de la cooperación de los países más desarrollados. Con esto se  aspiraba a compensar la utilidad perdida por la no explotación para revertir tales recursos en proyectos de protección ambiental.

-Un segundo elemento que vale destacar es el proyecto de inversión en ciencia y tecnología para crear un “Silicon Valley de América del Sur”, reformando la educación en una apuesta por la calidad y la pertinencia de la formación superior. Esto se hizo a base de atraer cerebros que realizaran investigaciones y de grandes inversiones en la educación de todos los niveles. Ambos esfuerzos son parte del modelo de la Revolución Ciudadana que Correa y su equipo empezaron a implementar con el apoyo de gobiernos aliados.

Los tropiezos

A partir de estas y otras medidas innovadoras, el gobierno de Correa se fue consolidando, y con el paso del tiempo fue posible sopesar la eficacia de sus políticas, demostrando problemas y contradicciones, por ejemplo:
Los movimientos ambientalistas de la coalición y fuera de ella, criticaron duramente la decisión de explotar yacimientos petrolíferos en zonas ecológicamente sensibles de un país con alta biodiversidad, dando continuidad e incluso profundizando el modelo extractivista de su antecesores, mientras el proyecto Yasuní ITT perdía apoyo.
También surgieron críticas intensas por la manera personalista de manejar el Gobierno, reminiscencia del caudillismo latinoamericano que no distingue ideología política, pues en ello Correa coincidía con personajes de derecha como Álvaro Uribe. Esta es una manifestación del otoño de un gobierno contradictorio pero que, debe reconocerse, logró mantener la estabilidad institucional y la continuidad en sus políticas, hecho poco común en la política ecuatoriana.
En la antesala de la contienda electoral actual y una vez se decidió  que Correa no continuaría en el poder (a diferencia de otros presidentes de izquierda que se han perpetuado en el poder), salieron a flote vatios lunares que denotan el agotamiento del régimen. Entre estos lunares se cuentan las denuncias de corrupción, los efectos de la caída de los precios del petróleo, el terremoto que destruyó gran parte de la costa y sus consecuencias para el presupuesto nacional.  Correa deja además una serie de proyectos a medio camino y una economía en problemas que exigirá medidas impopulares por parte del nuevo gobierno.
En suma, un proyecto de país que ya no cuenta con el respaldo ciudadano inicial y que muestra un electorado dividido en su balance sobre los diez años de correísmo.

Las estaciones

No es posible afirmar que el triunfo de Lenin Moreno significará la llegada paulatina de un   invierno cargado de problemas irresueltos e insolubles con el mismo recetario de Correa. Tampoco cabe predecir que este triunfo reñido de Alianza País sea el preámbulo del fin  de una era de regímenes políticos de izquierda en América Latina. Tampoco sería sensato sostener que, pese al agotamiento de las fórmulas de Correa, no sea posible repensar la Revolución Ciudadana: si la izquierda ecuatoriana aprendió de sus errores y es capaz de plantear alternativas, podría vislumbrarse una primavera con capacidad de proyectarse sobre una región en invierno para la izquierda de principios de siglo. Esto significa que con el gobierno de Moreno se medirá la madurez política de la izquierda ecuatoriana.

Un proyecto de país que ya no cuenta con el respaldo ciudadano inicial.

De tal forma, el resultado de la contienda electoral no es una primavera automática, puesto que existen condiciones objetivas que impiden pensarlo. El estrecho triunfo puede ser el otoño de un gobierno izquierdista e incluso su invierno si persisten las mismas prácticas políticas y sus contradicciones.
Pero también, superando la nostalgia de lo que ya no pasó en diez años en el poder, podría ser el comienzo de la nueva primavera para la izquierda latinoamericana, tras el triunfo de un líder con un nuevo aire, capaz de marcar el inicio de un verano que consolide el modelo de la Revolución Ciudadana y que pueda sugerir el inicio de una nueva ola izquierdista en el Ecuador, capaz de proyectarse en una región de vientos contrarios. El clima ecuatorial actual todavía no permite decir qué estación política puede llegar, aunque hoy el viento sople nuevamente hacia la izquierda.

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Pedagogía y Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito-Ecuador), docente-investigador del Grupo en Seguridad y Defensa, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

Publicado en: https://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/10143-elecciones-en-ecuador-triunfo-estrecho-de-la-izquierda.html



domingo, 9 de octubre de 2016

Parlamento Andino: Un cierre anunciado (Entrevista)

Parlamento Andino: Un cierre anunciado

Sede del parlamento en Bogotá. Foto: Juan Manuel Rueda/ Plazacapital.co No obstante, quedan inquietudes acerca de cuáles eran las funciones del Parlamento y qué fue lo que realizó en sus casi 35 años de funcionamiento. Además, falta saber quién desempeñará las funciones de dicho organismo. Entre sus logros se encuentra haber creado la Universidad Andina Simón Bolívar y la Misión de observación electoral (MOPA) que inspecciona procesos de votación de los miembros de la comunidad.
Alexander Madrigal, politólogo internacionalista de la Universidad Andina Simón Bolívar, comentó que el organismo no era superfluo pues de cierta manera ayudaba a la integración y a la participación política de los miembros andinos. Además dijo que “más allá de suprimir órganos, la  pregunta para los mandatarios andinos es si realmente les interesa la integración andina, en qué grado piensan comprometerse y luego cómo lo harán utilizando los mecanismos institucionales existentes, sean los del esquema CAN o en UNASUR.”
En un comunicado de los parlamentarios se expresó cierto inconformismo con esta decisión pues se consideró que fue muy apresurada y arbitraria. En el comunicado se expresa que sacar el órgano político “es un embate a la institucionalidad comunitaria, a la democracia de los pueblos andinos, así como el mandato popular otorgado de manera de manera directa en elecciones democráticas y transparentes”.
Los orígenes del Parlamento Andino se remontan a la firma del Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969, donde los países bolivarianos se reunieron en lo que se llamaría inicialmente Pacto Andino y en lo que hoy es la Comunidad Andina (CAN)
El Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control de la Comunidad Andina y representa a los 120 millones de habitantes de dicha Comunidad. Fue creado el 25 de octubre de 1979 en La Paz, a través del Tratado Constitutivo suscrito por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Para algunos es confusa y hasta desconocida las funciones que el Parlamento realizaba, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor internacionalista de la Universidad del Rosario, su función no es legislar, sino apoyar a la Comunidad Andina a través de consejos que intenten solucionar los problemas de los miembros de esta comunidad, velando por la integración de los ciudadanos andinos.
Aunque los parlamentarios que sesionan en Bogotá alegaron que esta decisión va en contra de la democracia, Jaramillo expresó que con la eliminación del parlamento, el CAN seguiría pero solo con una función comercial, pues con la función política no se estaba cumpliendo.
Ahora solo queda esperar que cada uno de los países que hacen parte de este órgano, firmen o no la decisión presentada en el Congreso colombiano.

Daniel Guerra y Klarem Valoyes
Plaza Capital


Fuente: http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/POLITICA/Parlamento-Andino-Un-cierre-anunciado/

martes, 4 de marzo de 2014

ACCIONES EN SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE AL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA: Pasos para implementar una política pública

Publicado en: Observatorio de Bolivia No. 32, Programa de Fenomenología Política, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), disponible en: http://caei.com.ar/sites/default/files/obervatorio_de_bolivia.pdf 

En la fenomenología política boliviana del trimestre septiembre-noviembre de 2013 los temas de seguridad y defensa tuvieron una presencia especial que demanda una resignificación a la luz de las respuestas institucionales del gobierno de Evo Morales.

A manera de ejemplo, cabe traer a colación dos acontecimientos puntuales: primero, el 28 de septiembre de 2013 se produjo el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en el que se logró la desarticulación de una “narcopoblación” en la localidad de Iruni, provincia Sajama, departamento de Oruro, dedicada casi en su totalidad a la manufactura de la droga; segundo, el 19 de octubre -de acuerdo con declaraciones oficiales, controvertidas por los habitantes- al menos 100 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)  fueron  emboscados por al menos 50 cocaleros en Apolo, “resistencia armada” que dejó oficialmente 4 muertos, 13 heridos de bala y 15 policontusos, según el Ministerio de Gobierno. Esta fenomenología revela que el narcotráfico está emergiendo como un asunto de primer orden para la agenda de seguridad y defensa nacional.

Más allá de que el narcotráfico sea la actividad de producir y comercializar drogas ilícitas, se debe tener en cuenta que este “surge como una actividad productiva y mercantil de carácter internacional y al margen de la legalidad, desarrollada por individuos y organizaciones interesados fundamentalmente en la consecución del lucro personal”[1]. Esto significa que el narcotráfico tiene tres dimensiones fundamentales: el nexo con distintas formas de ilegalidad, lo cual lo convierte en un nicho de criminalidad asociada, afectando la seguridad de la ciudadanía; una proyección internacional, que lo incluye en una agenda regional y hemisférica de seguridad que involucra sobre todo las fronteras y la defensa nacional; y el ser una actividad capitalista muy rentable, ligada a una economía subterránea con alta capacidad de permear y transformar la cultura territorial y sus relaciones de poder. Frente a este problema, examinemos brevemente las acciones adelantadas por el gobierno boliviano durante el trimestre septiembre-noviembre de 2013 en relación a estas tres dimensiones desde la perspectiva de la seguridad y la defensa.

En primer lugar, el nexo del narcotráfico con distintas formas de ilegalidad hace que este se considere un problema de criminalidad con la capacidad suficiente de afectar el conjunto de la seguridad ciudadana. Hechos como la existencia de la “narcopoblación” en la localidad de Iruni, indican que el gobierno no tiene el control de la totalidad del territorio nacional ni el monopolio de la fuerza, y lo que es aún más grave, al parecer, no cuenta con estrategias policiales adecuadas para hacer frente a este tipo de contingencias, razón por la cual se ha empezado a considerar  que las Fuerzas Armadas deben empezar a “colaborar” en tareas de seguridad ciudadana para reforzar a la Policía como lo propuso el diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterios, al volver a presentar el proyecto de ley “Bolivia Segura”.

Así mismo, aunque aún no se ha identificado una relación entre el narcotráfico y el aumento de pandillas juveniles, la percepción de inseguridad que se está generando, puede convertirse en el caldo de cultivo para lineamientos de política de seguridad ciudadana de corte autoritario y violatorio de los derechos humanos como parecía configurarse en el proyecto “Ley de Lucha contra la Formación y Conformación de Pandillas” que planteaba sancionar a las pandillas juveniles, prohibir la circulación de grupos menores de edad a “altas horas de la noche” y además que los padres de hijos vinculados con grupos delincuenciales no pudieran ser candidatos o acceder a cargos públicos, generando polémica en juristas y en la oposición al ser visto como discriminatorio porque, según expertos en el tema, se estaría violentando la ley contra racismo.

La recomendación en relación al posible impacto del narcotráfico sobre la seguridad ciudadana boliviana es que ésta siga siendo un asunto de discusión democrática y diálogo social, cerrando el paso a vías autoritarias o a la monopolización del tema por parte de agentes especializados de la burocracia estatal. Lo anterior no significa desalentar las iniciativas en la materia, puesto que lo que se necesita es justamente propuestas frente a un problema emergente que exige respuestas efectivas desde la acción ciudadana y policial, desaconsejando la militarización del tema.

En segundo lugar, el narcotráfico tiene una proyección internacional, es un problema que viene de afuera de las fronteras y que por su misma lógica estructural debe ser atendido no solo por acciones a nivel nacional sino también a través de acuerdos de cooperación internacional con países vecinos y con capacidad de financiación de estrategias de control. Según declaraciones del propio Morales, hay deficiencias en la presencia estatal en ciertas fronteras, frente a lo cual anunció que se aumentará la presencia de militares en las mismas, además de asegurar que su Gobierno no aceptará que en Bolivia haya libre cultivo de hoja de coca y que continuarán las tareas de racionalización y erradicación de las plantaciones ilegales.

De igual forma, la dotación en defensa (la compra de 6 helicópteros Superpuma para la lucha antidroga, entre otros), los acuerdos de cooperación para la defensa con países como Bielorusia, el intercambio de información y el emprendimiento de proyectos de capacitación mutua sobre tareas de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y delitos de orden transnacional como se pactó con Uruguay, y la colaboración del Perú con Bolivia para capturar a responsables del atentado cocalero en la frontera, son acciones internacionales que permiten atender el problema desde una perspectiva amplia y eficaz.

En este sentido, se sugiere que el gobierno organice todo este tipo de acciones como parte de una estrategia de defensa nacional contra el problema del narcotráfico[2], manteniendo su propia lectura del problema, la cual dista de la visión hegemónica agenciada por los Estados Unidos. Aquí resulta fundamental mantener el respecto por la cultura ancestral indígena boliviana y recalcar usos alternativos de la hoja de coca como bien lo viene haciendo el presidente Morales, aunque, en la práctica, resulta difícil mantener el control absoluto sobre la producción y el uso de la coca al interior del país, reto que debe ser atendido desde una política pública integral que combine una intervención policial y socio-cultural.

En tercer lugar, el narcotráfico es una actividad capitalista muy rentable, que en casos como los de México y Colombia, han llegado a crear una cultura mafiosa que ha puesto en riesgo las instituciones sociales y políticas[3] así como también ha amenazado la supervivencia de la población. En el caso de Bolivia, las singularidades culturales y sociales, además de su ubicación geográfica, hasta ahora habían impedido que este negocio ilegal se reprodujera con la fuerza con que lo hizo en estos dos países. Sin embargo, Bolivia mantiene una debilidad estatal estructural y déficits de desarrollo a pesar de la mejoría en algunos de los indicadores sociales, situación que soporta problemas de la pobreza, sobre todo en las regiones productoras de hoja de coca en donde economías subterráneas ya han empezado a transformar la cultura territorial y a establecer nuevas relaciones de poder que podrían dar lugar a la organización de bandas narcotraficantes y al arraigamiento de esta práctica ilegal en el territorio boliviano.

De allí que seguir con los propósitos desarrollistas, la apuesta por el desarrollo alternativo, la generación de capacidades institucionales y sociales, la garantía de derechos sociales básicos y en general, el acompañamiento a las comunidades desde una perspectiva de seguridad humana que permita mantener la cultura ancestral boliviana, es vital para impedir que los valores del capitalismo criminal se incorporen en la cultura boliviana.

Todo lo anterior nos lleva a reconocer que el gobierno boliviano ha llevado a cabo un conjunto de acciones en seguridad y defensa frente al problema del narcotráfico en sus dimensiones delictivas vinculadas a la agenda de seguridad ciudadana, el plano internacional en relación a las fronteras y la defensa nacional, y en cuanto actividad económica ilegal desde estrategias de desarrollo alternativo. No obstante, aún no se cuenta con un referente de acción institucional, demostrando improvisación y falta de planeación, carencia que bien podría subsanarse creando una política pública integral de lucha contra el narcotráfico que tenga en cuenta no solo el ámbito de la seguridad y la defensa sino que considere todas las acciones institucionales conexas como pasos para una política pública institucionalizada frente a un problema emergente que demanda ser atendido a tiempo.


[1] García, V. y Pabón, N. “Algunos aspectos teóricos y conceptuales”, en: Vargas, A. (Ed.) El papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana 1985-2006, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25.
[2] Al respecto, las “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica 2025” muestran un importante avance de política pública que propone “proteger a la coca originaria y ancestral y luchar contra el narcotráfico”, incluyendo la estrategia Bolivia frente al Narcotráfico, integrada por 14 programas. Disponible en: http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/planificacion/directrices2025/Directrices-age-patriotica-final.pdf
[3] Una alarma frente a esto fue la detención del encargado de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, Luis Cutipa, por denuncias de un supuesto desvío ilegal de más de 35.000 toneladas de la hoja incautada.

martes, 14 de enero de 2014

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN BOLIVIA: Una ventana de oportunidad para afianzar el modelo de desarrollo integral


Publicado en: Observatorio de Bolivia No. 31, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), en: http://caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_invierno_2013.pdf

La cooperación internacional para el desarrollo se encuentra constituida por un conjunto de acciones provenientes de distintos actores que convergen en una intervención acordada sobre un campo de interés común. Para un país con las características de Bolivia, respecto al cual baste decir que presenta una sociedad con presencia de déficit de desarrollo pero a su vez con un gobierno progresista que se encuentra adelantando políticas que aspiran a lograr un cambio estructural, la cooperación representa un valioso instrumento para apalancar estrategias que hacen parte de su propio modelo de desarrollo.

Pero para que la cooperación internacional para el desarrollo en Bolivia sea una verdadera herramienta complementaria para afianzar el modelo de desarrollo endógeno impulsado por Evo Morales, es preciso contar con una lectura del significado de ésta en el actual orden internacional. Con base en lo anterior, es posible identificar cómo se ha venido presentado la cooperación internacional para el desarrollo en la fenomenología del trimestre comprendido entre junio y agosto de 2013, con el fin de evaluar y exponer algunas recomendaciones de orientación de la política exterior boliviana en la materia.

Respecto a la cooperación para el desarrollo, un trabajo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia (Madrigal et al., 2009), al presentar algunos de sus aspectos generales, señaló que la idea sustancial de ésta es “la convergencia para lograr una mejor situación de los países menos desarrollados”, siendo requisito la existencia de motivaciones comunes que fundamenten acciones “bajo la idea de un beneficio mutuo y a la vez que compartan un mismo horizonte de sentido sobre el desarrollo”, aunque en la práctica histórica la cooperación para el desarrollo “ha sido concebida más como una ayuda que como un verdadero proyecto para acortar la distancia”[1] en la relación entre dotantes y receptores.

El mismo trabajo apunta cómo el origen de la cooperación para el desarrollo se ubica en la segunda postguerra, propio del contexto de la confrontación de bloques en el orden bipolar, siendo discursivamente “una iniciativa voluntaria y generosa” cuyo trasfondo real fue, especialmente para el caso latinoamericano, su uso como instrumento para atraer países a una de las dos áreas de influencia. Aunque esta lectura correspondía mejor a la época de la Guerra Fría, para el gobierno boliviano se mantiene vigente para el caso de los Estados Unidos, potencia de la que Bolivia ha tomado distancia, aprovechando las oportunidades del orden internacional multilateral.

Sin perder de vista estos antecedentes, la coyuntura de la política exterior y de defensa del gobierno de Evo Morales, viene mostrando una activa utilización de la cooperación internacional para el desarrollo a través de disímiles actores que abarca Estados, instituciones financieras internacionales (IFI), agencias especializadas (ONU) y bloques de integración en distintos campos de cooperación. Justamente, la presencia de esta realidad se verifica y destaca en la fenomenología correspondiente al trimestre junio-agosto de 2013, la cual atenderá aquellos actores y campos de cooperación internacional para el desarrollo aprovechados por Bolivia.

En primer lugar, fruto de una activa política de intensificación de relaciones bilaterales, el gobierno boliviano ha suscrito un conjunto de convenios de cooperación con distintos estados en el mundo entero. Con estos actores se ha priorizado la cooperación en seguridad y defensa, la cooperación para el desarrollo de la industria, el intercambio de experiencias exitosas y de políticas públicas. Se debe subrayar los alcances de la cooperación en seguridad y defensa en tanto ésta tiene un amplio campo de aplicación (seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, migración, la trata de personas, etc.) que ha dotado al Estado de una institucionalidad de la que carecía, a través de alianzas con países desarrollados (Rusia para la dotación en defensa y China para la seguridad pública) y de la región (seguridad fronteriza).

En segundo lugar, las instituciones financieras internacionales (IFI) parecen estar superando la distancia y el límite impuesto por la ideología del socialismo del siglo XXI que las sancionaba como las culpables de la situación de subdesarrollo de los países de la periferia capitalista. Contrariamente, la Bolivia de hoy está suscribiendo acuerdos de cooperación para financiar el desarrollo de la infraestructura, saneamiento básico y para la industrialización de productos andinos. Instituciones como el Banco Mundial (BM), CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), han sido entes cooperantes a través de la entrega de préstamos o recursos reembolsables y no reembolsables con niveles mínimos de condicionalidad.

Como una muestra de este tipo de cooperación financiera en el trimestre analizado, se ubica un importante acuerdo de entendimiento entre el gobierno de Bolivia y el Banco Mundial (BM), a través de su presidente Jim Yong Kim, bajo el que el organismo comprometió un crédito de hasta 150 millones de dólares para financiar proyectos productivos en Bolivia el próximo año. De igual manera, el gerente del Sector de Política Económica en América Latina del Banco Mundial (BM), Auguste Kouamé, comprometió el apoyo económico de ese organismo para erradicar la extrema pobreza en Bolivia hasta el 2025, una de las metas inscritas en la Agenda Patriótica del Bicentenario, lo cual indica que el gobierno es quien decide sobre qué campos o temas recibe la cooperación como mecanismo de financiamiento de su propio modelo de desarrollo. No obstante, la recomendación es aprovechar al máximo este tipo de financiación “sembrando la cooperación” en proyectos sostenibles y no depender exclusivamente de este tipo de recursos sino en lo posible buscar recursos propios y fuentes complementarias.

Un tercer actor son las agencias especializadas de la ONU quienes por el perfil socio-económico del país, siempre han hecho presencia en el país andino. Aunque no se cuente con un estudio sobre su aporte al mejoramiento de los indicadores para medir la pobreza y el desarrollo, se conjetura que los programas y proyectos de estas agencias especializadas son en parte responsables de algunos logros. Respecto a esto último, un total de 860.448 bolivianos abandonaron la extrema pobreza en los últimos once años (2001-2012), indicador revelado por Álvaro García Linera, basado en los registros del INE y de la Udape. Así, en términos porcentuales, la reducción de la extrema pobreza fue de 17,19%, al pasar del 38,80% (3.210.438 personas) en 2001 a 21,61% (2.349.990 personas) el año pasado.

El elemento diferencial del gobierno de Morales es la preocupación por vincular la cooperación técnica que ofrecen estas agencias a las metas de su modelo de desarrollo. Lo anterior se facilita por la coincidencia entre la concepción del desarrollo del proyecto político indigenista y el enfoque de desarrollo humano de la ONU, los cuales, aunque puedan discrepar, tienen puntos de encuentros en materia de derechos humanos y políticas públicas desde la generación de capacidades, como lo vienen haciendo en los campos de la salud, la educación y el desarrollo rural a través de las agencias especializadas competentes.

Un cuarto y último actor  son los bloques de integración a los que pertenece Bolivia y, por otro lado, el bloque estratégico de la Unión Europea (UE). Mientras que la CAN y el MERCOSUR constituyen plataformas de integración y cooperación técnica para temas derivados del comercio intrarregional y para facilitar la explotación de recursos minero-energéticos (v.g. el caso del gas con la cooperación con Argentina y Uruguay), bloques más “políticos” como el ALBA y la UNASUR ofrecen la posibilidad de fortalecer capacidades para el desarrollo vía realización de cumbres, foros y encuentros, constituyendo espacios en donde se producen importantes líneas de orientación política e ideológica que el gobierno izquierdista bien puede aprovechar para mantener la legitimidad interna y el respaldo internacional del régimen político como quedó demostrado con las muestras de solidaridad tras la negación del sobrevuelo del avión presidencial cuando retornaba de Rusia a Bolivia por parte de las autoridades de Francia, Portugal e Italia.

Mención aparte merece la Unión Europea (UE), cuyo apoyo al desarrollo es de vital importancia para el gobierno dada la amplitud de campos de cooperación y el significado político de su respaldo para hacer contrapeso al desplazamiento de la potencia estadounidense, en particular por sus recursos para la lucha antidroga, cooperación que se anunció fortalecer con 33,3 millones de dólares, más de 25.000.000 euros. Justamente, el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot, precisó que ese organismo internacional cooperó a Bolivia con cerca de 320 millones de dólares en siete años, ayuda económica que aumentará en 17%, pasando de 241 millones de euros (cerca de $us 321,86 millones) a 281 millones de euros ($us 375,28 millones) para el periodo 2014-2020, según anunció Andris Piebalgs, Comisario de la Unión Europea para la Cooperación al Desarrollo. 

Para finalizar, se colige que la cooperación internacional para el desarrollo en la Bolivia de Morales es un componente vital de la política exterior y de defensa del gobierno y constituye una ventana de oportunidad única para afianzar un modelo de desarrollo integral boliviano. La riqueza de actores cooperantes y de campos de aplicación evidencia que el activismo exterior del gobierno ha dado resultado.

Sin embargo, la cooperación no puede de ninguna manera alejarse de la concepción de desarrollo propio y de la meta fijada en consolidar el cambio estructural, razón por la cual se debe insistir en el mejoramiento de las capacidades técnico-políticas de la institucionalidad pública para que se desarrolle un sentido de defensa del interés nacional que continúe agenciando el desarrollo.

De igual manera, los referentes de cambio -tan en boga en el gobierno y en la sociedad boliviana- deben contribuir a superar la visión cortoplacista y anodina frente a las potencialidades del país, puesto que “Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica”. Se debe ir más allá, incluso diseñar una estrategia para que Bolivia no solo sea un país receptor de la cooperación internacional para el desarrollo sino también otro actor cooperante (a través de sus experiencias en microcrédito, el modelo de inclusión, el esquema de diversificación productiva en las zonas tradicionalmente cocaleras, la investigación en alimentos endógenos, la justicia indígena, etc.) con un perfil internacional propio y con toda la capacidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI.




[1] Madrigal, Alexander et al., “LA AGENDA GLOBAL CONTRA EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, en Resultados de investigación semilleros 2008 No. 24, Semillero de Investigación Análisis de Problemas Estratégicos Contemporáneos en Relaciones Internacionales (APECRI), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2009, p. 226.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

UN ESQUEMA ANALÍTICO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE BOLIVIA DESDE EL NEORREALISMO


El neorrealismo en la disciplina de las Relaciones Internacionales es una tradición teórica que pretende explicar el desarrollo de la política internacional a partir de variables como la soberanía, el poder, la seguridad y la integridad territorial, ligadas al Estado como objeto referente por excelencia. Para el análisis de la política exterior y la defensa, este enfoque estructural ofrece una perspectiva que pone el acento en factores objetivos en el desempeño del gobierno de turno, quien tiene la obligación de movilizar los recursos de poder del Estado en pro de los intereses nacionales en medio de un entorno internacional anárquico donde la maximización de beneficios en las transacciones políticas con otros Estados o actores internacionales, determinan su éxito o fracaso en un contexto altamente transnacionalizado. En el caso de la política exterior y la defensa de Bolivia, la tradición neorrealista servirá para evaluar la capacidad de gestión del gobierno de Evo Morales en sus relaciones bilaterales, tomando como referente las variables anteriormente enunciadas para el trimestre marzo-mayo de 2013. 

Por relaciones bilaterales se entenderá aquí aquellas interacciones en las que intervienen únicamente dos  actores internacionales, sean estos Estados, instituciones internacionales o bloques de Estados cuando éstos  se presentan bajo una sola vocería. Retomando lo planteado en resignificaciones precedentes las relaciones bilaterales pueden considerarse en dos niveles: pri mero, el nivel regional en donde se incluyen las relaciones con países fronterizos, aliados estratégicos y Esta dos rivales; y segundo, el nivel geopolítico, el cual se  encuentra definido por las relaciones establecidas con distintos Estados en cada continente o región del mundo. De esta manera tenemos un esquema analítico aplicable a las relaciones bilaterales de Bolivia.


Seguir leyendo en: Observatorio de Bolivia No. 30, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), disponible en: http://caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_30.pdf

 

martes, 26 de noviembre de 2013

VIABILIDAD DE LA PERSPECTIVA INDÍGENA COMO PIVOTE DE LA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA


El 21 de enero de 2006, el presidente electo Evo Morales Ayma fue nombrado “Apu Mallku” (líder supremo) de los pueblos indígenas de América Latina en una gran ceremonia ancestral a la que asistieron
representantes de distintas naciones y pueblos indígenas de América y el mundo. En un Estado siempre dominado por las “élites blancas”, fue proclamado con emoción el inicio de un proceso de descolonización validado electoralmente con la mayoría absoluta en las votaciones a favor del proyecto indigenista de Evo Morales, representante popular de la coalición indígeno-campesina.

Hoy, tras más de siete años en el poder, luego de superar fuertes crisis de gobernabilidad como las amenazas de autonomización de regiones y la intensa convulsión social, el gobierno socialista-indigenista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantiene en el poder buscando implementar nuevas reformas que permitan institucionalizar el cambio propuesto.

Ahora bien, “lo indígena” hace parte de todos los discursos políticos del gobierno boliviano. Mediante este dispositivo, Evo Morales ha logrado instaurar un régimen político de ruptura con el neoliberalismo y que en materia de política exterior, avanza hacia el establecimiento y definición de un perfil diplomático. Con su tono postcolonialista -por el marcado acento en la necesidad de recuperar el lugar de los pueblos ancestrales- y anticapitalista –caracterizado por la crítica al sistema capitalista- el gobierno izquierdista boliviano, sin duda alguna ha manejado una política exterior que justamente recuperó el carácter indígena mayoritario del pueblo boliviano....

Seguir leyendo en: Observatorio de Bolivia No. 29, Centro Argentino de Relaciones Internacionales (CAEI), disponible en: http://caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_verano_2013_0.pdf

domingo, 19 de mayo de 2013

PROPOSICIÓN PARA UNA ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA AL PROCESO DE PAZ:El tema de la eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP


Como suelen hacer los cientistas sociales, vamos a suponer algo –un escenario- con el fin de hacer un ejercicio académico que tiene la franca pretensión de incitar al debate y, sobre todo, al posicionamiento político de todo aquel que se sienta aludido o interesado por el tema. Supongamos que:

1.      Se avanza diligentemente en los temas de la agenda del así llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

2.      Se llega al tercer tema “Fin del conflicto” y se discute el segundo punto referente a la “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses”.

3.      Se obtiene un acuerdo general en este tema: las FARC-EP dejan las armas y se reincorporan a la vida civil.  

Hasta aquí los supuestos. Respecto a los supuestos de los numerales 1 y 2, es poco lo que hoy puede afirmarse con certeza, solo que se mantienen las “conversaciones directas e ininterrumpidas” y, al parecer, no se ha llegado al tercer tema. Así las cosas, el supuesto enunciado en el numeral 3 es solo un escenario factible que, no obstante, merece la discusión académica y política. Esto es lo que se propone en esta columna.

La “historia patria” es un recurso que ofrece elementos interesantes para el debate, a partir de lecciones aprendidas sobre los anteriores procesos de desmovilización. El Estado colombiano, si bien nunca ha tenido el monopolio absoluto del uso de la violencia legítima, ha sabido resolver -parcialmente- por vías negociadas, recurrentes enfrentamientos armados en donde grupos irregulares alzados en armas, en el postconflicto: se involucraron en la sociedad nacional como cualquier otra agrupación civil o como simples ciudadanos en ejercicio; mantuvieron su irregularidad en nuevos grupos ilegales; o terminaron incorporándose a las Fuerzas Militares del Estado. Esto sucedió tras el fin de las guerras civiles en el siglo XIX, las insurrecciones bolcheviques, la violencia bipartidista, las repúblicas independientes, entre otros episodios históricos.   

Bajo estos precedentes, haciendo caso omiso a otros bemoles del proceso de paz, incorporemos a las Fuerzas Militares de Colombia como la institución más implicada. Hasta ahora, su participación institucional en el proceso de paz ha sido casi nula y por las declaraciones del alto mando militar y del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, no parecen muy complacidas con la idea de negociar, tras dos periodos presidenciales en los cuales no dejaron de sostener el discurso de la “derrota absoluta del terrorismo”, el “fin del fin”, la “postvictoria”… idea que tuvo su asidero en los notables golpes propinados a las FARC-EP en aquel entonces. Igualmente, es comprensible que las Fuerzas Armadas demuestren así su compromiso con el país y la firmeza de su misión institucional; no obstante, cabe hacerles una pregunta: ¿cuál sería su posición frente a los excombatientes tras una eventual desmovilización de las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP?  

La pregunta por la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tiene muchas aristas que van más allá del plano militar como el asunto de su inclusión en lo económico, lo social y lo político, para evitar los dos errores centrales de los procesos anteriores: dejar semillas para la próxima confrontación violenta y/o la incorporación disfuncional (delictiva) de los excombatientes a la sociedad. Frente a ello, una propuesta que se debe barajar en la mesa de negociaciones, al interior de la institución militar y en la sociedad entera, es la incorporación del grueso de la fuerza guerrillera al cuerpo de las Fuerzas Armadas del Estado, una opción que permitiría plantear una estrategia inédita de lucha contra el narcotráfico y las demás formas de criminalidad.

Y aunque esta es una única y expresa contribución a pedir para el proceso de paz a las Fuerzas Militares de Colombia, tal proposición exige de voluntad política, legalidad y confianza, exigencias cuasi-filosóficas abstractas que no dejan de parecer un planteamiento ingenuo y poco realista. Sin embargo, es un escenario factible que merece ser planteado, así demande un alto grado de madurez política de las partes para aceptar darle un chance al “enemigo”, una institucionalidad fuerte capaz de cumplir con los compromisos adquiridos y el respaldo social necesario para posicionar el proceso, requisitos extraños para un país conservador con aversión a asumir los riesgos necesarios para un cambio que sea plasmado en un acuerdo político para una paz duradera.   

domingo, 17 de febrero de 2013

LA MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS: Discurso y realidad

Análisis de política exterior y defensa, Observatorio de Bolivia, CAEI, Primavera Sur, 2012.

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas con el fin de ponerlas a tono con el nuevo tipo de Estado y de gobierno que busca consolidar Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, tal proceso se ha venido caracterizando por una serie de discursos oficiales o pronunciamientos sobre el deber ser de las Fuerzas Armadas en contraste con una realidad de necesidades de la defensa que demandan reformas para el redireccionamiento estratégico de la institución castrense. Justamente, el trimestre septiembre-noviembre de 2012 da cuenta de las acciones adelantadas en esta materia, ligadas a los desafíos de la política interna y externa de Bolivia.

Para analizar y significar esta fenomenología es necesario empezar por caracterizar las Fuerzas Armadas Bolivianas, con el fin de identificar con qué institución cuenta hasta la fecha el gobierno de Morales para avanzar en el proceso de modernización. La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia (febrero de 2009), en su título séptimo, artículos 207 al 214, define el régimen de las Fuerzas Armadas, señalando, entre otros, su constitución orgánica por el Comando en jefe, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval (Art. 207) y su misión de defensa y conservación de la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales, así como asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país (Art. 208). Las tres fuerzas bolivianas tienen entre 40.000 y 50.000 integrantes, de los cuales 700 son oficiales y entre 30 y 40 son generales. Cabe anotar que el enfoque que la nueva Constitución imprimió sobre las Fuerzas Armadas, busca distanciarlas de un pasado de autoritarismo así como también adecuarlas a un gobierno democrático popular (indigenista) que respete los derechos humanos y defienda la soberanía nacional.

En teoría, los militares en los Estados-nación modernos se encargan de la defensa ante agresiones externas y de todo aquello que represente una amenaza contra la soberanía nacional, siendo concebidas como un aparato de guerra entrenado y formado para el combate de fuerzas exteriores. Pero en la realidad latinoamericana, las Fuerzas Armadas no solo tienen un antecedente negativo de autoritarismo durante las dictaduras civiles y militares sino que también cargan con el desdibujamiento de su misión institucional al intervenir en los campos de la política (“guardianes del orden”) y en labores propias de la seguridad interior (policialización), hoy frente amenazas cada vez más difusas como el narcotráfico y el crimen organizado. Así las cosas, la modernización de las Fuerzas Armadas Bolivianas tiene un referente constitucional que soporta una misión por desarrollar frente a una realidad desafiante, puesto que exige una apuesta de reforma integral al compás de un gobierno con el reto de institucionalizar un proceso de cambio sin precedentes en la historia boliviana.

Frente a ello, el gobierno de Evo Morales ha manejado un discurso antimperialista y anticapitalista que pretende convertir en parte de la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas. El discurso “anti”, como parte de la política de Morales, pretende definir como principal amenaza externa el imperialismo norteamericano -muy en la línea de los gobiernos del ALBA-, visión que se enmarca en la reedición de la idea del enemigo externo de la Guerra Fría. Por otro lado, el anticapitalismo como doctrina militar tiende a ser más una visión prospectiva que una realidad presente, puesto que en la práctica lo que hacen las Fuerzas Armadas es cooperar en el desarrollo integral (capitalista) del país, eso sí, dentro de la perspectiva del socialismo del siglo XXI; no obstante, es preciso señalar que las Fuerzas Armadas han sido indispensables en el proceso de nacionalización de hidrocarburos y demás sectores estratégicos, único aspecto por el que se les podría denominar anticapitalistas, aunque quedarían mejor signadas como una institución con visos nacionalistas.

Pero más allá del discurso en el trimestre septiembre-noviembre 2012 el gobierno boliviano avanzó en una serie de acciones que se pueden entender como parte de un serio proceso de modernización. En relación al desarrollo de la misión constitucional y a la definición de un nuevo rol para las Fuerzas Armadas, se avanza en la adquisición de capacidades operativas, al mantener una inversión presupuestal considerable a pesar de que el porcentaje del gasto en defensa siga siendo bajo en relación con el gasto militar de la región. El gobierno prevé invertir en bienes y servicios para las Fuerzas Armadas 100 millones de bolivianos, continuar con la política de cooperación y acuerdos bilaterales para la lucha contra el narcotráfico con países como Brasil (quien donó cuatro helicópteros), avanzar en la lucha contra la trata y tráfico de personas, así como incrementar el número de miembros, buscando también diseñar a través de la cúpula miliar un plan para el futuro de las Fuerzas Armadas para el año 2025.

Otro frente de operación en seguridad y defensa son las fronteras. Un logro destacable es la mayor presencia en las zonas fronterizas, garantizando el ejercicio de la soberanía y el control territorial en territorios anteriormente descuidados, no solo por falta de efectivos sino por el abandono social de los gobiernos anteriores, aspecto pro desarrollista en el cual también se ha venido involucrando a los militares. Así mismo, se busca la internacionalización de las Fuerzas Armadas a través de su participación en misiones de paz como la recientemente finalizada en Haití, cuya experiencia se pretende replicar en el plano interno, adelantando acciones de formación para asumir la “nueva” amenaza de los desastres naturales, aunque aún siga haciendo falta avanzar en acciones para la profesionalización desde una reforma a la educación militar.

Sin embargo, se avizoran algunos peligros en los cuales el gobierno puede caer: el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna, como la lucha contra la delincuencia común y su participación en la recuperación del orden social como sucedió en la pasada intervención militar en la población de Challapata contra grupos de contrabandistas, situaciones proclives a desmanes erosionadores de la legitimidad de la institución militar y del propio gobierno. No obstante, se debe reconocer que difícilmente esta situación cambiará dado que por la escases de la fuerza disponible en el cuerpo de policía y lo difícil que es para el gobierno mantener el orden público frente a la volatilidad de la movilización social, se hace necesario para el régimen el uso de los militares en labores que no son de su competencia directa.

En conclusión, la modernización de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia es un proceso que avanza de la mano con el conjunto de acciones de política pública que adelanta el gobierno para institucionalizar el cambio que le permitió a Morales llegar al poder. La modernización se evidencia en un discurso de ruptura con la institución militar tradicional heredera del autoritarismo, que se proyecta contra el imperialismo norteamericano desde una postura nacionalista comprometida con la defensa de la soberanía, los recursos naturales y el desarrollo integral. La modernización asume un papel en pro de un proyecto de nación, frente a unas realidades específicas de defensa del territorio en zonas de frontera, acción contra la criminalidad y adecuación de la fuerza para dar respuesta a los desafíos de la seguridad y la defensa nacional. No obstante, el discurso y la realidad no siempre suelen encontrarse, por lo menos deben acercarse más para que, en este caso, el proceso de modernización obtenga los frutos necesarios hacia la consolidación democrática del país andino.

Publicado en: http://caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_28.pdf


martes, 9 de octubre de 2012

LOS DESAFIOS DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA PARA VENEZUELA EN EL PRÓXIMO PERIODO DE GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ: Críticas y propuestas para una política pública de izquierda



Hacia la medianoche del 7 de octubre de 2012, las redes sociales comenzaron a difundir miles de comentarios sobre los resultados de la histórica jornada electoral venezolana. El triunfo del carismático presidente Hugo Chávez, paladín del internacionalismo socialista latinoamericano, líder único de la revolución bolivariana venezolana durante sus 14 años, suscitó las más variadas valoraciones que van desde la adhesión acrítica, pasando por el apoyo con reservas, hasta el rechazo y desprecio absoluto. Lo único cierto es que el sistema democrático, basado en la voluntad de las mayorías, se pronunció nuevamente declarando la permanencia de Chávez ahora hasta 2019.
Chávez despierta pasiones contradictorias que, muchas veces, no dejan ver los asuntos de la política venezolana y sus relaciones internacionales desde una perspectiva abierta al debate de las ideas. En particular, los retos de la seguridad y la defensa venezolana constituyen un sensible campo de análisis que se puede prestar a lecturas maniqueas, signadas por tendencias ideológicas y apreciaciones subjetivas, cosa que se puede evitar manteniendo una visión crítica y propositiva.
La seguridad pública de Venezuela, entendida aquí como la capacidad estatal de garantizar la vida de sus ciudadanos y unas condiciones mínimas de estabilidad social, es el campo que mayores problemas presenta a pesar de la revolucionaria transformación de los indicadores sociales[1] que refleja un triunfo sin precedentes. La percepción ciudadana de inseguridad[2] es uno de los aspectos más acuciosos para el gobierno, reflejo de la carencia de lo que se podría llamar una “visión de izquierda sobre la seguridad”, planteamiento necesario en cualquier tipo de gobierno para el manejo de toda expresión de ilegalidad que pueda afectar la convivencia y la vida humana.
Así mismo, prospectivamente la estabilidad social puede llegar a verse amenazada por el incremento de la violencia, la injusticia y la impunidad, a través de fenómenos como la delincuencia común, el tráfico de armas y narcóticos, la proliferación de pandillas y crimen organizado, los motines carcelarios, sabotajes a la producción económica… los cuales hacen presencia en la realidad venezolana. Por ello, éstos problemas de seguridad deben recibir una respuesta institucional desde la Guardia Nacional Bolivariana (no militar) desde una perspectiva democrática (con el acompañamiento de la comunidad) y de respeto de los Derechos Humanos (de carácter no represivo), aprovechando los avances en la generación de una cultura política participativa.
Por otra parte, en lo referente al campo de la defensa, pensada como el mantenimiento de los intereses nacionales ante posibles amenazas del exterior, se mantiene la línea de continuidad que encuentra en los Estados Unidos la principal “amenaza externa”, con el correlato del fantasma golpista (enemigo interno), lo cual sustenta una política exterior realista de búsqueda de equilibrio de poder y preparación para enfrentar una guerra asimétrica, a través del mantenimiento de alianzas geoestratégicas con supuestos opositores del imperialismo (vg. Rusia. Iran o China), participación en espacios regionales como el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), el respaldo de los países del ALBA y acuerdos paralelos con otros países de la región. Tal lectura reduccionista de la defensa de la revolución, descuida asuntos como los  fronterizos, cuyo caso emblemático es la frontera colombiana como escenario de movilización de tráficos ilegales y de actores criminales de distinta índole (paramilitares, delincuencia común, guerrillas, contrabandistas, etc.). 
Retomando la idea del antimperialismo como idea central de la defensa, así parezca una actitud paranoica de Chávez, el fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas Armadas (en especial la Fuerza Aérea y Fuerza Naval) y la preocupación ante una eventual  invasión, responde a esa percepción de amenaza que deja de lado la apuesta por la definición de un nuevo rol (social) para las fuerzas armadas, bajo un carácter más democrático y menos guerrerista de cara a las nuevas amenazas, perdiendo terreno ante un fortalecimiento sobredimensionado de su poderío, aparejado con una doctrina de bolivarianización y militarización de la sociedad (a través de las milicias territoriales) que de no acompañarse por el debido control civil, puede llegar a autonomizarse en el mediano plazo ante la posible falta (trágica) de un gobierno que cuente con la suficiente legitimidad que le permita administrar un país altamente polarizado.
Y aunque no es objeto de este análisis reflexionar sobre los asuntos sociales, políticos o económicos que Chávez y la revolución bolivariana tendrán que enfrentar en esta nueva etapa, algunos indicadores señalan que de no apropiárselos desde una perspectiva institucional, podrían convertirse en problemas de seguridad. En lo social, si bien hay un inédito triunfo de las misiones y una lucha frontal y directa contra la desigualdad, todavía falta terreno por recorrer  y se padece de una ausencia de políticas públicas bien planificadas y de largo aliento, déficit institucional que constituye una eventual bomba social; en lo político, los resultados electorales mostraron una relativa pérdida de legitimidad en un amplio sector de la sociedad venezolana que bien puede servir para incubar una mayor polarización e ingobernabilidad; y en lo económico, no se demuestra  un giro en la histórica dependencia petrolera (economía monoexportadora)  ni la apertura hacia nuevos sectores productivos básicos, lo cual deja al país expuesto a las variaciones del precio internacional del crudo. Además, debe agregarse que esto no sería solo un problema de seguridad interna sino también de seguridad regional, en especial para los países vecinos y sus aliados regionales.
En conclusión, los desafíos de la seguridad y la defensa para la Venezuela que seguirá siendo gobernada por Hugo Chávez, son precisamente eso: desafíos políticos, retos a asumir o luchas a enfrentar, como parte de la institucionalización de la revolución socialista dentro de una nueva etapa para el inédito proyecto político izquierdista. De su atención desde medidas de política pública dependen dos posibilidades: el continuismo erosionador de la legitimidad del proyecto político chavista o los ajustes y cambios necesarios para institucionalizar las ideas revolucionarias.
Mientras pasa el tiempo que juzgará sus resultados, el panorama asoma con preocupación en el debilitado campo de la seguridad interna, a la vez que la defensa demuestra una firmeza estratégica que descuida la democratización. Así, la Venezuela bolivariana seguirá constituyendo un necesario faro de referencia para el presente y el futuro de la política de la región latinoamericana.  
Alexander Emilio Madrigal Garzón.
Politólogo Investigador


[1] “Según la Cepal, la pobreza pasó de 47 por ciento en 1999 a 27,8 en 2010. Y la pobreza extrema de 21,7 a 10,7. El analfabetismo cayó de 9,1 a 4,9 en 2011, igual que el desempleo y el empleo informal”, en Los retos de Hugo Chávez en su nuevo mandato en Venezuela, El Tiempo, octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html
[2] “Las encuestas indican, de manera repetida y constante, que el principal problema en Venezuela es la inseguridad. En el 2011, según cifras oficiales, se registró una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, equivalente a 14.092 asesinatos. Pero para el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Caracas, ese mismo año hubo unos 19.000 homicidios, lo que elevaría la tasa a 67 casos por cada 100.000. Las dos son cifras que igual ponen a Venezuela como uno de los países más violentos del mundo”, en Los retos de Hugo Chávez en su nuevo mandato en Venezuela, El Tiempo, octubre 7 de 2012, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12287767.html

UN

UN